Han pasado casi tres meses desde que PP y VOX rompieron en las cinco comunidades autónomas donde compartían una coalición de gobierno. Esa ruptura no fue fruto de un calentón, era una estrategia a largo plazo totalmente estudiada por la formación de Santiago Abascal. Ya en su momento hubo un gran debate interno sobre si debían meterse a formar parte de gobiernos autonómicos o no y en la cúpula de Abascal
empezaron a percatarse de lo inevitable: “En los gobiernos de coalición el pez grande se come al pequeño”, reconocían en privado.
Así -señalando a la inmigración como motivo- Abascal y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, firmaron su divorcio en las autonomías tan solo un año después de comprometerse.
Lo cierto es que VOX no quería una ruptura el bloque, no era la estrategia inicia y Abascal confiaba en que no fuese así porque varios presidentes autonómicos del PP se habían comprometido a no apoyar la acogida de menores migrantes. Lo que pretendían en Vox era romper con los populares en Castilla y León -donde queda año y medio para elecciones– y en Extremadura, manteniendo la coalición en Aragón, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Abascal no contaba con que Feijóo elevara la apuesta y pidiese a todos sus barones que ninguno se opusiera a la acogida de menores. Los presidentes autonómicos obedecieron a su jefe y se rompieron todos los gobiernos.
La realidad es que, desde ese día, no ha vuelto a haber unidad de acción con respecto a Vox. Algunos ansiaban deshacerse de los de Abascal con todas sus fuerzas y se ha notado. Otros parece que aún están en la fase del “desapego”.
Abascal no negociará igual en todas las CCAA
La base de la cúpula de VOX para la negociación de los presupuestos -que arrancarán la semana que viene- es nítida: “Usaremos como partida de la negociación los acuerdos y medidas recogidas en los pactos a los que llegó la formación para la creación de los gobiernos autonómicos”, explican desde la sede de la calle Bambú. Es decir, todo con lo que “tragaron” los populares para poder gobernar. Según hemos podido saber en Artículo 14, Abascal pondrá “especial atención” en los asuntos ideológicos. La base para las negociaciones de las cuentas municipales – PP y VOX siguen gobiernan juntos en más de un centenar de ayuntamientos-será la misma.
Esta semana, la popular María José Catalá, alcaldesa de Valencia, señalaba el entendimiento que mantienen en su consistorio: “Tenemos una relación fluida y trabajaremos de forma práctica. No hay tensión en el ayuntamiento de Valencia”, subrayó la alcaldesa, remarcando que la estabilidad de su gobierno municipal es “absoluta”.
En este punto, los populares se han quedado sin una postura única sobre sus leyes de “concordia” en las autonomías. Esas leyes fueron una de las principales condiciones que pusieron los representantes de VOX de las CCAA para que los gobiernos echasen a andar. Los barones se comprometieron a eliminar las normas de reparación a las víctimas del franquismo en todas. Aragón y la Comunidad Valenciana ya las han derogado; Baleares y Cantabria se han comprometido a hacerlo y el PP de Alfonso Fernández Mañueco, en Castilla y León, ha tumbado la que pactó con García Gallardo. Es decir, ha tumbado su propia ley. Estas formas distintas de actuar tendrán su reflejo en las negociaciones presupuestarias.
Precisamente es en Castilla y León donde está habiendo más desencuentros entre los populares y sus ex socios. Que Mañueco haya dado marcha atrás a la ley de “concordia” ha sentado mal en la dirección nacional de VOX. Además, acusan al popular de estar revirtiendo “todos los avances” que habían realizado en Castilla y León, señalan desde el equipo del exvicepresidente, Juan García-Gallardo. Desde que se divorció de Gallardo, Mañueco ha “hecho las paces” con los sindicatos y la patronal anunciando 1.000 millones de euros para el renacido Diálogo Social. Quitar partida presupuestaria a los sindicatos fue una de las condiciones que Gallardopuso para aprobar las cuentas del ejercicio anterior.
Por todo ello, desde la dirección de VOX aseguran que no apoyarán los nuevos presupuestos de Mañueco y lo cierto, es que no es algo que preocupe a los populares: “Mañueco tiene el 80% de la legislatura finiquitada. Puede prorrogar los presupuestos”, explican desde el entorno del barón popular. Castilla y León podría enfrentarse a unas elecciones a finales de 2025. Estaríamos hablando de un adelanto técnico, puesto que allí los comicios tocan a principios de 2026. Junto a Castilla y León, Extremadura no podrá contar con el apoyo de VOX a para sacar sus cuentas. La popular María Guardiola deberá buscar ayuda en otras formaciones para poder aprobarlas.
La estrategia de VOX en Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia no será una “estrategia de máximos”. Confían en negociar con Azcón, Mazón y López Miras. Fuentes de la dirección nacional del partido argumentan que “intentarán ganar pequeñas batallas”, ponerse “medallas” en las negociaciones de las autonomías antes de dejar (definitivamente) sin presupuestos a los barones populares. Creen que puede ser mucho más útil “vender” una reducción de la partida presupuestaria destinada a la inmigración y “retratar” a los populares que, directamente, tumbarlos. “Somos conscientes de que aportamos un porcentaje de los diputados y en toda negociación deben ceder ambas partes”, apuntan los de Abascal.
Por último, la situación en Baleares se complica cada vez más. El PP de Marga Prohens ha rechazado implantar el ‘pin parental’ de Vox en los colegios de Baleares. La popular ha tumbado la medida que figuraba en el acuerdo de investidura tras la fractura con Abascal. Es una de las principales batallas ideológicas para VOX y traerá consecuencias en la relación en las islas.
Abascal aprovecha los “apuros” de Alvise
En las próximas semanas, Abascal va a iniciar una gira autonómica para relanzar Vox y recuperar afiliados. Una especie de campaña electoral, pero sin elecciones a la vista. El líder de VOX es el “pegamento” de los afiliados y lo sabe. Este anuncio de la gira ha coincidido con los problemas judiciales que se le están acumulando a su principal contrincante en el espacio electoral, Alvise Pérez.
El líder de SALF habría recibido 100.000 € de financiación ilegal y acumula cinco escándalos que podrían llevarle hasta el Tribunal Supremo. Alvise ha empezado a caer en picado en los encuentros y Abascal lo quiere aprovechar al máximo. En este punto, fuentes de la dirección explican: “Esperamos atraer a los votantes ‘decepcionados’ con Alvise. Sabemos quién es, no nos ha sorprendido nada”. Los de Abascal se congratulan de que su “fiesta” parece estar terminando.