Pedro Sánchez ha logrado soliviantar a sus socios estos días al afirmar que gobernarán con o “sin el concurso del poder Legislativo”. Si bien el PSOE ha intentado matizar el discurso de su secretario general de este sábado, en Moncloa se reafirman en el mensaje del presidente.
Ante la “negativa permanente” del Congreso, que ya ha tumbado leyes de calado, en el Ejecutivo advierten de que cuentan con “otros instrumentos”, como los reales decretos -no confundir con los reales decretos ley-, o con los reglamentos. “La tarea no acaba en el legislativo”, aseguraron desde Moncloa este martes, incidiendo en que van a “agotar” la legislatura.
A diferencia de los proyectos de ley, de los reales decretos ley o de las proposiciones de ley (a iniciativa de los grupos parlamentarios), los reglamentos y los reales decretos no tienen rango de ley, y sirven para desarrollar y aterrizar normas de más enjundia. Desde el arranque de la legislatura, en el PSOE han incidido en que en su anterior etapa lograron aprobar más de 200 leyes, y que por tanto aún tienen mucho trabajo por delante para desplegarlas. Creen tener pista para actuar desde el Ejecutivo, sin estar siempre atados a los equilibrios parlamentarios.
Éste es hoy el escenario al que se aferran en el Gobierno, ante la posibilidad cada vez más corpórea de que se vean obligados a prorrogar por segunda vez los Presupuestos Generales del Estado para 2023, y de que la dinámica de parálisis legislativa se mantenga.
Con una mano, el Ejecutivo advierte a todos sus socios, y en particular a Junts per Catalunya, de que está dispuesto a resistir incluso sin apoyos parlamentarios. Con la otra, el portavoz en el Congreso, Patxi López, tilda de “ridículo” que fuerzas como Compromís, los Comunes, el PNV o Podemos “compren” lo que considera una interpretación interesada de las palabras de Sánchez.
En rueda de prensa desde la Cámara Baja, López afirmó que seguirán “peleando” para que todas las iniciativas que deban pasar por el Congreso logren “mayoría”. Precisó que el presidente planteaba que seguirán gobernando “sabiendo que, a veces, el poder Legislativo no iba a estar de acuerdo” con alguna de las medidas que tratasen de impulsar. Esto ya ha ocurrido: desistieron de presentar las cuentas públicas para 2023, retiraron la ley del suelo, y asistieron al derrumbe de normas como la que trataba de prohibir el proxenetismo. O la reforma de la ley de extranjería, que abrió una grieta que aún hoy no han logrado cerrar.
El escenario de un Ejecutivo sin el timón de la mayoría parlamentaria preocupa especialmente en las filas del socio minoritario de la coalición de gobierno, Sumar. Si bien el portavoz del partido de Yolanda Díaz y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, evitó el lunes valorar las palabras de Sánchez, y sólo prometió que intensificarían los esfuerzos para lograr a pactos con el resto de formaciones, sus compañeros de grupo fueron más críticos el martes.
Águeda Micó (Compromís), llegó a plantearse si sus declaraciones evidencian su “prepotencia” o su “cutrerío”. Íñigo Errejón, portavoz parlamentario, interpretó que Sánchez aludía a que “no tiene una aritmética sencilla”, aunque advirtió que estos son los equilibrios con los que deben trabajar. “Es el Parlamento que han votado los españoles, así que toca hacerse cargo”, advirtió.
La esperanza del Gobierno, el congreso de Junts
Por otro lado, el Ejecutivo mantiene que llevarán los Presupuestos a la Cámara Baja en cualquier escenario, incluso si no logran establecer las bases para un acuerdo que los haga viables. Sostienen que aún “queda tiempo” -20 días hasta el aterrizaje de las cuentas en el Congreso-, e incluso afirman que Junts, el socio ocasional, necesario y menos alineado con el Gobierno, aún no ha expresado su rechazo.
De hecho, Junts ha sido una pieza fundamental para hacer naufragar varias normas, entre ellas la ley de amnistía en un primer momento, y en el Ejecutivo esperan hoy que “recapaciten”. La intención es buscar un punto de encuentro sobre las cuentas lo antes posible, pero también reconocen tener la vista puesta en la fase que se abrirá “después” de su congreso, en octubre.
En Sumar, fuera de cámara, hay quienes asumen que Junts no tiene “incentivos” para aprobar las cuentas, pero también quienes les recuerdan que es “el resorte de poder” político que aún les queda. La votación de la senda de déficit, recién aprobada en Consejo de Ministros, servirá de termómetro, aunque su aval o rechazo no permita anticipar qué votará el partido de Carles Puigdemont cuando toque hablar de presupuestos.