Este periódico, en el que escribo semanalmente, es tan constitucionalista que ha elegido por título el Artículo 14 de la Constitución española. Vamos a escribir de los Presupuestos Generales del Estado y de su hipotética reiteración en el fracaso que significa su prórroga. El artículo 134 de la Constitución, y resumo, señala que “corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes su examen, enmienda y aprobación; que tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal; que el Gobierno los presentará al menos tres meses antes de la expiración del año anterior y que si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del siguiente ejercicio, se considerarán automáticamente prorrogados los del anterior”. Y en esas estamos.
En un interesante documento del Ministerio de Hacienda titulado “Introducción a la lectura de los Presupuestos Generales del Estado” se indica que “constituyen uno de los instrumentos más importantes de la política económica del Gobierno, en los que se plasman los objetivos estratégicos de las distintas políticas y de los recursos asignados para su cumplimiento”.
Este Gobierno de supuesta y cacareada mayoría progresista, reformista, feminista y, ahora, regeneracionista, cuenta con muchas papeletas para que por segundo año consecutivo no tenga presupuestos actualizados. Esto pone de manifiesto la fragilidad alarmante que sufre día sí y otro también el Gobierno en el restrictivo Parlamento español. Pero la culpa ya no solo será achacable al PP, sino a los infieles y volátiles socios progresistas que constituyeron la mayoría que eligió al presidente Sánchez, presidente
Este hecho no es un drama, pero sí es una anomalía, un fracaso de la política y una pésima noticia para el país y sus habitantes. Pues quiere decir que los Presupuestos Generales del Estado se va a hacer con los criterios que inspiraron los de 2023, estaremos antes una prórroga de la prórroga. En el mundo de hoy, a la velocidad que suceden los acontecimientos, dos años son una eternidad. La carencia de una Ley Presupuestaria no solo impide que la Administración disponga de un marco actualizado de gestión y de proyectos, implica que los contribuyentes carezcan de esas referencias. Un ciudadano simple, como el que esto escribe, conoce por los Presupuestos la presión fiscal a la que estará sometido y también las posibles ayudas, prestaciones o beneficios que puede recibir a lo largo del ejercicio, lo que le permite prever su año inmediato. Pero, si me apuran, peor es para el Gobierno, pues la Unión Europea, tras la elasticidad presupuestaria de la pandemia, se propone meter en cintura los gastos, la deuda y el déficit crónico y estructural de los Gobiernos.
Aunque algunos autores se remontan a orígenes medievales, se suele fijar la concepción moderna de los Presupuestos en el Estatuto de Bayona, que preludió la Constitución de Cádiz, que determinó los cimientos de la moderna hacienda española. La corta vida de la doceañista no le alcanzó para exhibir unos presupuestos. Hubo que esperar al retorno del absolutismo de la mano de Fernando VII y su ministro Luis López Ballesteros para disponer de un documento digno de tal nombre que abordara la planificación de la economía española tras los avatares de la guerra de Independencia y de las consecuencias de la emancipación de los países americanos.
Desde la reinstauración de la democracia, no ha habido presupuestos en 1978, 1979, 1983, 1990, 1996, 2012, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2024. La celebración de elecciones o la debilidad parlamentaria de los Gobiernos de turno explican la falta de los mismos. Llama la atención que, desde 2016, en cinco ocasiones no se ha dispuesto de Ley Presupuestaria.
Pero al Gobierno parece no importarle, le resbala. El presidente, secundado por sus corifeos, ya ha dicho que el Gobierno está dispuesto a cumplir su agenda progresista y regeneracionista con Presupuestos o sin ellos. Esta respuesta de Sánchez es tan original, insólita y atrevida como tantas otras suyas. El rechazo al proyecto de Ley de Presupuestos es una bofetada para cualquier Gobierno, pues representa una reprobación parlamentaria de su política y una expresión manifiesta de desconfianza hacia su gestión y planes. No es fácil, como hace el presidente, mirar para otro lado y reaccionar como si la cosa no fuera con él. La mayoría de sus antecesores en el cargo, empezando por Felipe González y sus sosias Rodríguez Zapatero, y siguiendo por Suárez y Rajoy, no lo leyeron así. Entendieron que esa reprobación era una moción de censura encubierta y se inclinaron por el adelanto electoral.
Pero el presidente no parece considerar ni la convocatoria de elecciones ni la presentación de una cuestión de confianza. Se inclina por, como si nada pasase, seguir al frente de un ejecutivo reprobado por el Parlamento y gobernando con una fragilidad pasmosa. No es lo mejor para la gestión del Gobierno, ni para el parlamentarismo, ni para la salud de la democracia española.