El Gobierno no arrebatará el timón de la gestión de la catástrofe provocada por la DANA al Ejecutivo valenciano, pero anuncia un plan en tres fases que regará con una lluvia de 10.600 millones de euros. Movilizará esta cantidad para aprobar ayudas directas, beneficios fiscales y líneas de crédito (5.000 millones a través del ICO), para las empresas y particulares ubicados en los lugares más afectados. Fundamentalmente en Valencia, pero también en Andalucía y Castilla-La Mancha, como ha detallado este martes el presidente del Gobierno.
Pedro Sánchez ha comparecido desde la Moncloa tras el Consejo de Ministros que ha oficializado la declaración de zona catastrófica en las áreas más afectadas, y que ha aprobado pedir ayuda a la UE para paliar las consecuencias de esta catástrofe.
“España siempre ha ayudado a la UE cuando ha hecho falta. Ahora es el momento de que la UE nos ayude a nosotros”, ha afirmado el presidente. Esa petición de ayuda se vehiculizará a través de la reclamación de acceso al fondo europeo de solidaridad, siempre según sus palabras.
El plan, cuya aplicación se prolongará “el tiempo que sea necesario”, se vertebrará en tres fases (respuesta urgente, reconstrucción y relanzamiento y transformación para adaptar el territorio a la emergencia climática). El jefe del Ejecutivo ha garantizado que su ámbito de aplicación geográfica puede ampliarse “a otros municipios y comunidades autónomas”.
El Ejecutivo asumirá el gasto de los ayuntamientos
El real decreto ley aprobado deberá ser convalidado en el plazo de un mes en el Congreso, algo para lo que en principio el Ejecutivo tendría fácil atar los apoyos parlamentarios necesarios, también del PP, como se constató el lunes tras las reuniones entre el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y todos los grupos políticos, excepto Vox.
