Pedro Sánchez vuelve a marcar los tiempos en el nuevo curso político. Poco antes de que Yolanda Díaz compareciese junto a los otros cuatro ministros de Sumar para vender sus propuestas para los nuevos Presupuestos, el presidente del Gobierno anunciaba en el Congreso que su “plan de regeneración democrática” se aprobará en el Consejo de Ministros de este martes.
La comparecencia de Sánchez ante su grupo parlamentario, programada desde el arranque de la semana anterior, copaba los titulares y eclipsaba en parte la puesta en escena del socio minoritario para trasladar sus recetas de cara a las cuentas públicas.
El anuncio sorprendía en Sumar, porque aún no daban por concluidas las negociaciones con el PSOE, según fuentes de la alianza a la que representa Díaz. Las conversaciones entre Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar (partido de la vicepresidenta), y Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se han sucedido estos días, pero aún quedaban pormenores por pactar al filo de las 20.00 horas. Con todo, no había previsión de un bloqueo que pudiera poner en peligro este texto.
El plan en cuestión, según fuentes del Ejecutivo, ni siquiera pasó por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el órgano de apoyo que integran los secretarios de Estado y los subsecretarios, y que preside el propio Bolaños. Examina los asuntos que acabarán en la mesa del Consejo de Ministros cinco días después, si bien puede ocurrir que algunas cuestiones no lleguen a ser debatidos en este órgano y se aborden directamente en la reunión del Gabinete, el martes.
El texto cuenta con aportaciones de los socios parlamentarios del Gobierno, si bien no han querido desvelar detalles. Lo que se conoce, hasta ahora, es que este plan bebe del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, de obligatorio cumplimiento a partir de agosto de 2025, aunque hay partes que deben aplicarse antes. Los reglamentos, a diferencia de las directivas, son actos legislativos vinculantes. De aplicación tras su entrada en vigor, mientras que las directivas deben ser transpuestas; cada Estado debe decidir como aterrizarlas y desarrollarlas con arreglo a sus propias normas para lograr los objetivos que marcan.
Lo que recoge el Reglamento, y lo que se prevé que anticipe el plan de Sánchez, es que los medios estarán obligados a detallar quiénes son sus propietarios, además de revelar las subvenciones públicas que reciban de distintas administraciones (ministerios, gobiernos autonómicos, locales, diputaciones, etcétera). También se prevé que imponga criterios que limiten la financiación pública que pueden recibir estos medios, “para que no haya medios que tengan más financiación pública que lectores”. Para garantizar, dijo Sánchez, “que no hay partidos que compran líneas editoriales con el dinero de los contribuyentes”, en referencia a las comunidades autónomas y ayuntamientos que, como el Ejecutivo central, distribuyen la publicidad institucional como consideran.
Reunión con la FAPE
El presidente sorprendió anunciando que lideraría un plan de regeneración democrática en la comparecencia con la que puso fin a su “periodo de reflexión” de cinco días, en abril. Comunicó el inicio de este periodo y su fecha de conclusión el mismo día en que se conoció la investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez. Casi tres meses después, en julio, desgranó algún detalle en una comparecencia ante la Cámara Baja, y este lunes sólo ha concretado la fecha del arranque de su andadura. “La democracia está siendo asediada por campañas de desinformación y de bulos, presiones a periodistas y corruptelas de algunos, que tenemos todos en mente”; “Nos enfrentamos a la desinformación, a esa máquina del fango”, aseguró. El plan, además, “ayudará a dotar de más transparencia, más pluralidad y mayores garantías”, tanto al Congreso y al Senado como al “ecosistema informativo”, según las explicaciones del presidente.
La ausencia de concreción al vender una norma contra la “difusión masiva de bulos” y para combatir la desinformación” llevó a que el PP afirmara que su hoja de ruta pasa por “controlar” a los medios de comunicación, algo en lo que se ratifican hoy los conservadores. Ante el revuelo causado, el Gobierno se reunió en julio con la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). La Federación les transmitió algunas propuestas, sin que conste si serán o no incluidas en el texto legal. El compromiso con los profesionales de la información fue no ir más allá de las líneas marcadas por la UE en lo que les atañe directamente.
Sumar también ha presionado a sus socios para incluir en este paquete de medidas la derogación del delito de injurias a la Corona, lo que requeriría de una modificación del Código Penal. En julio, un día antes de la comparecencia en la que el presidente vendería su “plan de regeneración”, la vicepresidenta segunda llegó a vender una modificación de la ley de seguridad ciudadana -conocida como ‘ley mordaza’-, en el marco del plan de regeneración, para después verse corregida por el PSOE. Según afirmó entonces Díaz, en este marco tomarán medidas “para que los que practican pseudoperiodismo y vulneran los códigos deontológicos de su profesión no reciban subvenciones y financiación pública”.
El PP se revuelve: “Ni de coña”
Ante los diputados, senadores y europarlamentarios socialistas, Sánchez afirmó que esperaba contar con el apoyo del PP para su “plan de regeneración”, toda vez que el partido de Alberto Núñez Feijóo avaló en la UE el Reglamento al que alude el presidente. “No se entendería que en Estrasburgo aprueben unas cosas y luego aquí en el Congreso voten en contra de esas mismas cuestiones”. “Es una forma de hablar, ya me entendéis”, apostilló entre algunas carcajadas de los parlamentarios del PSOE.
La respuesta del PP ha sido tajante: “Ni de coña”, trasladaron fuentes de Génova a Artículo 14. Durante la tarde, los conservadores incidían en que no apoyarán “ningún planteamiento del Gobierno que se base en controlar a los medios de comunicación”, y que “les impida publicar temas y asuntos que incomoden al presidente Sánchez”. Vincularon la propuesta del presidente con la investigación judicial a Gómez, imputada por los presuntos delitos de corrupción privada y tráfico de influencias. “Su vocación de ampliar el control a los medios de comunicación privados es preocupante y se asemeja más a lo que hacen países a los que este Gobierno tiene alergia de calificar como dictaduras”, apuntaron.
La semana pasada, desde Génova también criticaron que Moncloa los hubiera mantenido a oscuras sobre la concesión de asilo al político venezolano Edmundo González, pese a tratarse de “una cuestión de Estado”.
Por lo pronto, Sánchez volvía a marcar la agenda de la jornada, y eclipsaba la presentación en la que sus socios le reclamaban dar más pasos. No había respuesta pública a las recetas de Sumar, ni sobre los tributos con los que aspiran a recaudar más de 27.000 millones de euros al año.