Soñaba el Gobierno con un horizonte sino despejado sí aclarado para el otoño, pero los nubarrones judiciales no paran de acrecentarse y oscurecerse. “Meses” de calvario. El último rapapolvo de los jueces contra el Ejecutivo vía auto para rechazar la querella del presidente contra Juan Carlos Peinado ha supuesto un trueno que ha despertado de su ensoñación a los más optimistas; aquellos que esperaban poder dedicarse a los Presupuestos sin interferencias de los tribunales y sobre todo sin la sombra del magistrado más mediático de los últimos tiempos acechando sobre toda la tarea del Ejecutivo.
Lo decía esta semana uno de los hombres fuertes de la alineación ministerial: en Moncloa tienen la sensación de que la Justicia está teniendo poco de ciega. Es más, sospechan que se levanta la venda para ver constantemente “por el ojo derecho” y eso “es muy grave y la deja mal parada”. En el entorno del PSOE y Sumar cunde la idea de que en una parte del alto estamento judicial se han arremangado la toga para hacer política contra ellos y sus medidas. En ese marco de enfrentamiento los hay que siguen justificando la presentación de la querella contra Peinado que salió tan mal parada. Para los defensores de la maniobra era una forma de poner el foco sobre los “burdos” manejos del magistrado. El caso es que el Ejecutivo sale de esta tarascada judicial dejándose nuevos pelos en la gatera.
Se esperaba que Peinado no se atreviera a personarse en La Moncloa para tomar declaración a Sánchez, pero allí se presentó. Se esperaba que la Audiencia despojara al magistrado de la causa o al menos le dejara sin la menor parte de ella, pero no ocurrió. Se esperaba que las querellas contra el togado lo desactivaran, pero sigue al frente y reforzado. Y por último no se esperaba que el fiscal general del Estado terminara imputado por un caso que no le debería tener contra las cuerdas a él, sino a Isabel Díaz Ayuso, que sigue tan campante. Si a este mejunje judicial le añadimos la explosión descontrolada del caso Koldo nos queda una receta para tener al Gobierno grogui.
Así sería si sus socios vieran acrecentadas las dudas, pero el pálpito de que existe una persecución de los tribunales a la izquierda es compartido en formaciones como Esquerra, Bildu y sobre todo Podemos que no pierde ocasión de recordar que todo esto “ya nos lo hicieron a nosotros”. Desde varios sectores del PSOE se abonan al mantra del lawfare, un concepto que se susurra en los corrillos, pero que se guardan de no utilizar ante los micrófonos, aunque varios miembros del Ejecutivo, algunos con una inmensa carrera judicial (como Robles o Marlaska) hablen de decisiones de los Tribunales “que no se entienden”.
Sobre ese último auto que ha puesto bocabajo la estrategia política del Gabinete se remarca en el entorno monclovita el tufo valorativo de algunas partes; como aquella en la que se tacha de “extravagante” que Sánchez use a la Abogacía del Estado para interponer una querella de “carácter especulativo”. También han llamado mucho la atención los puntos suspensivos incluidos cuando los magistrados rebatían el argumento de la abogacía de que las decisiones de Peinado pueden tener influencia política: “Por otra parte, aunque no resulte relevante, asiste la razón a la Abogada del Estado cuando recuerda la influencia que pueden tener algunas resoluciones judiciales en el devenir político de un país. Hay ejemplos no tan lejanos en el tiempo…”.
Esos puntos suspensivos aludiendo a la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy en beneficio de Sánchez han sabido a cuerno quemado en Ferraz y aledaños. Por si fuera poco, uno de los magistrados emitió un voto particular proponiendo abrir una pieza separada para determinar si Pedro Sánchez actuó con mala fe procesal. “Un ejercicio abusivo del derecho a querellarse” que puede conllevar penas de multa de hasta 6.000 euros.
Como no podía ser de otra forma, desde los altavoces gubernamentales se dejó claro que se respeta la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid aunque se discrepe de los argumentos jurídicos. Se vuelve a remarcar que la decisión de Peinado de plantarse en el palacio buscaba convertir la declaración de Sánchez en un instrumento que perjudicara al Gobierno instrumentalizando todo el procedimiento. Por eso dicen fuentes del Ejecutivo lo sucedido debe contribuir al debate social sobre las consecuencias “de una estrategia de la derecha ultra y la ultraderecha que se basa en el envenenamiento de la convivencia y el acoso sin fundamento y sin pruebas a políticos progresistas y a sus familiares”.
Este desahogo (y seguir negociando los Presupuestos) es lo que le queda a Moncloa, que no obstante espera tener un respiro por parte de los tribunales este mismo lunes: “Ahora le tocará la de cal al PP cuando archiven su querella por financiación ilegal contra el PSOE”, inciden. No supondrá más que un pequeño trago de agua en medio del desierto judicial que están atravesando, pero en el Gobierno esperan que al final esta travesía, aunque alargada, acabe en archivos y con Sánchez reforzado.
