La decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de imponer un criterio favorable a la Ley de Amnistía para los delitos vinculados con el ‘procés’, ha suscitado una crisis sin precedentes en el seno de la Fiscalía española. Esta medida incluye la amnistía para la malversación de fondos públicos. Lo que ha generado una fuerte oposición entre los fiscales de Sala, quienes consideran que la malversación no debe ser amnistiada si implica un beneficio personal. La situación plantea interrogantes sobre las posibles consecuencias para la unidad y funcionamiento del órgano jurídico español.
La Ley de Amnistía divide a los fiscales de España
La Ley de Amnistía, concebida para pacificar las tensiones políticas derivadas del ‘procés’, ha sido objeto de intensos debates. Su alcance, que incluye la posibilidad de amnistiar delitos de malversación, ha sido particularmente controvertido. Este tipo de delitos, en los que los fondos públicos son desviados para beneficio personal, suponen una gran cuestión ética y legal. La postura del fiscal general de apoyar la ley incluso en estos casos ha provocado una crisis interna sin precedentes.
Los fiscales de Sala, encargados de los casos más importantes y de mayor relevancia en el ámbito judicial español, han expresado su desacuerdo con la decisión de Álvaro García Ortiz. Argumentan que la malversación de fondos públicos, cuando se traduce en beneficio personal, no debe ser objeto de amnistía. Esta oposición refleja una diferencia de criterio legal, y subraya una profunda preocupación por los principios de justicia y rendición de cuentas.
La posibilidad de que García Ortiz opte por apartar a estos fiscales de sus funciones o convoque a la Junta de Fiscales de Sala para resolver el conflicto añade una capa de complejidad a la situación. Ambas opciones conllevan riesgos significativos. Por un lado, apartar a los fiscales podría percibirse como una maniobra autoritaria. Pero, por el otro, una decisión de la Junta podría no ser vinculante. Y, por tanto, insuficiente para resolver el conflicto de manera definitiva.
¿Cuáles son las implicaciones para la Fiscalía?
La que fuera fiscal general del Estado Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz, en el acto de toma posesión como nuevo fiscal general del Estado (EFE)
La crisis en la Fiscalía desencadenada por la Ley de Amnistía pone de relieve las tensiones inherentes entre la política y la justicia. La imposición de un criterio a favor de la amnistía podría verse como una interferencia política en el funcionamiento judicial. Lo que socavaría la percepción de independencia y objetividad de la Fiscalía. Además, esta situación podría debilitar la cohesión interna y la moral de los fiscales.
El impacto de esta crisis va más allá del ámbito judicial. La percepción pública de la justicia está en tela de juicio, valga la redundancia. La Ley de Amnistía podría minar la confianza en las instituciones y en el Estado de derecho. En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son claves, cualquier indicio de politización de la justicia puede tener consecuencias duraderas para la legitimidad de las instituciones democráticas.
La resolución de esta crisis dependerá de las acciones que tome el fiscal general García Ortiz en los próximos días. Si decide mantener su postura y apartar a los fiscales disidentes, podría enfrentarse a una ola de críticas y posiblemente también a acciones legales por parte de los afectados. Por otro lado, si opta por convocar a la Junta de Fiscales de Sala y se llega a una resolución consensuada, podría mitigar el conflicto. Sin embargo, no necesariamente resolverá esto las diferencias de fondo.
Otra posible vía sería la intervención del poder legislativo o del ejecutivo, buscando una solución política que armonice las diferencias jurídicas y éticas en juego. No obstante, cualquier intervención externa corre el riesgo de ser vista como una injerencia. Y complicar aún más la situación, claro está.