No hay “nada” que negociar. El ala socialista del Gobierno transmite que la posición que ya marcó María Jesús Montero con el pago del IRPF entre quienes cobran el salario mínimo interprofesional (SMI) es la que es, y obvia la llamada a negociar de Yolanda Díaz. Ni Pedro Sánchez ha mediado -avaló a Montero-, ni se han producido contactos de relevancia sobre esta materia, afirman ambas partes.
Desde el Consejo de Ministros del 11 de febrero, cuando se oficializó esta decisión, han transcurrido 37 días sin que ambas vicepresidentas lleguen a rebajar este pulso, cara a cara. En las filas de Díaz se quejan de que Montero nunca llegó a transmitirles personalmente su decisión, y hoy sostienen que las titulares de Hacienda y de Empleo jamás han conversado sobre esto, pese a que ellos lo reclaman.
En pleno debate sobre el aumento del gasto en defensa, que tensiona particularmente al socio minoritario, desde el entorno de Díaz se esfuerzan por poner el foco sobre esta crisis, que ha permanecido latente, pero que en apenas una semana puede dar un nuevo salto.
Si no hay giro de guion, PSOE y Sumar chocarán frontalmente en la Mesa del Congreso la próxima semana, cuando el Ejecutivo traslade su veto a las tres proposiciones de ley (PLs) que piden modificar el umbral de exención de tributación del IRPF. Persiguen evitar que la nueva subida del salario mínimo obligue a parte de quienes cobran 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas a tributar.
Y, aunque en el entorno de la vicepresidenta segunda insisten en que esperan poder negociar con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, hasta el momento ninguna de las partes se mueve. “La posición es la misma”, afirman. “Claro que lo vamos a vetar”, abundan desde el ala socialista del Gobierno.
La próxima semana expira el plazo para ejercer el veto presupuestario, y cuando esto ocurra se habrá cruzado una nueva línea: que una parte del Ejecutivo use su prerrogativa constitucional para bloquear una iniciativa de la otra parte de la coalición en el Legislativo.
“Ella piensa que nos daña levantar el veto con el PP”, asumen desde las filas del socio minoritario en el Gobierno. Fuentes de la dirección de Sumar afirman que harán “lo que sea menester” para que quienes cobran estos salarios no tengan que tributar por IRPF. O, como trasladan desde el Ejecutivo, “para que no se cometa una injusticia fiscal”.
Esto supondría inaugurar una nueva pantalla: que Sumar uniese sus votos a los del PP en el órgano de gobierno de la Cámara Baja para neutralizar el veto ejercido por el Gobierno del que forman parte. Fuentes parlamentarias apuntan a que, en principio, reglamentariamente, la mayoría de ambas fuerzas serviría para neutralizar el veto, y por tanto podría comenzar la tramitación de una de las tres proposiciones de ley (de Sumar, del PP y de Podemos).
Cristalizaría así la pinza PP y Sumar, pero los de Díaz imponen ahora nuevas condiciones: sostienen que la proposición de ley del Partido Popular es “una bazofia”, y citan que la propia vicepresidenta segunda así lo refirió en su comparecencia de la pasada semana ante la comisión de Trabajo del Congreso. Consideran que esta norma, como la registrada por Podemos, están construidas deprisa. E incluyen “errores” que, de facto, no impedirían que estos trabajadores tengan finalmente que tributar.
Escudándose en estos argumentos, sostienen que el partido de Alberto Núñez Feijóo debería apoyar la iniciativa firmada por Sumar, que consideran la única técnicamente válida. En principio, desde el PP se abren a esta opción. A cambio, podrían torcerle el brazo a Montero, sembrar la división en el Ejecutivo y lograr que los perceptores del SMI sigan sin tributar por IRPF, apuntándose varios tantos.
Estrictamente, el SMI no estaba exento de tributar por IRPF, pero al tratarse de un sueldo tan bajo no llegaba al umbral de tributación. Montero fue elevando el umbral año tras año, hasta este ejercicio. En Hacienda consideran que el discurso de Sumar en esta materia es demagógico, y creen que dificulta hacer pedagogía sobre la necesidad de pagar impuestos para costear los servicios públicos.
La respuesta desde las filas del socio minoritario es que la presión fiscal debe endurecerse sobre las rentas más altas, en lugar de recaer sobre los hombros de quienes cobran cerca de 16.500 euros anuales. No entienden que el PSOE, que en Euskadi gobierna con el PNV, aprobase estos días una reforma fiscal que incrementa el límite exento de tributar hasta los 20.000 euros, mientras para el resto del país mantienen un umbral mucho más bajo
Tampoco descartan que Hacienda cuente con ases en la manga que, finalmente, logren que la balanza se decante a su favor. Y que los esfuerzos de Sumar, con el concurso del principal partido de la oposición, desemboquen en vía muerta.
El Gobierno aleja los Presupuestos y se da de plazo hasta mayo
El Ejecutivo vive una etapa dulce en su relación con Junts, pero sabe que hay fuerzas como Podemos que le pondrían muy difícil aprobar los tardíos Presupuestos Generales del Estado para 2025, que debería haber llevado a la Cámara Baja antes del 1 de octubre del año pasado. Tampoco Junts daría sus votos sin nuevas cesiones.
Que Esquerra Republicana de Cataluña plantee que es más viable contar con nuevas cuentas públicas ya para 2026, como interpretan en Moncloa, aleja todavía más este escenario. “Estamos en mal plazo”, reconocen, con respecto al calendario que se impusieron. Pasaba por presentarlos antes de que expirase el primer trimestre del año, pero sostienen que hay “una ventana” de posibilidad abierta hasta “abril o mayo”. “A partir de mayo es más complicado”.
Fuera de ese plazo, sostienen, tocará pensar ya en las cuentas para el próximo curso. O en prorrogar de nuevo las actuales, una opción que gana enteros, aunque en el Gobierno no quieran verbalizarla claramente.
En segundo plano dejan, no obstante, que el contexto de incremento de gasto en defensa debería tener reflejo en las nuevas cuentas públicas. Y que, hoy por hoy, ni sus socios ni el PP se mostrarían dispuestos a avalar unos nuevos Presupuestos que suministraran oxígeno político a Sánchez. Sus aliados de izquierdas no van a respaldar unas cuentas que incluyan un aumento de gasto en defensa, y el Gobierno sabe que tiene más margen de movimiento si se mantiene con las de 2023, que siguen hoy en vigor. Otra cosa es que vaya a reconocerlo.