La indignación recorrió prácticamente todo el territorio nacional. A falta de confirmación oficial, la posible independencia fiscal de Cataluña hizo saltar las alarmas en todas las comunidades del régimen común. “Es un ataque al corazón del Estado”, resumió María Guardiola. “Un grave atentado contra la igualdad”, coincidieron varios presidentes autonómicos. Entre ellos, Emiliano García-Page, el socialista con mayor poder territorial. “No nos vamos a quedar quietos”, avanzó Isabel Díaz Ayuso.
Los Gobiernos autonómicos ya estudian cómo responder a la cesión del PSOE a ERC para hacer presidente de Cataluña a Salvador Illa. Con solemnidad, fueron varios los presidentes que comparecieron de forma extraordinaria, anunciando entre otras medidas una “batalla judicial sin precedentes”, en palabras de Alfonso Fernández Mañueco. Además de contra Pedro Sánchez, las comunidades también centraron sus ataques en María Jesús Montero, la titular de Hacienda. “Mintió a los consejeros en su última reunión”, según corroboran varias regiones.
“Golpe de Estado fiscal”
Uno de los primeros barones populares en criticar el preacuerdo firmado entre los socialistas y republicanos fue el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien lo calificó de “acuerdo ilegal” en caso de que este rompa el sistema fiscal de régimen común y permita a Cataluña “recaudar y liquidar los impuestos de todos los españoles en su territorio”.
En este sentido, aseguró que su Ejecutivo hará todo lo que “jurídicamente esté en su mano para impedir semejante atropello a la Constitución y a la igualdad entre españoles”. “No vamos a permitir que nadie trate a los aragoneses como ciudadanos de segunda”, apostilló.
Bajo similares términos se pronunció su homólogo valenciano. Carlos Mazón tildó dicho pacto entre las direcciones del PSOE y ERC como un “golpe de Estado fiscal”. Y en línea con la gran mayoría de sus compañeros de partido, anunció medidas legales: “Ni la Generalitat ni la Comunidad Valenciana van a permanecer calladas”. Es más, la consejera de Hacienda, Economía y Administración Pública valenciana, Ruth Merino, explicó que su Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional si el preacuerdo “sigue adelante”.
Más efusivo al respecto se mostró el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Mañueco previó que “irá a los tribunales” en una “batalla judicial sin precedentes” si el pacto se hace efectivo, el cual, añadió, supone “un robo a Castilla y León y a España”.
Otra baronesa del PP que se pronunció fue la extremeña María Guardiola. La líder del Ejecutivo autonómico subrayó que el preacuerdo “es un ataque directo al corazón del Estado” y que Sánchez “está en modo kamikaze para seguir unos minutos más en Moncloa”. A su vez, le afeó a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “haber mentido” a la consejera extremeña de Hacienda y Administración Pública y a sus homólogos hace apenas unos días en la comisión que mantuvieron.
Al hilo de esta cuestión, María José Sáenz de Buruaga, la presidenta cántabra, mencionó que lo que el Gobierno está haciendo con la financiación singular catalana es un ejercicio de “corrupción política”. “Cambiar financiación por votos es corrupción política”, especificó. También añadió que, además de “superar otra línea roja” con dicho pacto, a su juicio es “inconstitucional”.
Mientras, el líder andaluz, Juanma Moreno, también aseguró que su autonomía “debe responder y va a responder” en defensa de sus intereses ante el “ataque frontal” que para él supone el preacuerdo. Asimismo, “es un acuerdo que de facto le da la independencia fiscal y la recaudación a Cataluña” o “supone un mazazo al principio de intersolidaridad territorial” son dos de las frases que más destacaron en una comparecencia de Moreno.
“Vulnera la Constitución”
Por su parte, el presidente murciano, Fernando López Miras, subrayó que de confirmarse la acordado por las direcciones socialista y republicana, Murcia va a utilizar “todas las herramientas” que estén a su disposición, tanto jurídicas, institucionales como políticas.
López Miras también tuvo palabras para describir lo que este pacto supondrá en caso de efectuarse. “Esto es inadmisible, es romper el régimen común que lleva rigiendo en España durante las últimas cuatro décadas, es vulnerar la Constitución, cargarse el principio de solidaridad y el principio de igualdad“. Ya a modo de conclusión agregó: “No vamos a permitir que con el dinero de los murcianos se pague que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno”.
En una comparecencia conjunta con el presidente murciano, el líder gallego popular, Alfonso Rueda, también dejo claro su punto de vista al respecto. “No podemos acostumbrarnos a normalizar esta locura, a que las decisiones que afectan a todas las comunidades autónomas se tomen pensando en la supervivencia política de una sola persona”, subrayó en su intervención. Refiriéndose a la solidaridad fiscal, Rueda dijo que Galicia “no va a tolerar que para darle a otros más de lo que les corresponde, nos lo quiten a nosotros”.
Otra líder que se pronunció sobre el preacuerdo fue la balear Marga Prohens. “No aceptaremos ningún tratamiento singular que terminen pagando los ciudadanos de las Baleares”, dijo la presidenta al finalizar su despacho con Pedro Sánchez. Es más, advirtió al propio presidente de que su Ejecutivo autonómico considera que el acuerdo es un “ataque frontal” a los intereses de las Islas porque derivará en la ruptura de “la caja única”.
Asimismo, Prohens declaró que comparar la singularidad del trato a Cataluña con el régimen Especial de las Islas Baleares, como hizo Sánchez, supone confundir a los ciudadanos. “Le pido un poco de seriedad y no intentar confundir porque lo que se aprueba en Cataluña puede ir en contra de la Constitución y la singularidad de Baleares y de Canarias las puede ver todo el mundo”.
Por último, y a través de una escueta publicación en la red social X -antes Twitter- se pronunció la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. “Sánchez apuntala la dictadura bolivariana y rompe la caja común de los españoles. Todo en un mismo día. No nos quedaremos quietos”, expresó la baronesa.
El PSOE, entre críticas y prudencia
Entre las filas socialistas viene siendo habitual que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el líder aragonés Javier Lambán critiquen las decisiones tomadas por su partido -como fue el caso de la amnistía o la reforma del delito de sedición-. La financiación singular no fue para menos. Y es que a través de su cuenta en X, García-Page declaró mostrarse “perplejo” de que, tras este preacuerdo, haya un “silencio atronador” por parte del PSOE ante lo que considera un “grave atentado a la igualdad”. “O es un asentimiento intolerable, o un sentimiento de estupefacción como la que tenemos la inmensa mayoría de los españoles”, agregó.
A su vez, en la tarde del martes se conoció que este miércoles ofrecerá una declaración institucional, donde podría anunciar la impugnación de este preacuerdo ante el Tribunal Constitucional.
En términos parecidos se expresó el expresidente de Aragón y líder de los socialistas en esa comunidad, Javier Lambán. Lambán tachó de “inadmisible” el preacuerdo porque, a su juicio, va a suponer “una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles”. Asimismo, lanzó una advertencia de cara al futuro: “El independentismo consigue todos sus objetivos y el PSOE puede entregar España a cambio de la investidura de Salvador Illa”.
Desde el Ejecutivo de Asturias, gobernado por otra importante federación socialista, la presidenta en funciones, Gimena Llamedo, eludió comentar dicho pacto para investir a Illa hasta conocer los términos exactos para poder hacer una valoración “más precisa”.