El Gobierno ha decidido abrir un nuevo frente de disputa en un momento en el que ya cuenta con dificultades en varios campos: las palabras de María Jesús Montero sobre la presunción de inocencia, que después tuvo que matizar y por las que acabó pidiendo disculpas; la preocupación por el panorama internacional y la complejidad para articular el aumento del gasto en defensa; las presiones de sus aliados y sus socios por su decisión de no llevar los Presupuestos al Congreso de los Diputados por su falta de apoyos, o las causas judiciales que afectan al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a la esposa del presidente (Begoña Gómez) y a su hermano, (David Sánchez), son sólo algunos de ellos.
Fue la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y líder del PSOE Andaluz, María Jesús Montero, quien dio pistas sobre la reforma de la normativa que afecta a las universidades en un mitin, en el congreso provincial de su partido en Cádiz. “No podemos permitir que alguien se compre el título y la formación compitiendo con el hijo del trabajador que no puede comprarse un título y tiene que tener una beca para poder estudiar”, afirmó.
Un día después, el presidente del Gobierno compareció en el acto ‘En defensa de una universidad de calidad, clave para el ascensor social’. “La universidad no puede convertirse en una máquina expendedora de títulos”, afirmó el presidente, que desveló que el Consejo de Ministros del martes endurecería los requisitos para crear universidades privadas, y evitar así los “chiringuitos educativos”.
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, no compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pese a que se trata de una materia de su cartera. Y pese a que el Ministerio se reunirá con la Conferencia de Rectores este miércoles. Fue la ministra portavoz y titular de Educación, Pilar Alegría, quien defendió la tramitación urgente de una modificación del decreto que regula la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios. Aspiran a que esté aprobado antes del verano.
Sindicatos y aliados parlamentarios de Sánchez se habían movilizado estos días; PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos aprobaron a mediados de marzo una proposición no de ley (PNL) en el Congreso, a propuesta del socio minoritario de la coalición, en la que reclamaban cumplir con la financiación del 1% del PIB a los centros públicos, y garantizar la calidad en los centros privados.
Y, aunque Alegría defendió que “esto no va de Universidades públicas y privadas, sino de buenas y malas“, también puso el foco en las comunidades gobernadas por el PP. Y, particularmente, en Madrid y Andalucía, en las que los ministros Óscar López y la propia Montero son candidatos.
“¿Saben que, por ejemplo, esta comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma de Madrid, es la segunda comunidad autónoma que son más caros los créditos del grado? ¿Saben que un número no menor de comunidades autónomas del Partido Popular, Andalucía, Madrid, han votado en contra de que se reduzcan los precios de las matrículas universitarias?”, espetó Alegría.
Horas antes, Morant había criticado que algunas comunidades, con mención a las que gobiernan Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno: “Están saltándose informes desfavorables de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), “que dicen que esas universidades no tienen suficiente calidad”, reprochó.
Precisamente, la reforma persigue que los informes del CGPU -en el que se sientan el Ministerio y las CCAA- pasen a ser vinculantes, como los de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación(ANECA) y sus homólogas autonómicas. Hasta ahora eran evaluaciones preceptivas, y los centros no tenían que demostrar capacidad financiera desde su apertura, como se planea impulsar ahora, sino a los cinco años de abrir sus puertas.
La modificación normativa tendrá efectos también sobre las universidades públicas, pero el Ejecutivo ha elegido poner énfasis en los “chiringuitos” y la “compra” de títulos.
No hay rastro de esta iniciativa en el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar, aunque sí se contempla en el programa de los socialistas, que destaca su defensa de la universidad pública. “Velaremos por que las universidades privadas cumplan con los criterios de acreditación que aseguran la calidad educativa de estos centros y su dedicación a la investigación”. Lo llamativo no es tanto la línea política que sigue, aplaudida por sus socios de izquierdas, sino como han decidido acotar los límites del campo de juego de este debate.
Las competencias son de las CCAA
El Ejecutivo podría haber puesto más entusiasmo en los 30 millones de euros que Sánchez promete destinar a relanzar la UNED, que sí es pública. Sin embargo, ha optado por contraponer modelos con el PP, primero en Andalucía, y después en Madrid. Las competencias, además, están en manos de las CCAA. Y son las comunidades citadas, presididas por los barones con más peso en el Partido Popular, con las que ya mantienen fuertes tensiones en cuestiones como la fiscalidad.
Ayuso no tardó en afirmar que el plan del Ejecutivo es “guerracivilista”,y Moreno lo consideró “una patochada”. Desde que llegó a la presidencia andaluza ha concedido cuatro permisos para desarrollar su actividad a centros privados, mientras que en Madrid el número de universidades privadas dobla al de centros públicos (13 frente a 6).
Alegría se refirió a algunos de los centros educativos privados como “negocios para expender títulos”. “Hablamos de centros fundamentalmente privados, que lo único que tienen de universidad es el nombre, que suelen ser fondos de inversión y que lo único que buscan es generar negocio. Tienen un número muy escaso de estudiantes, prácticamente no ofertan un número claro de grados universitarios ni de másteres”.
Morant centró las críticas en Andalucía y “muy destacadamente” en Madrid, donde “se asfixia” y “se recorta” a la universidad pública. “Las universidades públicas madrileñas están al borde de la quiebra, al borde de cerrar”. El primer Ejecutivo de coalición de Sánchez puso en marcha un decreto para endurecer los requisitos ya en 2021, pero varios proyectos han salido adelante pese a no cumplir con sus mínimos.
“Veo al Partido Popular, al señor Feijóo, a la señora Ayuso, queriendo generar esta confrontación. Pero esta confrontación es mentira”, apostilló la ministra. Ya habían logrado introducir el debate en la agenda mediática, y Podemos les había requerido un plan extraordinario de financiación para “dignificar la universidad pública”.
Incluso fuentes de La Moncloa reconocieron que hablar de “chiringuitos” era despectivo, si bien incidieron en que el presidente se refería a un tipo concreto de centros que no cumplen con los estándares. “En ningún caso va contra la universidad privada”, insistieron.
El Gobierno se enreda con Montero
La forma de presentar este plan coincide con la polémica que ha ido escalando desde el sábado a cuenta de las declaraciones de la vicepresidenta Montero sobre la presunción de inocencia, en el marco de la sentencia absolutoria al futbolista Dani Alves. El lunes, tras un comunicado conjunto de todas las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, Montero tuvo que matizar sus palabras. El martes llegaron las críticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el mismo sentido. Y la oposición ha exigido su dimisión. Durante la tarde, acabó pidiendo disculpas.
En el Gobierno insisten en el derecho a opinar sobre las resoluciones judiciales, y tratan de restar hierro a este frente comunicativo. Sostienen que se ha querido tergiversar el sentido de las palabras de la vicepresidenta, y evitan desautorizarla. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, lleva desde el viernes sin aparecer en la agenda oficial de Moncloa.