Ceuta vive sus días más tensos desde 2021. En apenas dos semanas, más de 1.500 personas han llegado a nado desde las costas marroquíes, unas 200 cada día, hasta el espigón sur de la playa del Tarajal. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), con capacidad para 512 personas, supera ya el millar de ocupantes, con otro millar esperando fuera. Detrás de esta crisis migratoria en Ceuta no hay solo un repunte estacional de cruces: hay un cambio jurídico muy concreto que ha alterado las reglas del juego en la frontera.
El detonante: una sentencia del Tribunal Supremo
Todo arranca con un caso judicial que llevaba tiempo en los tribunales. Un migrante argelino fue interceptado en alta mar en noviembre de 2024 cuando intentaba llegar a nado a Ceuta junto a otras dos personas. Las autoridades lo devolvieron de forma sumaria a Marruecos, sin abrirle un expediente individual. El hombre recurrió esa decisión alegando que no había forzado ninguna valla ni concertina: simplemente había nadado.
Le dieron la razón un juzgado de Ceuta, después el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, finalmente, el Tribunal Supremo, en una sentencia del 29 de junio de 2026 (STS 814/2026) que fija doctrina y no admite recurso. El Alto Tribunal desestimó así el recurso presentado por la Abogacía del Estado en nombre del Ministerio del Interior.
Qué decía la ley hasta ahora
Para entender el impacto de la sentencia hay que mirar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, que regula un régimen especial para Ceuta y Melilla. Esa norma permite el llamado “rechazo en frontera” —lo que se conoce popularmente como devolución en caliente— para los extranjeros detectados en la línea fronteriza de estas ciudades, sin necesidad de abrirles un expediente individualizado.
Hasta ahora, esta figura se aplicaba tanto a quienes saltaban la valla como a quienes llegaban nadando. El Supremo ha dicho que eso no es correcto: la ley habla de superar “elementos de contención fronterizos”, es decir, barreras físicas como vallas, muros o concertinas. El mar, según el tribunal, no es un elemento de contención. Y los sistemas de vigilancia tecnológica —drones, cámaras térmicas, sensores— tampoco cuentan, porque solo detectan y alertan, no contienen físicamente a nadie.
Por qué el mar cambia las reglas del juego
La consecuencia práctica es la que ha desbordado Ceuta. Al no existir en el agua ningún elemento físico que “superar”, quien llega a nado no puede ser devuelto en caliente. Debe pasar, en cambio, por el procedimiento ordinario de devolución, mucho más lento y con más garantías: identificación individualizada, asistencia letrada, posibilidad de solicitar protección internacional y revisión judicial.
Esto no es un matiz menor. Según los datos manejados por las autoridades, los “nadadores” ya representaban en torno al 80% de las entradas irregulares en Ceuta durante 2025. Cambiar el procedimiento aplicable a ese perfil de personas equivale, en la práctica, a cambiar el procedimiento aplicable a la inmensa mayoría de quienes cruzan.
A esta sentencia se suma otra, del 8 de julio (STS 868/2026), que anuló varios artículos del Reglamento de Extranjería de 2024, entre ellos uno que rebajaba la obligación de atender de inmediato a los menores extranjeros no acompañados. Esta segunda resolución refuerza la protección de la infancia migrante, pero el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la señala como un obstáculo añadido para gestionar la llegada de menores, cuya cifra ha pasado de 180 a más de 570 en apenas diez días —un 1.600% por encima de la capacidad ordinaria de los centros de acogida.
El colapso de la crisis migratoria en Ceuta, en cifras
- Más de 1.500 llegadas a Ceuta en la última quincena de julio, unas 200 al día.
- El CETI, con capacidad para 512 personas, supera ya el millar de ocupantes.
- Los menores extranjeros no acompañados tutelados han pasado de 180 a más de 570 en diez días.
- Más de 1.000 migrantes entraron a nado solo en los nueve días posteriores a conocerse la sentencia de junio.
- La Guardia Civil ha recuperado 8 cadáveres en las costas ceutíes solo en julio, 27 en lo que va de 2026.
La respuesta política: la reforma que pide Ceuta
Con este diagnóstico, el Gobierno ceutí ha respaldado una proposición de ley impulsada por el PP en el Congreso para modificar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería. El objetivo es dejar escrito de forma expresa que el régimen especial de rechazo en frontera se aplique también a quien intente entrar de forma irregular por Ceuta y Melilla a través de cualquier punto no habilitado, sea por tierra o por mar.
La finalidad declarada de la reforma es dar seguridad jurídica a la Guardia Civil, cuyos sindicatos —como AUGC— llevan semanas pidiendo protocolos claros ante lo que describen como un vacío operativo entre la doctrina judicial y la presión real en la frontera.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior ha descartado activar la “emergencia de interés nacional” que reclama Vivas, al considerar que esa figura solo está prevista para riesgos naturales o tecnológicos, aunque ha prometido reforzar los recursos desplegados en la ciudad. El ministro Fernando Grande-Marlaska ha reconocido que se enfrentan a una situación “extraordinaria y excepcional”.
Un debate sin consenso con la crisis migratoria en Ceuta
La propuesta del PP no ha generado unanimidad. El PSOE pide unidad frente a la crisis, pero sin cerrar filas con el contenido concreto de la reforma. VOX acusa al PP de incoherencia, recordando que durante años calificó de ilegales propuestas similares del propio VOX sobre menores extranjeros no acompañados.
A ello se suma la oposición de organizaciones como la Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen o el Servicio Jesuita a Migrantes, que ven en la reforma un riesgo para las garantías individuales, especialmente en el caso de los menores.
La proposición está todavía en fase inicial y su tramitación en el Congreso puede alargarse. Además, cualquier cambio legal tendrá que sortear la misma línea jurisprudencial que el propio Supremo ha reafirmado y encajar con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, un equilibrio que, de momento, ni Ceuta ni Madrid han resuelto. Mientras el debate legal sigue abierto, la presión en el Tarajal no da tregua.
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