Es un giro significativo en la lucha contra el odio en línea. A raíz de lo sucedido en Mocejón con el asesinato de Mateo, un niño de apenas 11 años, la Fiscalía ha propuesto un cambio legislativo que podría tener un impacto trascendental en el uso de las redes sociales en España. La iniciativa, impulsada por el fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, pretende prohibir el acceso a plataformas digitales a aquellas personas que utilicen estos espacios para difundir discursos de odio y promover la discriminación. Es decir, que promuevan o apoyen las denominadas campañas de odio.
El anuncio se produce en un contexto marcado por la proliferación de estas campañas de odio en redes sociales. Especialmente, tras incidentes de alta repercusión mediática como el reciente crimen de Mocejón. Según ha explicado el propio Aguilar en una entrevista concedida a Cadena Ser, es necesario introducir “perfeccionamientos técnicos” en el Código Penal para que los autores de estos delitos no solo enfrenten las consecuencias legales habituales, sino que también se les impida el acceso a los medios que utilizaron para cometer sus crímenes.
Esta propuesta, que ha generado un debate inmediato en las redes sociales, pretende añadir una nueva dimensión a las penas actuales, centrándose en cortar de raíz el acceso a las plataformas que permiten la difusión de estos mensajes. Para Aguilar, no se trata solo de castigar, sino de prevenir futuros incidentes al limitar las herramientas que facilitan la propagación de discursos de odio.
¿Qué dice el Código Penal en estos momentos sobre las campañas de odio en las redes sociales?
Las redes sociales dominan nuestro día a día desde hace unos cuantos años | Licencia Unsplash
Actualmente, el Código Penal español contempla penas que van desde multas hasta prisión para quienes incitan al odio, la violencia o la discriminación. Sin embargo, la realidad digital ha mostrado que estas medidas son insuficientes para frenar la creciente ola de campañas de odio que se difunde a través de las redes sociales. Durante su entrevista en Cadena Ser, Aguilar subrayó la importancia de adaptar las leyes a los nuevos desafíos que plantea el entorno digital. Es simple: nuevos medios, nuevas legislaciones.
La propuesta de la Fiscalía se enmarca en una corriente creciente en Europa y otros lugares del mundo donde se busca endurecer las normas que regulan el discurso online. Países como Alemania han implementado leyes que obligan a las plataformas a retirar contenido ilegal en un plazo muy breve, bajo amenaza de fuertes multas. En este sentido, la iniciativa española podría ser un paso más en esa dirección. A fin de cuentas, busca sancionar a los responsables, sí, pero también incapacitarles para reincidir en el uso de redes sociales para promover campañas de odio. Desde luego, se alinea con ese plan de regeneración democrática que presentó Pedro Sánchez hace unas semanas.