“España y Europa necesitan un reinicio moral tras años de corrupción, donde el Estado ha sido consumido”. Es el planteamiento al partir del cual nace Iustitia Europa que promete a sus futuros votantes luchar contra lo que ellos llaman “Régimen del 78”. Abogan por “una lucha civil organizada frente al abuso de poder”.
Con esas premisas han presentado este sábado su programa electoral, lo que llaman “compromiso con los españoles”. Quien encabeza todo esto es el abogado Luis María Pardo, conocido en los tribunales por formar parte de la acusación popular de los principales casos de corrupción que se investigan en nuestro país como el caso Koldo, la causa que investiga a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno y la instrucción contra su hermano, David Sánchez. También han presentado querellas contra Pedro Sánchez y la exministra Teresa Ribera por su gestión durante la DANA del pasado mes de octubre. Pero no solo en Iustitia Europa creen que “los casos de corrupción son del PSOE, también son del PP porque son lo mismo. Son la creación del régimen del 78”.
Es por ello que su programa pone el acento en una reforma de la justicia y reivindica la figura de la acusación popular, tras el intento del PSOE de presentar una ley para quitarle peso en los procesos penales: “Los ciudadanos, individualmente o colectivamente a través de asociaciones, partidos políticos, u organizaciones, tienen el derecho inalienable a ejercer la acción popular como garantía de control democrático del sistema judicial, y de lucha efectiva contra la corrupción, la impunidad y cualquier forma de abuso de poder”, reza su programa.
También creen que hay que despolitizar el Tribunal Constitucional y opta por que los vocales del Tribunal de Garantías sean elegidos por juristas y no por las Cortes. Asimismo, también creen que el Consejo General del Poder Judicial debería ser votado dentro de la carrera, sin contar con la votación del Parlamento.
Más allá de la reforma de la justicia, Iustita Europa nace como un partido antieuropeísta y anti-OTAN. En una época donde el debate sobre el aumento del gasto en defensa copa titulares, en IE optan por una salida de la OTAN: “España no debería estar en guerras extranjeras”. Además, consideran que las imposiciones de Bruselas dañan la soberanía nacional: “La Unión se ha convertido en un bloque de eurócratas, burocrático y centralizador, donde las decisiones se imponen desde Bruselas. España debe decidir si sigue en este modelo o si exige un nuevo marco de relaciones con Europa basado en soberanía, control económico propio y rechazo a imposiciones externas”, proclaman.
Están en contra de la inmigración descontrolada porque piensan “no es integración, es invasión. España no puede seguir siendo el campo de acogida de miles de ilegales que entran en España y que saturan nuestros servicios públicos, generando inseguridad en nuestras calles y a nuestros ciudadanos”. Postulados que podrían cuadrar con los de la ultraderecha de VOX. Sin embargo, ellos reivindican que no pertenecen a ninguna ideología porque creen que solo sirven para “enfrentar a la población”. “Consideramos que la defensa de las Libertades Públicas y los Derechos Fundamentales debe ser un lugar de encuentro para la sociedad. Ha llegado la hora de configurar una mayoría social que ponga en primer lugar los intereses de los españoles por encima de cualquier ideología”, ha señalado en su discurso Pardo.
En materia económica, precisan que hay que eliminar gastos políticos innecesarios como el despilfarro ministerial. Limitar a siete el consejo de ministros y reducir en un 75% los asesores políticos. Asimismo, optan por bonificar fiscalmente a los autónomos y abogan por un tarifa cero durante los cuatro primeros años. Frente a uno de los problemas más acuciantes hoy en día: el de la vivienda, Iustitia Europa cree que hay que alejarse del intervencionismo y caminar hacia un modelo en el que se liberalice suelo perteneciente a los ayuntamientos. Prometen luchar por un plan de vivienda para jóvenes con IVA cero en la compra de la primera viviendo. En cuanto a las pensiones de los mayores creen que hay que eliminar el factor de sostenibilidad y reformular el sistema para hacerlo sostenible de verdad. Plantean un sistema mixto “que permita a los trabajadores complementar su pensión con ahorro privado sin que esto suponga una excusa para reducir la parte pública”.