El caso Begoña Gómez va a seguir en el primer plano de la actualidad durante varias semanas, por lo que vale la pena repasar en qué momento nos encontramos del mismo.
¿Por qué no declaró?
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, no compareció el pasado viernes debido a un contratiempo procesal. Según su abogado, Antonio Camacho, la declaración se aplazó porque la querella presentada por la asociación Hazte Oír no había sido notificada a su defensa hasta ese mismo día. Esto impidió a Gómez y su equipo conocer los detalles específicos de las acusaciones con suficiente antelación para preparar su defensa. “No se puede pretender tomar declaración a alguien dándole una querella cinco minutos antes”, declaró su abogado, Antonio Camacho.
¿Cuándo lo hará?
La nueva fecha programada para la declaración de Begoña Gómez es el 19 de julio. Este aplazamiento otorga a la defensa de la mujer del presidente del Gobierno el tiempo necesario para revisar la querella y preparar una respuesta adecuada a las acusaciones planteadas. Su abogado aseguró el viernes que su representada estaba dispuesta a cooperar, dando a entender que podría declarar en vez de acogerse a su derecho a no hacerlo. Eso sí, ni lo confirmó con claridad ni dejó de subrayar que cooperaría siempre y cuando le explicaran con claridad los hechos que se estaban investigando.
¿De qué la acusan?
La querella de Manos Limpias, que motivó la citación de Gómez, se centra en supuestas irregularidades en contratos que, según la asociación, podrían demostrar tráfico de influencias gracias a su matrimonio con Pedro Sánchez. La defensa de Begoña Gómez insiste en que los contratos en cuestión han sido trasladados a la fiscalía europea y no son objeto de esta declaración. “Si los contratos investigados se han ido a la fiscalía europea, los hechos no afectan a mi representada“. La falta de claridad en la investigación y la referencia a la denuncia inicial sin mencionar la querella reciente han sido puntos de crítica por parte de la defensa.
¿Qué dice su defensa?
Antonio Camacho, abogado de Gómez, ha expresado su desconcierto y malestar ante lo que considera una gestión irregular del proceso judicial. En sus declaraciones, Camacho dejó abierta la posibilidad de que el retraso en la notificación de la querella podría ser un error humano, aunque también insinuó que podría haber un intento deliberado de prolongar el proceso judicial. “Quisiera pensar que es un error humano. Tanto mi defendida como yo, creemos en la administración de justicia”, comentó. No obstante, subrayó la falta de explicaciones recibidas por parte del juez Peinado respecto a la nueva querella. Además, destacó que investigar todos los actos de una persona desde que su cónyuge asumió un cargo político puede interpretarse como una investigación prospectiva, práctica que está “prohibida terminantemente” por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
¿Qué ha hecho Pedro Sánchez?
Pedro Sánchez, aunque no ha hecho declaraciones públicas específicas sobre el aplazamiento de la declaración de su esposa, ha sido un punto focal en la narrativa de la defensa. La relación de Gómez con Sánchez es un factor que, según Camacho, ha contribuido a la presión y al escrutinio sobre Gómez. Este contexto sugiere que la querella y la investigación podrían estar influenciadas por la posición política de Sánchez, lo que añade una capa de complejidad al caso y a las acusaciones.
¿Es esto lawfare?
De acuerdo el diccionario de Oxford, lawfare es el uso de acciones legales para causar problemas a un oponente, es decir, una guerra por medios jurídicos. Camacho ha explicado que no entiende las posiciones del juzgado al llamar a Gómez como investigada y como testigo. “Todo este procedimiento está lleno de singularidades. Sé perfectamente lo que es normal y lo que es radicalmente anormal”, aseveró. Sin embargo, al ser cuestionado sobre si toda esta situación se trataba de un caso de lawfare, Camacho negó rotundamente esa información. “No he dicho eso. No se corresponde con lo que suele ser habitual en el funcionamiento de los juzgados y tribunales. A los jueces les corresponde la tutela de los derechos de los investigados y de las partes en el procedimiento. Y deben velar por ella porque forma parte de la función jurisdiccional”, finalizó.