Se avecinan nuevas dificultades para Pedro Sánchez, en este caso no por los diversos frentes judiciales que ya tiene abiertos el entorno del presidente del Gobierno, sino por sus socios de legislatura y en concreto por el malestar en Junts. El partido independentista celebrará hoy, lunes, una reunión de la ejecutiva de su partido para “hacer balance” del acuerdo que alcanzó con el PSOE tras las últimas generales de 2023.
Carles Puigdemont presidirá esta reunión con la que Junts planea lanzar una seria advertencia al PSOE: o cumple con los acuerdos firmados tras las elecciones o no dudará en evidenciar la minoría de Sánchez en el Congreso. La cita de Junts se produce después de que su secretario general, Jordi Turull, subrayara este fin de semana que “todavía quedan flecos importantes” para cerrar un acuerdo sobre el traspaso de las competencias en inmigración a la Generalitat.
Este aviso contrasta con el optimismo mostrado por Sánchez durante el Día de la Constitución, cuando dio a entender a los periodistas que las conversaciones con Junts van por buen camino tanto para traspasar la gestión de la inmigración como para encarrilar los presupuestos de 2025. El PSC, que no juega un papel sencillo en esta negociación, trata por su parte de forzar a los de Puigdemont a cerrar de una vez el acuerdo y para ello les advierten con que no hacerlo sería tanto como “competir electoralmente con Aliança Catalana y su discurso“.
Pero Junts, en cambio, quiere tensar la cuerda y dar a entender que los acuerdos alcanzados con el PSOE están tardando en cristalizar y es el momento de acelerar o de frenar en seco la alianza política que mantienen.
Junts y los cargos: RTVE Cataluña
Fuentes conocedoras de las exigencias de Junts apuntan varias carpetas sobre la mesa, al margen de las que Sánchez tiene más presente: inmigración y presupuestos generales. El partido de Puigdemont también aspira a poner a una persona de su confianza en la dirección de RTVE en Cataluña —ahora en manos de Esteve Crespo— e incluso a tener a alguien de su lado en la presidencia de Renfe —ahora en manos del exsecretario general de Industria Raül Blanco—.
El acuerdo firmado por PSOE y Junts tras las elecciones generales también preveía una modificación de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) con el propósito de establecer una cláusula de excepción para Cataluña de tal manera que se reconociera su singularidad y se facilitara la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña. Es obvio que este punto responde, en términos estrictamente políticas, a la cruda batalla que Junts libra con ERC para presentarse ante la sociedad catalana como el gran artífice de un nuevo sistema de financiación.
Pero Junts busca también colgarse alguna otra medalla relacionada con conseguir la ampliación de la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio. En esta carpeta cobra especial importancia conseguir la cooficialidad de la lengua catalana en las instituciones europeas, un punto que permanece atascado.