Pedro Sánchez espera incrementar el gasto en defensa hasta el 2% del producto interior bruto (PIB) “lo antes posible”, pero no acota cuándo. Tampoco aclara la forma de hacerlo o qué partidas concretas se considerarán computables para alcanzar este 2%. Y no está claro si volverá a fluir el maná europeo para aliviar el golpe, como ocurrió con los fondos Next Generation.
Lo que tienen claro PSOE y Sumar, como confirman distintas fuentes de ambos partidos a Artículo14, es que hay fórmulas para que este incremento no sea sometido a votación en el Congreso. Fuentes de La Moncloa afirman que aún es pronto para avanzar muchas jugadas, porque entramos “en un terreno de incertidumbre” en el que todos los actores europeos se mueven.
Pero es la intención a ambos lados de la coalición; el socio mayoritario quiere esquivar la Cámara Baja porque sabe que difícilmente logrará los votos, y el minoritario porque no quiere apoyar este incremento, pero tampoco tiene margen para rebatir la decisión ya comprometida del presidente.
Teorizando, desde la dirección del PSOE asumen que sí tendría que requerirse al Congreso para que autorizara un hipotético envío de tropas al extranjero, pero es un escenario que hoy no está sobre la mesa. “No estamos en esta pantalla”.
Y, en el contexto de un debate que aún no se ha terminado de configurar, a Sánchez aún le quedan varios ases en la manga. Cuanta más responsabilidad asuma la UE en esta etapa, menos desgaste sufrirá la coalición, y más fácil será vender estas posiciones para un electorado que a priori rechaza gastar más en armas. “Los instrumentos son europeos”, abundan desde la dirección socialista, posicionando los focos sobre Bruselas.
Las reuniones a nivel europeo se suceden estos días, y el Gobierno se jacta del “papel activo”, “protagonista, en la búsqueda de la paz”, que juega Sánchez. La ministra portavoz, Pilar Alegría, presumió este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, de la intensa agenda internacional del jefe del Ejecutivo estos días.
Le llevará a verse con el presidente y el primer ministro de Finlandia, este miércoles; con el primer ministro de Luxemburgo y con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño.
Hace cerca de mes y medio, España y otros 18 países reclamaron a Calviño, exvicepresidenta primera de Sánchez y su puntal en materia económica hasta finales de 2023, un aumento de la financiación para proyectos relacionados con seguridad y defensa.
También que estudie la posibilidad de nuevas emisiones de deuda europea, y que así no sea soportada individualmente por cada uno de los Estados miembros. La otrora número dos del Gobierno y todopoderosa ministra de Economía ya ha mostrado predisposición a abrir algo más el grifo del dinero. En Moncloa dicen no saber el cuánto, el cuándo ni el para qué, pero sí muestran que el cómo pasa, necesariamente, por la capital comunitaria.
“Estamos buscando, primero, que no compute como gasto. Y, segundo, en el marco europeo, que no compute como deuda” de cada uno de los 27, afirman fuentes de la dirección socialista. Barajan recetas ya empleadas antes, como el recurso a los Programas Especiales de Armamento (PEAs), que no tienen que ser aprobados por la Cámara.
Y otra, que gana enteros, es una fórmula similar a la que utilizaron con los fondos Next Generation tras la pandemia. Del total de recursos movilizados entonces, un 50% fueron créditos a los Estados, y otro 50% transferencias no retornables. La deuda mutualizada, no de los Estados, no requiere del paso por el Parlamento, argumentan desde el PSOE.
Entre el cambio nominal y la argumentación
Hay una decisión clara, compartida por PSOE y Sumar, de dejar de hablar únicamente del gasto militar, para ampliar el espectro y aludir también al gasto en defensa y en seguridad, que podrían abarcar -y computar- otros conceptos. Los socialistas aluden a la necesidad de garantizar la seguridad de las infraestructuras o de prevenir ciberataques, para deslizar que éste es uno de los frentes a reforzar.
Que esquiven la denominación “gasto militar” no sólo busca hacer pedagogía, sino también evitar la erosión que puede suponerles entre los votantes de izquierdas. En particular, a Sumar, cuyo electorado se presupone mucho más contrario que el socialista a entrar en una espiral de gasto militar. Desde la izquierda, Podemos aprieta, pero la formación de Díaz tiene poco margen de movimiento.
Tras la reunión de la vicepresidenta segunda con Sánchez este martes, que se prolongó dos horas, ambos asumieron explorar una hoja de ruta acordada, que hasta ahora se les ha resistido. El presidente del Gobierno se comprometió a no detraer recursos de partidas sociales para destinarlos a defensa, pero a buena parte de los dirigentes de esta alianza de partidos no les basta con esto.
El gasto en defensa divide a Sumar
Sumar mantiene que no quiere incrementar el gasto en defensa, aunque en el comunicado remitido tras la reunión con Sánchez no pudo garantizar que no acabará apoyándolo. La presión de IU es evidente; la coalición de Antonio Maíllo nació al calor de las movilizaciones contra el ingreso de España en la OTAN, y destinar más recursos a cualquier cosa que suene a defensa es una línea roja que no quieren traspasar.
“Hay una diferencia entre gasto militar y gasto en defensa”; “No es cuestión de aumentar el gasto”, insisten desde la dirección de Sumar. IU, Los Comunes, Compromís, y la Chunta Aragonesista (CHA) salieron a rechazar públicamente este incremento, y en privado fueron aún más duros. Los dardos de Podemos, que cuando estaba en el Gobierno también asumió estos incrementos, complican aún más la situación.
En la tarde del lunes, el grupo parlamentario intentó pactar una postura común, pero desde la dirección admitieron que no han alcanzado más que un consenso genérico que no entra en las principales cuestiones, y que no compromete un rechazo a incrementar estas partidas.
Sumar está en una encrucijada, y debe medir cada paso. La situación es tan compleja que, si el PP quisiera pactar con el PSOE sobre este incremento, prácticamente esto les sacudiría de un plumazo la responsabilidad. El problema es que el PSOE no se fía del PP. Y que los de Díaz tampoco pueden asumir, sin más, que no se lleve esta cuestión al Congreso. “Se va a liar la de dios”, advierte un dirigente, si el Gobierno finalmente no consulta al Parlamento.
La siguiente pantalla llegará el jueves, cuando Sánchez recibirá en La Moncloa a los diferentes partidos para explicar lo abordado en el Consejo Europeo de la semana pasada, trasladar sus recetas y preguntar por sus posiciones. Dedicará apenas 20 minutos por grupo, media hora para el PP, que considera “un paripé” este encuentro. Si el Gobierno tuviera desarrollada una hoja de ruta concreta, y la llevara al Congreso hoy, sabe que no recabaría los apoyos necesarios.