La exconsellera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, y al exsecretario autonómico de ese departamento, Emilio Argüeso, recurrieron este lunes ante la Audiencia Provincial de Valencia su imputación en la causa abierta por la tragedia del pasado 29 de octubre, después de que la Dana provocase graves inundaciones en la región, que supuso la muerte de más de 200 personas.
Pradas quiere medir muy bien sus pasos hasta su declaración ante la Justicia que, si no hay cambios, está prevista para el 11 de abril. “De momento no hará entrevistas ni declaraciones”, aseguran desde su entorno, remitiéndose a las explicaciones de su abogado.
La expectación sobre sus pasos es total tanto dentro como fuera del Partido Popular. Cabe recordar que Alberto Núñez Feijóo ha ligado el futuro político de Carlos Mazón al devenir judicial sobre la gestión de la DANA y, lo primero, “es escuchar lo que tenga que decir Pradas”, tal y como reconocen fuentes de Génova.
Si bien, en el Gobierno valenciano “no” creen que la ya ex consejera “vaya a decir nada que pueda comprometer” a Mazón, tal y como avanzó este periódico hace días y corroboran las fuentes consultadas tras este recurso. “Cero preocupación”, llegaron a deslizar en el Ejecutivo. Los contactos no se han roto por completo en ningún momento entre Salomé y miembros del PP valenciano, informa Pablo Montesinos.
En su recurso, Pradas, quien ocupa la posición de investigada en este caso, negó ser la máxima responsable de la emergencia, argumentando que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, compartía las competencias en la gestión de la crisis a través del Comité de Coordinación y Operaciones (CECOPI), órgano que manejó la emergencia. Una línea argumental que ya ha utilizado Mazón en otras ocasiones.
En concreto, la defensa de la exconsellera afirma que “no es verdad” que existiera un mando único en la respuesta a la emergencia y alude a un “comité dual de dirección de la reunión del CECOPI, que compartía con la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.
“La información a transmitir al CECOPI, sobre la posibilidad de desbordamiento de las cuencas, así como dar la alarma en caso de peligro inminente de rotura de presas le correspondía al director del plan de gestión del riesgo de inundación que era el director de la CHJ“, afirmaron, tal y como recoge Europa Press.
En su escrito, también apunta directamente a los técnicos, que afirma que “son los primeros que deben informar, según sus conocimientos y experticia, de por qué ocurrió lo que ocurrió y qué informaciones dieron a los órganos institucionales encargados de la emergencia”.
La defensa de Pradas tampoco consideran admisible centrar la investigación en el retraso en el aviso masivo a los teléfonos móviles y que no existía un protocolo para aplicar el sistema Es-Alert. Y afirma que no había implementación “en los planes de emergencia, la colaboración con el 112 y las autoridades de protección civil”.
Cabe recordar que en la primera de las resoluciones, la instructora elevó a 225 el número de víctimas mortales, junto a tres personas desaparecidas, que incluirá estas diligencias previas, tras incorporar a la causa el fallecimiento de una mujer que padecía leucemia, requería transfusiones periódicas de sangre y asistencia respiratoria con oxígeno. Dicha mujer, después de quedar sin esa asistencia, falleció en el Hospital de La Fe el 12 de noviembre del pasado año.