Pedro Sánchez acelera los plazos para incrementar el gasto en defensa ante las exigencias de la UE y la OTAN. El jefe del Ejecutivo ha comparecido este martes en el Palacio de La Moncloa para anunciar que España invertirá el 2% de su PIB en “seguridad y defensa” ya en 2025. Supone incrementar en seis décimas el gasto registrado en 2024, que equivale al 1,4% del Producto Interior Bruto según el presidente del Gobierno.
Sánchez dispara así en 10.471 millones de euros la inversión en estas partidas desde este año, para cerrar 2025 con un gasto total de 33.123 millones de euros. Casi el 19% de los recursos, “menos de una quinta parte del plan” en palabras del presidente, irá destinado a adquirir armamento, pese a la tensión que este incremento supone para el socio minoritario de la coalición, Sumar.
También para la relación del PSOE con sus aliados parlamentarios. “Se hará porque es necesario”, intentó zanjar Sánchez. “Hay enemigos estatales y no estatales a los que sólo se les disuade así”.
De hecho, la formación de Yolanda Díaz ha reclamado la retirada de este plan, además de presentar observaciones en el Consejo de Ministros, el resorte formal para expresar su rechazo, que ya han usado anteriormente.
Lo que es inédito es que Díaz comunique su oposición frontal a una decisión del Consejo de Ministros, hasta el punto de exigir a sus socios que den marcha atrás. En un comunicado remitido desde la Vicepresidencia Segunda, Díaz reitera su “desacuerdo” con el plan, elaborado sin que antes se produzca “una reflexión consensuada en el Gobierno sobre las verdaderas necesidades de defensa de España”.
“Compromete un gasto muy elevado sin un análisis previo de amenazas ni una adecuada coordinación europea”, reza el texto, en el que consideran de “especial preocupación” la partida destinada a fabricar o comprar armas. “No se ha detallado suficientemente su finalidad ni su contribución a la autonomía estratégica”. “El plan supone un uso excesivo de recursos sin consenso en el Gobierno. Por ello, se rechaza su aprobación y se solicita su retirada del Consejo de Ministros”, abunda.
Díaz exige su retirada y Sánchez rebaja las diferencias a meros “matices”
Preguntado por el rechazo de Sumar a esta hoja de ruta, Sánchez ha reconocido “una discrepancia” con sus socios, pero ha asegurado que el Gobierno está “unido” con algunos “matices”. Una “discrepancia” que presume haber “gestionado desde el respeto y el diálogo”.
“Existe un consenso entre los socios en la mayoría de los puntos del plan”, aseveró. Casi en paralelo, desde el equipo de la vicepresidenta vendían exactamente lo contrario.
Hasta el punto de que Sánchez ha acotado el rechazo de Sumar a lo que toca únicamente a la compra y fabricación de armamento, para el que destinará algo más de 2.000 millones de euros. El comunicado de la vicepresidenta rechaza el plan en su conjunto.
Sánchez defiende que no vaya a pasar por el Congreso: “No es legalmente necesario”
El Ejecutivo remitirá el plan a Bruselas para su “evaluación” este mismo miércoles. Como estaba previsto, el Gobierno evitará requerir el aval del Congreso a esta hoja de ruta, y el presidente se limitará a comparecer ante la Cámara Baja para “presentar” este conjunto de medidas, previsiblemente en las próximas semanas. “Desde el punto de vista legal no es necesario pasar por las Cortes Generales porque no exige ningún esfuerzo adicional”, justificó.
Reconoce que hay “diferencias” sobre esta materia en el arco parlamentario, pero pide “arrimar el hombro” y “apartar las diferencias”. “Lo que está en juego es algo tan serio como la seguridad de Europa y de España”, apostilló.
Para costearlo, el Ejecutivo tirará de remanentes, de “los ahorros generados por un buen desempeño económico”, o de la “reorientación” de algunas partidas de los fondos europeos Next Generation. También reafirmó que, para financiar estas partidas no tocará “un céntimo” del gasto social, ni subirá impuestos, y prometió que casi el 90% de la inversión repercutirá en España.
Según las cifras del presidente, el 35% del gasto irá destinada a mejorar la preparación, el equipamiento y las condiciones laborales de las Fuerzas Armadas; el 31% a desarrollar y adquirir capacidades de telecomunicaciones y ciberseguridad (de satélites a antenas); el 19% a la compra de armas; el 17% a reforzar el papel de las Fuerzas Armadas en materia de gestión de emergencias y desastres naturales, y el 3,5% servirá para mejorar las condiciones de seguridad de los 3.000 efectivos que España tiene desplegados en 16 misiones de paz en el extranjero.
La comparecencia del presidente no estaba prevista en la agenda oficial, y de hecho se ha anunciado apenas 50 minutos antes de comenzar. A la rueda de prensa han asistido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la titular de Educación y ministra portavoz, Pilar Alegría. Ni rastro de ministros o técnicos de Sumar.