¿Filtró el fiscal general a la prensa información fiscal sensible de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso? Esa es la pregunta que trata de responder el juez Ángel Hurtado en el Tribunal Supremo. Para responderla, ha llamado a declarar a varias personas que durante los días de la supuesta filtración manejaron la información fiscal de la pareja de Ayuso. Y en esta ecuación entra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, su mano derecha. Este miércoles está citado a declarar en calidad de testigo a las 10 de la mañana.
El 12 de marzo saltó a la prensa que González Amador había cometido un doble fraude fiscal en los ejercicios de 2020 y 2021 que ascendía a más de 350.000 euros por la compra venta de material sanitario en lo peor de la pandemia. La noticia escoció a MAR que se afanó en combatirla filtrando a los medios una versión tergiversada. De esta forma, el diario El Mundo publicó el 13 de marzo una noticia que titulaba “La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales”.
El fiscal de delitos económicos
En la pieza periodística se recogían textuales de los correos electrónicos intercambiados entre la Fiscalía y el abogado de González Amador y citaban a “fuentes del entorno de Ayuso”, para añadir que “por órdenes de arriba” de la Fiscalía el acuerdo se había paralizado. A esa noticia le faltaba contexto porque los acontecimientos surgieron justamente a la inversa. Fue la pareja de Ayuso quien ofreció al Ministerio Público ese pacto. De hecho, Julián Salto, el fiscal de delitos económicos, que intercambió los correos con el abogado de González Amador, declaró en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que no había recibido ninguna orden de sus superiores para no llegar a un pacto.
MAR ratificó públicamente que había sido él quien filtró esa información. Pero sostenía en la red social X que no se trataba de ningún bulo: “Aclaremos: si doy información con copia de un email oficial de la Fiscalía en el que se propone un acuerdo con González Amador ¿dónde está el bulo? Si se demuestra que el fiscal General paró la operación y se negó al acuerdo ¿dónde está el bulo? República bananera con B de Begoña”, aseveró el jefe de gabinete de Ayuso.
“Ganar el relato”
La divulgación de información tergiversada de Rodríguez fue el detonante para que la Fiscalía se afanara en publicar una nota de prensa con el objetivo de “desmentir el bulo” que había promovido. Álvaro García Órtiz, el fiscal general, quería “ganar el relato”, según aseveró a Almudena Lastra, la fiscal jefe de Madrid, que se mostró reticente a la emisión de esta circular de prensa por considerar que tenía información sensible de la pareja de Ayuso. En ese documento, se incluyó la información contextualizada, con el orden de correos electrónicos correcto para aclarar cómo había sido el transcurso de los hechos.
Tras un tira y afloja entre altos cargos del Ministerio Público, la nota se publicó y eso fue motivo suficiente para que González Amador interpusiera una querella contra la fiscalía porque consideró que se había cometido un delito de revelación de secretos al enviar a los medios cómo habían sido las comunicaciones.
El caso ha llegado al Tribunal Supremo porque fue el propio García Ortiz quien promovió esa nota de prensa. Por su cargo, tiene la condición de aforado y solo puede investigarlo el Alto Tribunal. Si bien, el juez Ángel Hurtado no ve indicios de delito en la emisión de la nota de prensa porque la información correcta ya se conocía a la hora que se emitió la circular. Hubo medios de comunicación que se hicieron con la cadena de correos electrónicos antes de la publicación de la nota de prensa. El filtrador de esa información sí podría haber incurrido en un delito de revelación de secretos. Y la identidad de ese filtrador es la que trata de averiguar el juez.
Por todo esto llama a declarar a Miguel Ángel Rodríguez en calidad de testigo, ya que él tuvo acceso a los correos electrónicos del abogado de la pareja de Ayuso con la Fiscalía, porque intentó divulgar información incompleta, porque había interés político por mitigar la información sobre el fraude fiscal que, presuntamente, ha cometido el novio de Ayuso.
El PSOE denuncia a MAR
Por otro lado, cuando la noticia de González Amador saltó a los medios, dos periodistas se acercaron a la casa donde habitan la presidenta madrileña y su pareja para confirmar la supuesta realización de obras ilegales en el inmueble, adquirido por González Amador. El jefe de gabinete de Ayuso volvió a recurrir a hablar con periodistas para alertar de que sus compañeros habían estado “acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, aseveró en un grupo de WhatsApp. En esos mensajes difundió la identidad de los periodistas y sus imágenes.
Es por ello que el PSOE ha interpuesto una querella contra el jefe de gabinete de Ayuso la víspera de su declaración. Consideran que habría incurrido en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y utilización y difusión pública de datos personales en perjuicio de su titular. Además, el documento al que ha tenido acceso Artículo14, acusa a MAR de haber obtenido los datos de los periodistas de un agente de la Policía Nacional que pertenece al servicio de escolta de Ayuso y que les identificó mientras trabajaban.