El Gobierno ha logrado cerrar el que probablemente sea el pacto más difícil de la legislatura. El acuerdo con Junts por el que cederá las competencias en materia de gestión de la inmigración a la Generalitat de Cataluña ha requerido de más de un año de conversaciones. Para sellarlo, han tenido que esquivar tantas aristas afiladas como ocurrió en su día con el pacto para investir a Pedro Sánchez, como reconocen en el PSOE.
Han negociado coma a coma, punto a punto, para que Junts pueda colgarse esta medalla, que previsiblemente tampoco podrá lucir ni activar directamente en años, porque en Cataluña gobierna el PSC de Salvador Illa. Y lo han hecho para chocarse este martes con el rechazo absoluto de Podemos, cuyos cuatro diputados son fundamentales para aprobar una proposición de ley orgánica como la que han registrado en el Congreso.
“Con nosotros, para eso, que no cuenten”, advierten fuentes moradas a Artículo14. “No se hará con los votos de Podemos”, aseguró en redes sociales su secretaria general. Ione Belarra criticó al PSOE por haber pactado con “un partido anti inmigración, que compite con la ultraderecha catalana”, para “darles las competencias de migración”.
Que el lenguaje empleado en la proposición de ley tiene el sello de Junts, mucho más que del PSOE, es un hecho y así lo interpretan. De hecho, el texto asume que la inmigración es un riesgo para la lengua catalana, como reza en su preámbulo. El propio Puigdemont dio un salto discursivo para cargar contra la inmigración este martes, cuando defendió que Cataluña “no puede aceptar más menores migrantes”, y avisó de la “radicalización religiosa”.
El socio minoritario del Gobierno de coalición, Sumar, no quiere valorar estos discursos, y pone el foco en que el acuerdo, como tal, es positivo. Esquerra Republicana, aliado parlamentario y rival electoral de Junts, también ha bendecido esta cesión de competencias. Aunque su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián mostró recelos sobre cómo quedará el texto al culminar su tramitación parlamentaria. Si logra superarla. “Veremos cómo acaba todo esto”.
Tanto el PP como Vox rechazarán de plano la ley que vehicula este acuerdo. La única fórmula para que la proposición de ley vea la luz pasa por recabar 176 votos a favor; es que Podemos lo avale. Distintas fuerzas de la izquierda atribuyen al partido morado una voluntad indisimulada de ir a nuevas elecciones para batirse con Sumar,y para tratar de recuperar la hegemonía en su espacio político.
Escasas horas después de que se conociera el acuerdo, salieron a criticarlo públicamente. Los morados reclaman como “urgente” la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de inmigrantes, y creen que cualquier conversación con Junts debe darse después de aprobar esta iniciativa.
El lunes, en su habitual rueda de prensa, también recordaron sus exigencias previas siquiera a sentarse a negociar los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Sánchez ha abierto una puerta, pero Podemos ha cerrado otra de un portazo. Y la preocupación que genera su amenaza ya ha llevado a que fuentes de Junts avancen que conversarán con ellos para “explicar” el detalle de la norma.
Marlaska se borra del mapa
La hemeroteca del último año y dos meses de negociaciones recoge varios discursos e intervenciones en los que Fernando Grande Marlaska, Ministro del Interior, rechazaba algunas de las pretensiones de Junts. “El control de fronteras y los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Gobierno central”, afirmó el 18 de septiembre, durante la sesión de control.
Hasta ahora, siempre había insistido en que nunca delegarían esa competencia exclusiva. Marlaska es hoy el elefante en la habitación, toda vez que se ha mantenido en silencio mientras el Ejecutivo vendía la delegación de competencias que corresponden a Interior. En su equipo explican que padece una infección bacteriana, y que durante la tarde trabajó desde el Ministerio.
Desde Moncloa niegan haber comprado el discurso de Junts -es visible en el texto legal-, y razonan que una cosa “es lo que Junts pueda decir sobre inmigración”, y otra “lo que recoge el acuerdo”. También dejan la puerta abierta que este esquema sea replicado en otras comunidades, si así lo demandan. Y asumen que el PP podría llevar el texto legal al Tribunal Constitucional. “Está en sus manos”.
Por lo pronto, celebran el estado de las relaciones con los neoconvergentes; creen que restan complejidad a las conversaciones sobre las cuentas públicas, pero advierten: la de los Presupuestos “es una pantalla de gran dificultad”.
Junts, triunfante: “Cataluña gana poder y reconocimiento nacional”
Por su parte, en el partido neoconvergente celebran haber “ganado terreno” con esta ley, que supone que “Cataluña gana poder y reconocimiento nacional”, según fuentes de Junts. “Es un acuerdo que nos da funciones de Estado”, insisten, como hiciera Puigdemont.
La cesión de algunas competencias en materia de inmigración fue una condición de Junts a cambio de sus votos a dos reales decretos en diciembre de 2023. Las conversaciones para aterrizar este objetivo político arrancaron en enero del año siguiente, y siempre ha sido en lo que toca a las competencias de Interior donde encontraron “más resistencia”, sostienen.
Junts acaba de lograr cesiones que han generado recelos incluso a algunos dirigentes socialistas. Y, acto seguido, ha aprovechado para recordar las cuestiones pendientes, como lograr oficialidad del catalán en Europa, o una mejor aplicación de la ley de amnistía.
Sobre los Presupuestos, pese a los pelos que se ha dejado el PSOE en esta gatera, afirman que son conversaciones totalmente distintas, y que no puede considerarse que el pacto del que sacan pecho sirva para allanar el terreno a las nuevas cuentas públicas. “No tiene nada que ver”, zanjan.