La exconsellera de Justicia y Emergencias Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de ese departamento Emilio Argüeso están citados este viernes, día 11, en calidad de investigados, ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, encargada de la causa de la dana.
La expectación en el PP es máxima, más aún después de que Alberto Núñez Feijóo vinculara el futuro político de Carlos Mazón a la evolución judicial por la gestión de la DANA. Si bien, tal y como avanzó Artículo14, en el PP valenciano no creen que Pradas vaya a señalar al presidente autonómico. “Estamos tranquilos, no creemos que señale al presidente”, se reafirman las fuentes consultadas, también en el Ejecutivo autonómico.
A juicio de estas voces del partido, Pradas se ceñirá al “guion” que ya esbozó hace unos días a través de su abogado. Entonces, negó ser la máxima responsable de la emergencia, argumentando que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, compartía las competencias en la gestión de la crisis a través del Comité de Coordinación y Operaciones (CECOPI), órgano que manejó la emergencia. Una línea argumental que ya ha utilizado Mazón en otras ocasiones.
“No creemos que vaya a decir nada que pueda comprometer a Mazón”, concluyen las fuentes consultadas en la estructura autonómica, que precisan que la comunicación con Pradas no se ha roto. En todo caso, todos los cargos consultados por este periódico admiten que estarán muy pendientes de lo que vaya a decir en sede judicial, informa Sergio García García.
La primera en comparecer ante la magistrada será la exconsellera, quien está citada a las 10 horas en el órgano judicial, reubicado en la Ciudad de la Justicia de València, y más tarde, a las 12.30 horas, lo hará Argüeso. Se trata de las primeras citaciones como investigados que ha acordado la instructora.
Tal y como recoge Europa Press, la jueza acordó la citación de Pradas porque era la persona que el día de la riada tenía atribuida como máxima autoridad el proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población y, respecto a Argüeso, apuntaba que era “necesaria” su declaración dada su “relevancia orgánica y, por ende, decisoria”.
Tras conocerse estas imputaciones, Pradas emitió un comunicado en el que subrayaba que “desde el primer minuto hasta el último” del día 29 estuvo atendiendo las funciones institucionales que correspondían según la normativa aplicable.
Pradas recalcó que “siempre” estará a disposición de “poder ayudar a que se conozca toda la verdad sobre las circunstancias que rodearon a la gestión de la emergencia de la catástrofe natural”. Este viernes tendrá oportunidad de responder a las preguntas de la jueza, fiscal, acusaciones y defensas.
En el auto de citación como investigados, la jueza afirmaba que el aviso a la población por el sistema Es-Alert a las 20.11 horas del 29 de octubre “fue tardío y erróneo”; señalaba que la dana “no fue un fenómeno meteorológico imprevisto”, ya que su avance y desarrollo fue anunciado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) “hasta el punto de que la Universitat de València acordó la suspensión completa de sus actividades”.
A juicio de la magistrada, esas previsiones “debieron llevar a una convocatoria en la mañana” de ese día del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), “al objeto cuanto menos de avisar a la población”.
El auto desgranaba la información oficial y detallada sobre la alerta meteorológica que ofreció durante toda la jornada la televisión autonómica À Punt, incluidas diversas conexiones en directo desde localidades afectadas como Chiva o Utiel, donde se daba cuenta minutos después de las 15 horas del desbordamiento del barranco del Gallo (que toma caudal abajo el nombre del Poyo) o del río Magro, respectivamente.
De este modo, para la titular del juzgado, la convocatoria del Cecopi, a las 17 horas de ese día, “se llevó a cabo con una gran demora, a lo que ha de sumarse que la toma de decisiones por la Administración autonómica destinada a alertar a la población se produjo con un retraso todavía mayor”.
Según la magistrada, el Cecopi “es un órgano de coordinación” en materia de emergencias con otras administraciones, pero “ello es completamente independiente de las decisiones que se pueden tomar en el ámbito de protección civil por quien ostenta no solo la competencia exclusiva, sino la posibilidad de llevar a cabo la comunicación a la población de las medidas de protección“.
La juez entiende que los anuncios sobre la “gravedad de la situación” se produjeron “en diversos ámbitos y con una antelación suficiente”, a través de Aemet, las llamadas al teléfono de emergencias de la Generalitat 112, los medios de comunicación o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).