Un Gobierno que diera a España “cuatro años más de estabilidad, convivencia y progreso”. Esto fue lo que prometió Pedro Sánchez hace un año, cuando fue investido presidente por tercera ocasión, gracias a la mayoría parlamentaria más compleja que le ha tocado gestionar en sus más de seis años como inquilino del palacio de La Moncloa.
Sánchez arrancó la legislatura bajo una lluvia torrencial de críticas por las visitas de los suyos a Carles Puigdemont, y por la negociación y aprobación de la ley de amnistía. Llegó a mantener en vilo a todo un país cuando se tomó cinco días de reflexión sobre su continuidad en el Ejecutivo, tras conocerse la investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez. Volvió a recibir fuego de artillería de propios y extraños tras conocerse el pacto con ERC por el que entregó “la llave de la caja” de la fiscalidad catalana a Cataluña, como lo definieron los republicanos.
Y casi normalizó la tormenta pese a los hallazgos sobre el caso Koldo, por el que hoy está imputado José Luis Ábalos; los avances de la instrucción del juez Peinado sobre las actividades de Gómez, o la primera ocasión en la que un fiscal general del Estado en ejercicio, Álvaro García Ortiz, ha sido citado como investigado. Ha habido (algunas) grandes alegrías, como la vivida con la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat, pero las polémicas han erosionado al jefe del Ejecutivo que prometió esos cuatro años de “estabilidad” y “convivencia”.
Sobre la estabilidad, el Gobierno ha tenido que retrasar sus Presupuestos Generales para 2025 (ya va mes y medio tarde con respecto a su obligación constitucional). Y directamente renunció a presentar las cuentas para 2024 por la evidente falta de apoyos en un contexto preelectoral. Esa ausencia de respaldos, que ha llevado a que se atasquen cuestiones tan sensibles como la ley de suelo (que tuvo que retirar), hizo descarrilar normas como la modificación de la ley de extranjería para establecer cupos para el reparto obligatorio de menores migrantes. La distribución de fuerzas en el Hemiciclo ha marcado y marca cada uno de los pasos del Ejecutivo.
Oficialmente, la intención del presidente sigue siendo agotar los cuatro años de legislatura, y lo cierto es que las encuestas no juegan a su favor (mucho menos al de Sumar), como para tentarle a pulsar el botón del adelanto electoral. Con la respuesta a la destrucción causada por la DANA, y la reproducción del esquema de gestión puesto en marcha durante la pandemia, en Moncloa creen que cuentan con una oportunidad de recuperar la iniciativa política perdida, de cohesionar a sus potenciales votantes y al resto de fuerzas políticas en torno a Sánchez y los suyos. Los Presupuestos son hoy más necesarios que nunca, insisten. Y seguirán jugando esta carta.
Al respecto de las cuentas, tuvieron que retirar la senda de déficit para que Junts no la tumbara por segunda ocasión en un lapso de dos meses, y hoy no hay fecha oficial para volver a llevarla al Congreso de los Diputados. Como tampoco la hay para que comience la tramitación de las cuentas públicas.
Fuentes del Ejecutivo sopesan hoy que, si logran los apoyos, los Presupuestos podrían entrar en vigor entre marzo y abril de 2025, pero el equilibrio de fuerzas en la Cámara Baja lo dificulta; ni han sido capaces de aprobar la senda de déficit, la primera piedra de las cuentas, ni tampoco el paquete fiscal que aspiraban a aprobar en la Comisión de Hacienda, que tuvieron que desconvocar en dos ocasiones. El nuevo intento llegará el lunes, en principio, y nada hace pensar que a la tercera irá la vencida.
A última hora del viernes, PSOE, Sumar y distintos partidos con intereses contrapuestos en esta pugna aseguraban que no habían logrado el menor avance en lo que toca a la norma que ha partido en dos el bloque de investidura. El presidente que prometió “menos Lamborghinis” y más impuestos a los ricos aún no ha podido poner de acuerdo a sus propios socios de investidura para aterrizar este compromiso.
Sí ha habido algunos éxitos en lo que toca a la aprobación de leyes desde el verano; antes del parón estival, el Gobierno apenas había logrado aporbar tres proyectos de ley (entre ellas la amnistía) y dos proposiciones de ley aprobadas. El pasado jueves logró luz verde en la Cámara Baja al proyecto de ley de eficiencia del servicio público de Justicia, y en las semanas anteriores al menos se aprobaron un real decreto-ley y otra media docena de normas, entre ellas la esperada ley ELA. Esta última se vivió como una suerte de oasis de “convivencia” para un Congreso crispado, escenario de duros enfrentamientos incluso en los días inmediatamente posteriores al paso de la DANA.
Las decepciones se amontonan, y los fracasos también. Sumar acusa al PSOE de arrastrar los pies y de negarse a actuar ante las enormes dificultades de acceso a la vivienda, otrora protagonista de buena parte de sus promesas electorales. La brecha entre ambos socios en esta materia es pronunciada, pero el minoritario no cuenta con los resortes necesarios para forzar a los socialistas a moverse.
El plan que Moncloa denominó “de regeneración democrática” fue presentado a bombo y platillo hace dos meses, a mediados de septiembre, y hoy duerme el sueño de los justos. Las negociaciones para establecer un reparto mínimo de menores extranjeros entre distintas comunidades, cuando los centros de acogida en Canarias, Ceuta o Melilla rebasen su capacidad, no se han enterrado, pero tampoco han dado frutos. La traslación del acuerdo con ERC en materia fiscal a una ley aún no tiene ni fecha estimada. Y eso que hace tres meses llevó al PSOE al borde del enfrentamiento civil a la interna.
Sin puentes con el PP, con Sumar en crisis permanente
Parte de los interrogantes quedarán despejados tras el congreso de ERC, previsto para el 30 de noviembre. Coincidirá con el cónclave en el que Sánchez aspira a revalidar su liderazgo y demostrar su fuerza en el partido, para después dar el pistoletazo de salida a los congresos territoriales en los que distintos barones ya ven amenazada su posición.
Previsiblemente, inmediatamente después del 41 Congreso Federal del PSOE, en Sevilla, tendrá lugar la crisis de Gobierno en la que Sánchez reemplazará a Teresa Ribera, si finalmente logra ser designada vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea. Hay quienes especulan que el presidente podría sorprender con los cambios antes del congreso, si bien la mayoría de fuentes consultadas dan por hecho que estos se producirán inmediatamente después del cónclave, y que Ribera no será la única persona que abandonará el Consejo de Ministros. Tras la remodelación en la sala de máquinas de Moncloa, en el PSOE dan por hecho que se producirán salidas de algunos ministros.
El futuro de Ribera, que debe comparecer en el Congreso esta semana, condiciona esta crisis. El boicot del PP a su designación como comisaria europea ha generado un profundo malestar entre los socialistas, que va mucho más allá de los intercambios dialécticos habituales. Creen que los conservadores han traspasado una nueva línea roja, y que su único objetivo es la destrucción del Ejecutivo por cualquier medio. El PP ha ofrecido su apoyo parlamentario a las medidas frente a la DANA, pero el resto de puentes entre ambos partidos siguen en ruinas.
Y, si la situación en las encuestas no es halagüeña para el PSOE, es mucho más delicada para Sumar. A la crisis de liderazgo abierta tras la dimisión como coordinadora de Yolanda Díaz se suma el escándalo generado por las acusaciones de supuesta violencia sexual y comportamientos machistas de Íñigo Errejón, exportavoz parlamentario.
O el pulso entre IU y el partido de Díaz por lograr un mayor control de la dirección política del espacio. Sánchez sabe que puede recuperar algo de su capital político con la gestión de la catástrofe de la DANA, pero también que no puede permitirse ir a elecciones mientras la casa de su socio de Gobierno está en llamas. Con o sin Presupuestos, incluso sin “estabilidad” ni “convivencia”, la intención tras su primer año en esta legislatura es seguir aferrado al timón.
