La crisis migratoria que ninguna comunidad sufre como las Islas Canarias amenaza con provocar un considerable impacto en la Comunidad de Madrid a raíz del cambio aprobado este martes por el Gobierno en la ley de extranjería. Esta modificación, producto de los acuerdos del PSOE con Junts, permitirá imponer el reparto de migrantes en función de una serie de criterios que dan como resultado, según las primeras estimaciones, que Madrid deberá acoger a unos 800 menores no acompañados, mientras que Cataluña solo deberá integrar a 27. ¿Por qué tanta diferencia?
La respuesta hay que buscarla en los criterios que ha logrado imponer el líder de Junts, Carles Puigdemont, y, en particular, el relacionado con el llamado “esfuerzo previo de acogida”. Aunque los principios fundamentales para forzar el reparto de los 4.000 menores que se acumulan en las Islas Canarias y los 400 de Ceuta serán los de la población, la renta per cápita y la tasa de paro, hay otro que resulta crucial para entender los planes del Gobierno y Junts: “el esfuerzo hecho en convocatorias previas en materia de acogida”.
La Comunidad de Madrid, según sus propios cálculos, ha acogido a 10.618 menores desde el año 2019. La Generalitat de Cataluña, también según sus propias estadísticas, ha recibido a 12.137 desde ese mismo año. En realidad, la guerra de cifras está garantizada y, por eso, el Gobierno ha evitado dar a conocer de manera pública y oficial los datos y tablas que maneja, optando por filtrar sus estimaciones. En todo caso, tienen que ser las comunidades las que acrediten de aquí a final de mes el número de menores migrantes no acompañados que albergan en la actualidad.
Acogida en función de la población
La Comunidad de Madrid, disconforme con los planes del Gobierno, subrayó, según fuentes consultadas, que “acoge más menores que Cataluña en función de la población”. “En términos relativos, Cataluña atendió a 33 menores por cada 100.000 habitantes y Madrid a 34,8 por cada 100.000 habitantes”, estimó.
Mientras las cifras de acogida de las autonomías no se hacen oficiales, los cálculos que maneja el Gobierno es que estas serán las tres comunidades que más menores tendrán que recibir: Madrid (806), Andalucía (795) y Comunidad Valenciana (478). Mientras que las tres que menos serán País Vasco (88), Baleares (59) y Cataluña (27). El reparto total de menores no acompañados se haría así, según los planes que tiene el Gobierno sobre la mesa:
- Madrid: 806
- Andalucía: 795
- C. Valenciana: 478
- Galicia: 325
- Castilla y León: 310
- Castilla -La Mancha: 291
- Murcia: 189
- Aragón: 186
- Cantabria: 171
- Extremadura: 168
- Navarra: 164
- La Rioja: 157
- Asturias: 150
- País Vasco: 88
- Baleares: 59
- Melilla: 34
- Cataluña: 27
El reciente 2024 de Cataluña y Madrid
Para realizar esta estimación, el Gobierno ha dado por bueno que un total de 2.644 menores no acompañados llegaron en 2024 a Cataluña, según la propia Generalitat, lo que supuso un 13,2% más que en 2023 y es la cifra más alta desde 2018 (año récord con 3.709 llegadas).
Por procedencia, un total de 1.099 de estos 2.644 menores provienen de países del África subsahariana como Angola, Botswana, Burkina Faso, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Guinea, Etiopía, Ghana, Liberia, Malí, Nigeria, Ruanda, Somalia o Gambia. El segundo grupo más mayoritario es el de Marruecos, con 1.039 menores, y el tercero es el del Magreb excluyendo Marruecos, que son 369 menores de Argelia, Túnez y Libia.
La Comunidad de Madrid, por su parte, atendió a lo largo del año pasado a 2.400 menores extranjeros no acompañados. Del total de esta cifra, además, un total de 1.100 llegaron a la región a través del aeropuerto de Barajas. Por eso, la Comunidad exige un control más riguroso las fronteras aéreas, aplicando visados de tránsitos a los visitantes llegados desde Mauritania o Egipto, principales países emisores de migrantes irregulares
El atasco del mes de julio
El acuerdo del Gobierno y Junts se plasmará, en un principio, dentro de 30 días en una votación en el Congreso donde se espera que todo el bloque de investidura permanezca unido. Y, de esta manera, el Gobierno podrá pasar página de lo ocurrido el pasado julio, cuando PP, Junts y Vox vetaron una reforma de la ley de extranjería que permitía distribuir a esos jóvenes entre las distintas comunidades.