Carles Puigdemont tiene que encontrar esta semana la salida al laberinto de la cuestión de confianza. La Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, una de cuyas tareas es ordenar los trabajos de las sesiones plenarias, se reúne este martes, como es habitual, y entre sus cometidos está elaborar el borrador del orden del día del pleno de la próxima semana -además de contar con la opción de modificar el que arranca este martes-.
La semana que arranca el 24 de febrero es cuando a Junts le corresponde, por disponibilidad de cupo, llevar a pleno una de las iniciativas que ya han sido calificadas por la Mesa de la Cámara Baja, según fuentes parlamentarias. La más candente, que fue calificada tras un acuerdo por el Gobierno hace tres semanas, es la proposición no de ley (PNL) que pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez “considerar” la opción de presentar una cuestión de confianza.
Desde su sorpresiva formulación y presentación, al arranque de diciembre, en dos ocasiones la Mesa, controlada por la mayoría del PSOE y de Sumar, evitó calificarla. En un primer momento, los letrados de la Cámara se pusieron de perfil en un informe jurídico que los socialistas aspiraban a usar para justificar su rechazo a la PNL; luego vinieron las advertencias de Junts, y hasta la congelación de las relaciones con el Gobierno.
Con el pacto para aprobar una parte del derogado real decreto ley ómnibus a través de un decreto más light, cargado de medidas sociales, los de Puigdemont viraron 180 grados y pasaron a avalar con sus votos políticas como la revalorización de las pensiones, pese a que las habían tumbado escasos días antes. El acuerdo con el Ejecutivo hizo que levantaran esta suerte de cuarentena apenas 11 días después de declararla.
La parálisis de la iniciativa no vinculante con la que reclamaban a Sánchez esa cuestión de confianza fue la justificación que dieron los independentistas catalanes a este bloqueo.
Su acuerdo con el PSOE sobre el nuevo decreto ómnibus (convalidado por el pleno la semana pasada), les llevó a modificar y a suavizar el texto, para dejar aún más claro que nadie, salvo el presidente del Gobierno, puede presentar una cuestión de confianza.
Desde entonces, la iniciativa no vinculante, que había copado titulares durante semanas, pasó a un discreto segundo plano. Se espera que Junts tome una decisión este martes. Tanto en el PSOE como en Sumar dicen desconocer sus intenciones sólo un día antes.
Según confirman fuentes parlamentarias, básicamente tienen tres opciones sobre la mesa: llevar la PNL al pleno de la próxima semana para su debate; dejar correr el cupo, y por tanto renunciar a esta oportunidad, o debatir sobre cualquier otra de las iniciativas que ya tienen registradas, y que han sido calificadas por la Mesa. Forzando los tiempos, podría registrar otra iniciativa para que el órgano de gobierno de la Cámara pudiera calificar antes del próximo pleno.
En el registro del Congreso sólo constan tres PNLs de Junts: una para “la cesión inmediata a Cataluña de la totalidad de los suelos residenciales, solares y viviendas de titularidad de la SAREB en Cataluña”; otra para la modificación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, y una tercera para “la activación inmediata de hasta 15.000 millones de euros para paliar los daños ocasionados por la DANA mediante la modificación de los actuales Presupuestos Generales del Estado”.
Apenas dos semanas después de que la Mesa calificara por fin su iniciativa, y de que volvieran a sellar una nueva y frágil tregua con el PSOE, Junts tiene en su mano abordar ya la iniciativa de la discordia. La misma que ha reclamado llevar a pleno durante casi dos meses.
Y esta encrucijada se les plantea cuando los de Puigdemont negocian con el Gobierno un acuerdo para la cesión a Cataluña de algunas competencias en materia de inmigración. Un pacto que desde el Ejecutivo llevan vendiendo como inminente desde diciembre. Y están a las puertas de abordar oficialmente las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado para 2025.
Hay dirigentes socialistas que reconocen haber contribuido a hinchar este balón, retrasando la calificación y el debate de una iniciativa que no es vinculante. Y que está aún más desdibujada con su nueva redacción.
La PNL, si Junts, PP y Vox votan lo mismo, supondría visibilizar que el Gobierno no siempre controla la mayoría de la Cámara, un extremo del que ya habido varios ejemplos. Los últimos, en el pleno extraordinario del mes de enero.
Sánchez no tiene la menor intención de someterse hoy a una cuestión de confianza, y sólo él tiene en su mano activar estos resortes. Hasta ahora, la iniciativa ha sido una suerte de patata caliente para el PSOE -Sumar nunca puso muchas trabas a su debate-. Ahora es Junts quien tiene que decidir.