El Congreso de los Diputados presentó recientemente un nuevo proyecto de ley que promete revolucionar la normativa de urbanismo en España: la modificación del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015. Este proyecto, de gran envergadura, pretende mejorar la seguridad jurídica y adaptarse a las necesidades actuales de ordenación del territorio y urbanística. Sin embargo, la cosa podría complicarse para Pedro Sánchez. En las últimas horas, se ha conocido que Yolanda Díaz y el bloque de Sumar en coalición con el PSOE podrían dar la espalda al gobierno y votar “no” a esta Ley del Suelo. Por tanto, es clave revisar cómo son los cambios de esta ley y cómo te afectarían al día a día si llegara a aprobarse.
Exposición de motivos y justificación
El primer punto destacado en la exposición de motivos es la importancia de la seguridad jurídica como pilar del Estado de Derecho. La Constitución Española reconoce este principio en su artículo 9.3. Y el Tribunal Constitucional lo define como una combinación de certeza y legalidad, esencial para la estabilidad económica y social del país. Esta necesidad de seguridad jurídica se ha visto comprometida por la rigidez en la calificación de los vicios de los Reglamentos. Especialmente, en lo que respecta a la ordenación territorial y urbanística.
La problemática actual radica en que cualquier vicio procedimental, por insignificante que sea, puede llevar a la nulidad de pleno derecho de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Esta rigidez ha provocado la anulación de numerosos planes urbanísticos. Ha afectado negativamente a la planificación y al desarrollo sostenible de las ciudades. El proyecto de Ley del Suelo propone flexibilizar esta normativa, permitiendo subsanar ciertos vicios formales y diferenciando entre los errores que realmente comprometen la validez del instrumento y aquellos que pueden corregirse sin mayores consecuencias.
Principales modificaciones propuestas
La importancia de conocer todos los detalles a la hora de alquilar un piso (Artículo14)
- Naturaleza jurídica de los instrumentos de ordenación: El proyecto de ley reconoce la singularidad y complejidad de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, diferenciándolos de las disposiciones administrativas generales. Estos instrumentos incluyen decisiones estratégicas sobre la ordenación de ámbitos territoriales, programación temporal, planes de obras y asignación de usos del suelo, que son esenciales para el desarrollo urbano y la protección del medio ambiente.
- Régimen de invalidez: Se establece un nuevo régimen de invalidez específico para los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, distinguiendo entre vicios formales y sustanciales. Los vicios formales que no afectan de manera significativa la legalidad del instrumento podrán ser subsanados, evitando la anulación desproporcionada de planes urbanísticos. Esto supone un avance importante para la seguridad jurídica y la continuidad de los proyectos de planificación urbana.
- Plazo de impugnación: Se fija un plazo máximo de cuatro años para la impugnación indirecta de los instrumentos de ordenación por motivos formales no sustanciales. Esta medida responde a la recomendación del Consejo de Estado de limitar temporalmente la revisión de oficio para mejorar la seguridad jurídica y la equidad.
- Acción pública: Se regula la acción pública para exigir el cumplimiento de la legislación de ordenación territorial y urbanística, evitando abusos y garantizando que se actúe en defensa de los intereses generales. Esta acción pública no podrá ser contraria a la buena fe ni constituir un abuso de derecho, y no permitirá obtener contrapartidas económicas por el desistimiento en vía administrativa o contencioso-administrativa.
Impacto de la Ley del Suelo en el ciudadano común
El ciudadano común se verá afectado por esta Ley del Suelo de varias maneras:
- Seguridad jurídica y protección del medio ambiente: La nueva ley garantiza una mayor seguridad jurídica en la planificación urbana. Lo que se traduce en un entorno más predecible y estable para la inversión y el desarrollo económico. Esto beneficiará a los propietarios de viviendas y terrenos, quienes podrán planificar mejor sus inversiones y proyectos. Además, la ley refuerza la protección del medio ambiente al asegurar que todos los instrumentos de ordenación territorial y urbanística se sometan a una evaluación ambiental estratégica.
- Participación ciudadana: La ley enfatiza el derecho a la información y la participación ciudadana en los procesos de ordenación y gestión urbanística. Esto significa que los ciudadanos tendrán más oportunidades de influir en las decisiones que afectan su entorno. Lo cual es especialmente relevante en temas como la construcción de infraestructuras, la creación de zonas verdes y la protección de áreas naturales.
- Reducción de la incertidumbre en proyectos urbanísticos: Con la posibilidad de subsanar vicios formales y el establecimiento de plazos claros para la impugnación, se reduce la incertidumbre en los proyectos urbanísticos. Esto implica que las obras y planes no quedarán paralizados por errores procedimentales menores. Así se asegura la continuidad y finalización de los proyectos en los tiempos previstos.
- Acceso a vivienda: El proyecto de ley también contempla medidas para acelerar los procedimientos de planificación urbana asociados a la rehabilitación de edificios y la construcción de viviendas sociales. Esto podría traducirse en un aumento de la oferta de viviendas en alquiler y una mejor respuesta a la demanda habitacional. Más en concreto, beneficiaría a las familias de ingresos medios y bajos.
- Impacto en comunidades autónomas y gobiernos locales: La ley refuerza la cooperación entre diferentes niveles de gobierno, facilitando la emisión de informes sectoriales y mejorando la coordinación en la planificación urbana. Esto es crucial para asegurar que las decisiones urbanísticas se tomen de manera integrada y coherente. A fin de cuentas, revistará tanto los intereses locales como los generales.