Gol en propia puerta. La Abogacía del Estado que defiende al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz, y a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, basó su línea de defensa en denunciar que el abogado de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ocultó que también envió a la institución el polémico e-mail del dos de febrero. Ese mensaje en el que se reconocían delitos fiscales y ofrecía a la Fiscalía un pacto de conformidad.
En concreto, afeó a González Amador que no se podía deducir que el e-mail lo filtró la Fiscalía a la prensa porque no solo estuvo en poder del ministerio público sino que, diez minutos después, su letrado lo envió a un abogado del Estado.
Por ello, la abogada del Estado que defiende a Pilar Rodríguez pidió una pericial a la propia Abogacía del Estado para que dilucidará si el mensaje había sido difundido desde esta institución. Pero el informe, al que ha tenido acceso Artículo14, determina que “no se ha encontrado evidencia de que el Sr. Abogado del Estado haya reenviado el correo objeto del dictamen ni el contenido de la carta publicada en prensa dentro del período analizado”.
Así que es en la misma Abogacía del Estado donde termina el último intento por desviar el foco de los abogados del Estado que defienden a García Ortiz y a Pilar Rodríguez en la causa que los investiga por un presunto delito de revelación de secretos, por filtrar información fiscal de González Amador.
El ingeniero informático que ha analizado los correos, tras 36 páginas de informe, llega a la conclusión que el correo enviado a la Abogacía es diferente al que acaba en prensa porque “incluye una sección adicional explicativa referente al correo enviado al Ministerio Fiscal que no figura en la versión publicada en prensa”. E incorpora la respuesta que le dio el abogado del Estado a Carlos Neira, letrado de la pareja de Ayuso: “Buenas tardes: Todavía no nos ha entrado el procedimiento. He dejado el aviso para que me lo notifiquen en cuanto llegue. ¡Muchas gracias! Un abrazo y buen fin de semana”, aseveró.
En definitiva, la pericial sirve para que el foco siga puesto en la Fiscalía como el origen de la filtración tanto a la prensa, como al palacio de la Moncloa. Pese a ello, la abogada del Estado que defiende a Rodríguez pone en relieve que el hecho de que enviara a más destinatarios el correo “ahonda en el nulo valor confidencial o de naturaleza reservada que se le otorga al contenido del correo del dos de febrero incluso por el propio abogado de González Amador, pues en esa fecha la Abogacía del Estado aún no podía ser parte de actuación alguna, ni ningún integrante de la misma podría ser formalmente responsable de expediente alguno, dado que no fue invitada a personarse sino después de todos los hechos controvertidos”.
Es decir, el hecho de que fuera la pareja del novio de Ayuso quien lo enviara sirve a la defensa de los dos fiscales imputados para evidenciar que mucho interés en preservar la confidencialidad del fraude fiscal no había.
En paralelo, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, se adhirió al argumentario de Pilar Rodríguez y García Ortiz y envió un escrito al juez Ángel Hurtado pidiendo que se incorporara a la causa este informe. Extremo que el magistrado aceptó en una providencia.
En concreto, la teniente fiscal del Supremo consideró “trascendental” el hecho de que la pareja de Ayuso ocultara este extremo ya que “en la querella y en sucesivos escritos procesales del señor González Amador no se ha hecho ninguna referencia a que un correo similar, o idéntico, al enviado a la fiscalía había sido remitido el mismo día dos de febrero de 2024 a la Abogacía del Estado”. Sánchez Conde cree que la omisión de este dato exige “una explicación” ya que “el número de destinatarios del referido correo y la identidad de los mismos no se acomoda a lo imputado en las actuaciones”.
Realmente, ese es el quid de la cuestión: cuántas personas tuvieron acceso al correo de la discordia porque cuántos más destinatarios tuviera, más difícil será saber si lo filtró el propio García Ortiz. Cabe recordar que aún falta que Whatsapp y Google envíen de Estados Unidos la información al juez con los datos que almacenan de las comunicaciones del fiscal general.