La Abogacía del Estado será quien defienda a Álvaro García Ortiz, según confirman fuentes fiscales a este periódico. Dos altas instituciones del Estado, una imputada, la otra ejerciendo el derecho a defensa. Una situación inédita, nunca vista en la historia de nuestra democracia. Pero en esta historia todo es insólito. Por primera vez el fiscal general está siendo investigado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. Imputación tras la cual García Ortiz se negó a dimitir, llevando a la institución a superarse en lo inusitado de todos los pasos que dé a partir de ahora el juez Ángel Luis Hurtado.
Este martes arrancó su instrucción pidiendo a García Ortiz que designara oficialmente a su abogado y enviando, esa misma mañana, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a su despacho para intervenir todos “los dispositivos electrónicos, objetos, documentos y demás efectos que pudiera tener relación con un delito de revelación de secretos”, según reza el auto de Hurtado. En él se indicaba que se extraerían todos los correos electrónicos desde el 8 de marzo de 2024 hasta el 30 de octubre. La UCO estuvo en el despacho del fiscal general durante once horas. La misma diligencia encargó Hurtado para Pilar Rodríguez, fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, también imputada por el mismo delito. Justo este miércoles García Ortiz había convocado un acto para presentar la Revista del Ministerio Fiscal que terminó suspendiéndose.
El juez trata de dilucidar quién filtró la cadena de correos electrónicos mediante la cual la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, proponía un acuerdo de conformidad a la Fiscalía y reconocía haber cometido delitos contra la Hacienda Pública.
Todo viene de los intentos del gabinete de la presidenta madrileña para desviar la atención y difundir en algunos medios de comunicación que la Fiscalía ofreció un acuerdo de conformidad con González Amador. El objetivo era lavar la imagen de la pareja de Ayuso, que está siendo investigada por fraude con Hacienda y falsedad documental. Pero la realidad era justo la contraria: el ofrecimiento del pacto vino por parte de González Amador a la Fiscalía y en la petición, la pareja de Ayuso reconocía sus delitos fiscales. Así lo publicaron algunas cabeceras justo al día siguiente. Y horas después, la Fiscalía emitió una nota de prensa donde se ratificaba esta información con un el hilo de mensajes en los que se detallaba la cronología de los hechos.
Si bien la querella de González Amador, por la cual está imputado García Ortiz, pedía que se le investigara por la nota de prensa publicada en los canales oficiales de la Fiscalía, en el auto del Supremo de imputación no se encontraron indicios de delito en ese documento porque su contenido ya había sido publicado por otros medios. “No hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos”, reza el auto.
Pero sí creyó relevante el Alto Tribunal investigar quién filtró ese hilo de mensajes y si lo hizo García Ortiz porque, tras la propagación de estas comunicaciones “existe una carga de lesividad que afecta al posible perjuicio al derecho de defensa” de González Amador, según recoge el auto. Eso sí a esos correos electrónicos tenían acceso decenas de personas en la Fiscalia.
De ahí que ahora el Supremo quiera acceder a los intercambios de mensajes de Amador. Además, este mismo miércoles el juez decretó el secreto sumarial por lo que no podremos conocer nada de cómo avanza la investigación hasta dentro de un mes.