No hay semana sin jarana. El Gobierno vuelve a terminar otros siete días de altibajos. Ya contamos hace meses en Artículo 14 que Pedro Sánchez y su núcleo suelen refugiarse en la agenda exterior cuando el ecosistema político patrio se pone ingobernable. El líder del ejecutivo se desenvuelve muy bien en los foros internacionales, donde disfruta de una ascendencia que el Congreso le niega. Tras unos días de relativa paz en Nueva York, el presidente volvió a encontrarse con los problemas nacionales al pie de la escalerilla del avión.
Poco ha importado que esta semana no hubiera plenos en el Congreso o el Senado o que la Audiencia de Madrid se haya visto obligada a posponer su decisión sobre la investigación del juez Peinado a Begoña Gómez. En lo que va del lunes al domingo, el Gobierno ha visto de todo: Sumar reclamándole más contundencia contra Israel o empujando a la ministra de Vivienda para que comparezca en el Congreso, Bildu anunciando por su cuenta un acuerdo para derogar la ley de Seguridad ciudadana, un rifirafe entre Yolanda Díaz y Elma Saiz a cuenta de las bajas flexibles, la ruptura de las conversaciones para lograr un pacto en materia de migración, Ferraz obligada a parar la rebelión del PSOE de Castilla y León, Page negándose al cupo catalán desde el mismo palacio de La Moncloa o los socialistas en el Senado dejando que les colaran en sus narices un acto ultra en la cámara.
“Están en ese momento en el que el barco está tan deteriorado que le salen vías de agua por todas partes”, celebran desde el PP donde muchas voces creen que, salvo un golpe de efecto presupuestario, la legislatura terminará cayendo por su propio peso. Para que eso no pase, está trabajando el equipo más cercano de Sánchez. Dos semanas después de la peregrinación de Santos Cerdán al santuario independentista de Ginebra, las negociaciones con Junts siguen de forma discreta en pos de afianzar la senda de estabilidad.
La versión oficial es que no hay versión oficial. Moncloa quiere ser absolutamente discreta para evitar que cualquier matiz declarativo pueda dar al traste con todo. Visto lo visto, el Gobierno no se marca una fecha tope para devolver la senda al Congreso. “En las próximas semanas”, es la nebulosa en la que se encuadra la llegada de esta primera piedra presupuestaria a la Carrera de San Jerónimo. Hacienda querría despacharla antes de los congresos de ERC y Junts, para ponerse a tope con los Presupuestos cuando pasen los cónclaves, pero ya nadie quiere pillarse los dedos, obligando a Montero a otra retirada. En los corrillos los principales diputados del PSOE se esfuerzan en aparentar seguridad y dan por hecho que las negociaciones “van como tienen que ir”. El Ejecutivo, paralelamente a sus charlas con los de Puigdemont, va repartiendo gestos entre el resto de los socios de la investidura. En ese marco se ubica el desbloqueo de la llamada ley mordaza, aunque en este caso se da la paradoja de que estas golosinas que Sánchez reparte también deben tener el placet de Waterloo cuando vayan a concretarse.
Asumido que habrá que prorrogar al menos un par de meses las cuentas, no se quiere dar la sensación de que Junts tiene la sartén por el mango. Hacienda ya ha dejado claro que la propuesta inicial de los postconvergentes es inasumible y asegura que no cederá a que el déficit se reparta por tercios (un 0,8 para Ayuntamientos, un 0,8 para Comunidades y otro 0,8 para el Ejecutivo central). Lo que sí aceptan en el equipo de Montero es que habrá que quitarse “parte del tesoro bajo nuestro colchón, para cedérselo a los gobiernos autonómicos y a los consistorios”, aunque nadie dice dónde se pondrá el listón.
Fuentes solventes del Gabinete subrayan que habrá que utilizar la fórmula de siempre en las negociaciones y lograr que “las propuestas de máximos bajen de los picos al valle donde todos nos podamos sentir a gusto”, pero a tenor de lo ocurrido esta semana, antes de llegar al relajo de la hondonada (si se llega) habrá que seguir unos meses más en esta montaña rusa política de subidas y bajadas.