Bildu ha vendido a bombo y platillo un acuerdo para reformar la ley orgánica de seguridad ciudadana, una promesa electoral del PSOE y otros partidos a su izquierda y todo un símbolo para ese espacio político. La portavoz del partido de Arnaldo Otegi, Mertxe Aizupurua, compareció este jueves en el Congreso, junto a su compañero de filas Jon Iñarritu, para vender que han logrado un pacto para “ahora sí, terminar con la ley mordaza”.
Aizpurua presumió de que han acordado “las cuatro cuestiones que aún estaban pendientes”, y que hicieron decaer la derogación parcial de la ley mordaza intentada hace año y medio. “Faltas de respeto, desobediencia, las pelotas de goma y las devoluciones en frontera”, recitó. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, situó entonces en estos puntos sus líneas rojas frente a lo que reclamaban desde Bildu y ERC, que no lograron cumplir sus objetivos y votaron contra el dictamen de la norma en la comisión de Interior, dinamitándola.
Marlaska ha tenido que hacer cesiones, pero la vicepresidenta segunda, María Jesús Montero, ha tratado de pinchar el globo del partido de Aizpurua, criticándoles de paso por realizar este anuncio ‘motu proprio’. Tras varios meses de conversaciones con el PSOE y con Sumar -más de medio año, según fuentes de Bildu-, el anuncio era acogido con alegría por ERC por las “cesiones” del PSOE. Los republicanos confirmaron su adhesión inmediata.
Sin embargo, la comparación entre la redacción textual de las modificaciones que recoge el acuerdo, y las enmiendas originales que en su día presentaron Bildu y Junts, arroja un resultado más matizado. De hecho, en lo que toca a las devoluciones en caliente, el nuevo texto no prohíbe estas prácticas.
Lo que sí recoge es la obligación de abordar, en un máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la nueva norma (faltan meses), una modificación de la ley de extranjería, que regula estas devoluciones. Esta modificación pasaría por imponer “el acceso y evaluación a las solicitudes de protección internacional”, antes del “proceso de posible expulsión”. Desde el Ministerio del Interior sólo apuntan que “seguirán actuando” en base a los pronunciamientos del “Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Ambos tribunales han avalado la legalidad de las devoluciones en caliente (la denominación oficial es “rechazo en frontera”), por lo que nada hace pensar que Interior va a renunciar a estas prácticas.
Facilitar las solicitudes de asilo y su revisión es una cosa (y su cumplimiento no es tan fácil de verificar); acabar con las expulsiones en frontera es otra bien distinta. La enmienda de Bildu y ERC era mucho más contundente: “En ningún caso se permitirá el rechazo a los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos”, reza el texto que fue rechazado. También apostaba por impedir las deportaciones masivas.
En lo que toca a las pelotas de goma, por otra parte, han llegado a una suerte de punto intermedio, logrando que Interior vaya algo más lejos de lo que estaba dispuesto a asumir.
En su día, reclamaron que constara como “prohibido expresamente”, “el uso de proyectiles cinéticos denominados balas de goma”. En la práctica, la nueva redacción plantea acabar con su uso, pero menciona que se “sustituirá progresivamente” este tipo de proyectiles “por otros menos lesivos”. El “progresivamente” fue destacado por Montero, mientras en Bildu celebraban haber incluido una parte del texto original, que consideran que cierra definitivamente la puerta al uso de balas de goma, en plazos aún por concretar. Se aferran a la mención “evitando aquellos que causen lesiones irreparables”, toda vez que las pelotas de goma han demostrado que sí las causan (pérdidas de globos oculares).
La claudicación total de Interior se aprecia en la nueva consideración de las faltas de respeto a la autoridad, que pasarán de ser tratadas como infracciones graves a leves, exactamente como estaba redactado en la enmienda tumbada hace año y medio. Y, en lo que toca a la desobediencia a los agentes, también se pasará de infracción considerada grave a leve.
La redacción es idéntica en lo que tiene que ver con los tres apartados que introduce, que afectan también a la oposición corporal y a la negativa a identificarse. Pero ahora incorporan una nueva coletilla: “Cuando no sea constitutiva de infracción penal”, acota la nueva redacción.
Junts deja sus votos en el aire
Fuentes de Bildu han rechazado que el anuncio tenga como contrapartida su apoyo a alguna de las normas de calado con las que trabaja hoy el Gobierno (Presupuestos, senda de déficit, plan de regeneración democrática). Explicaron que son los frutos de una negociación que no cristalizó en marzo de 2023, y que sí lo hace ahora, cuando tanto ellos como el PSOE han aceptado entrar en algunas zonas grises, saliendo de posiciones de máximos.
El acuerdo, en cualquier caso, incluye todo lo que se plasmó en el dictamen fallido, pero es más completo que el rubricado entonces. Por eso en la órbita de Sumar sorprendieron las críticas de Podemos, que en su día avaló el texto que acabó estrellándose. No causaron tanta sorpresa las palabras de Junts, que no comprometió sus votos y anunció que presentaría enmiendas. Hace año y medio, ante un texto menos contundente, votó a favor, pero el contexto es radicalmente distinto. Y sus votos hoy sí son estrictamente necesarios.
El contexto pesa, y no se le escapa a ninguno de los actores. Lo evidencia que Pedro Sánchez regalara este foco a Bildu, que Enrique Santiago, portavoz de IU en el Congreso, compareciera en el mismo atril minutos después que Aizpurua e Iñarritu para ofrecer su diagnóstico. Santiago ha llevado la voz cantante en las negociaciones, primero por Unidas Podemos y hoy por Sumar, si bien su grupo no ha podido colgarse tantas medallas.
Más allá de la elevada cuantía de las multas impuestas durante años, de que se supriman las sanciones graves por manifestarse frente al Congreso, o que no vaya a ser posible multar por difundir imágenes de policías en ejercicio, acabar con la norma supondrá un triunfo para la izquierda. Siempre que cuenten con los votos para sacar adelante esta proposición de ley orgánica. A este punto, un dirigente de Sumar se mostraba optimista: con los temas sociales, explicó, se demuestra que no hay “mayoría progresista”. Pero con cuestiones como la ley mordaza, se evidencia “que sí hay una mayoría democrática”.