“Es lo que han votado los españoles, se acabaron las mayorías absolutas”. El Gobierno de coalición venía de una legislatura tensa, crispada y difícil, pero tras la tercera investidura de Pedro Sánchez como presidente (noviembre de 2023) abrió la puerta a otra aún más complicada y agónica.
En este Parlamento fragmentado, Junts per Catalunya ha jugado sus cartas llevando al Gobierno al borde del infarto, asestándole derrotas parlamentarias y logrando importantes conquistas a cambio de sus votos. Hasta el punto de acabar el año con una traca final de dardos al Ejecutivo. Sánchez, mientras tanto, trataba de salvar los muebles. Intentaba naturalizar a sus socios, normalizarlos.
Junts logró marcar buena parte de las dinámicas desde el primer minuto, ya con el compromiso del Ejecutivo de permitir el uso de las lenguas oficiales en las respectivas comunidades autónomas (catalán, gallego y euskera), en todos los plenos y comisiones del Congreso de los Diputados. La contrapartida fue el nombramiento de Francina Armengol (PSOE) como presidenta. Ahí se introdujeron los pinganillos, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, inició una senda para hacer del catalán una lengua oficial en la UE que, de momento, no ha fructificado.
Sentó los ejes de la primera parte de la legislatura al lograr la promesa de una ley de amnistía a cambio de que Sánchez revalidara La Moncloa, con las fotografías de Santos Cerdán (número tres del PSOE) y Yolanda Díaz (vicepresidenta segunda del Gobierno) con Carles Puigdemont, en Bruselas. También con las reuniones periódicas en Ginebra (Suiza), con la presencia de un mediador y con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero contribuyendo, en remoto, a limar asperezas.
La formación independentista ha rentabilizado sus valiosos siete escaños desde el primer minuto hasta el último, en el último Consejo de Ministros del año. Es el que aprobó desclasificar varios documentos del CNI sobre los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils, en agosto de 2017, tal y como reclamaba la comisión de investigación del Congreso creada por exigencia de los partidos catalanes.
Logró probar su influencia con la introducción de incentivos para empresas que contribuyan a la descarbonización en el nuevo gravamen a las energéticas, que el Gobierno aprobó vía real decreto ley, pese a saber que no cuenta con los apoyos para mantenerlo con vida dentro de un mes, cuando se vote en la Cámara Baja. Fue Junts quien tumbó el anterior gravamen (con el PNV, PP y Vox), y también quien pactó con el Ministerio de Hacienda que estos incentivos estuvieran sobre la mesa en cualquier escenario.
Puigdemont fue además uno de los protagonistas de la comparecencia del jefe del Ejecutivo en su balance del año 2024; Sánchez se prestó a reunirse con él en una fecha por determinar, dejando la puerta abierta a que el encuentro se produzca en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. También a que se hagan la foto en el extranjero, antes de que el prófugo pueda verse beneficiado por la ley de amnistía, si finalmente logra este objetivo.
En el camino hacia este broche de oro, ERC, pero también Junts, que entonces no era socio del Ejecutivo, se han apuntado varios tantos. Lograron que Sánchez compareciera (2021) para oficializar la concesión del indulto a los condenados por el procés, acelerando la salida de prisión de Oriol Junqueras (ERC) y otros dirigentes independentistas como Jordi Turull (número dos de Junts) y Josep Rull, actual presidente del Parlament. Después llegó la modificación del Código Penal para suprimir el delito de sedición y matizar el de malversación, rebajando algunas de las penas (2023).
Del rechazo a la amnistía a su aprobación
Desde el arranque de la nueva legislatura, el Ejecutivo pasó de descartar la ley de amnistía, incluso en plena campaña electoral, a abrazarla. Junts llegó a tumbar su primera formulación en el Congreso (Enero de 2024), y exigió cambios en su redacción antes de aprobarla. Días antes, el Gobierno había sufrido su primera derrota parlamentaria, cuando Junts y Podemos sumaron sus votos a los de la oposición para tumbar un decreto que reformaba el subsidio por desempleo. La coalición tuvo que reformularlo.
En los meses siguientes, Junts se abstuvo permitiendo la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska; votó en el mismo sentido ante una iniciativa del PP reclamando la deflactación del IRPF, y en la toma en consideración de una proposición de ley del PP para relajar la protección al lobo ibérico.
Hubo más abstenciones, pero el plato fuerte llegó en julio. Fue cuando hizo naufragar la senda de déficit (que incluye el techo de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria). También la reforma de la ley de extranjería para establecer cupos de reparto de menores migrantes entre las distintas comunidades autónomas.
Las derrotas sufridas en el último pleno del curso sorprendieron al Gobierno, que pocos días después pactaría con ERC la transferencia del control de la fiscalidad catalana a la Generalitat. Junts, en combate permanente con sus antiguos socios en el Govern, acogió con escepticismo esta victoria del partido de Junqueras. Provocó un incendio en varias federaciones del PSOE que Sánchez ha logrado apagar, después de que generaran una importante humareda en verano. El pacto no ha tenido traslación a norma alguna, hasta la fecha.
En septiembre, Junts dinamitó la iniciativa del Sindicato de Inquilinos, vehiculizada por Sumar y los socios de izquierdas del Ejecutivo, e impidió siquiera debatir sobre la regulación de los alquileres de temporada y turísticos. Finalmente, la norma arrancó su tramitación hace diez días, en el último pleno del año, pero los independentistas catalanes han dejado claro que sólo se comprometen a negociar: “Nada más, y nada menos”.
Ese mismo mes, su rechazo llevó al Ejecutivo a retirar la segunda senda de déficit para los Presupuestos Generales del Estado para 2025, ante la certeza de que naufragaría. Todavía no han llevado sus nuevos números a la Cámara Baja, y se trata de la primera piedra en el camino a la aprobación de las cuentas públicas. Su aprobación no es obligatoria, pero sirve de termómetro como antesala de los Presupuestos.
La petición de una cuestión de confianza a Sánchez
A las puertas de la negociación presupuestaria tardía, diciembre ha sido un mes de especial intensidad en lo que a la ofensiva de Junts se refiere. Primero vino la iniciativa en el Congreso de los Diputados para exigir a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. El PSOE apuntaba a que los letrados elaborarían un informe que recomendara no calificar en la Mesa, controlada por los partidos del Gobierno, una iniciativa atípica y no vinculante.
Junts subió el tono, y los letrados viraron de las posiciones iniciales, para ponerse de perfil y abrir la puerta a la tramitación de la proposición no de ley (PNL). PSOE y Sumar dieron patada hacia adelante, y aún tienen que abordar esta materia, para tramitarla o desecharla. El 22 de diciembre, Jordi Turull volvió a reclamar que la aborden, y avisó al Ejecutivo de que están “en números rojos”.
Las advertencias y amenazas han sido una constante. El propio Puigdemont exigió tramitar esta iniciativa para evitar que la legislatura “colapse”, hace sólo una semana. En el marco de la tramitación de un proyecto de ley del Ejecutivo, Junts pactó con el PP una enmienda que acabaría con el impuesto a la producción eléctrica. El PSOE apuesta por dejar caer la ley en su conjunto, para evitar este escenario.
Además, los de Puigdemont mantuvieron en vilo al Gobierno al votar las enmiendas del PP al paquete fiscal de Sánchez. Aprobaron algunas modificaciones menores en la Cámara Alta, pero de vuelta al Congreso también respaldaron otra enmienda para tumbar el gravamen a las energéticas, que el Gobierno aspira a reeditar logrando cuadrar el círculo. Esto es, redactando una norma que puedan avalar sus aliados de izquierdas y derechas, que también han peleado entre sí a cuenta de este tributo.
En un curso político en el que han repetido que no son “socios”, que Sánchez “no es de fiar” o que “no cumple” lo pactado, en palabras de Puigdemont, ya ultiman con el Gobierno el traspaso de algunas competencias en materia de inmigración. Por lo pronto, el president catalán, Salvador Illa, anunció ante el Parlament que los Mossos d’Esquadra asumirán las competencias de los puertos y aeropuertos, un escenario al que los primeros espadas del Ejecutivo ya abrían la puerta al arranque de diciembre.
El Gobierno insiste en mostrarse conciliador, resta importancia a los desafíos que plantean sus socios. Y trabaja para sellar un acuerdo que les permita lograr la aprobación de unos Presupuestos que sirvan de gasolina para agotar una legislatura agónica, cargada de sobresaltos.
Defienden que Junts, que ha avanzado estas semanas en su entendimiento con el PP, no puede permitirse pagar la factura de dejarles caer, propiciando un desembarco de Alberto Núñez Feijóo en La Moncloa. ERC lleva tiempo insistiendo en que éste es el escenario soñado de los de Puigdemont, que hasta la fecha lo consideran “ciencia ficción” o “fantasía”, en palabras de Turull. Por lo pronto, apenas han dado margen al Ejecutivo, a pesar de las cesiones y triunfos que han logrado arrancarle.