El caso de Miguel Ángel Blanco vuelve a la actualidad judicial con la posibilidad de ser reabierto. La junta de fiscales de sala de la sección penal del Tribunal Supremo (TS) se ha reunido recientemente para decidir si la Fiscalía apoyará los recursos presentados por las acusaciones del caso. La Audiencia Nacional archivó la causa al considerar que los hechos habían prescrito. Sin embargo, la mayoría de los fiscales del TS sostiene que no debería haberse tomado esa decisión. La última palabra la tiene ahora la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, quien deberá resolver si la Fiscalía se adhiere a los recursos que buscan revertir el archivo.
La decisión del Tribunal Supremo y el papel de la Fiscalía
El asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997 marcó un antes y un después en la lucha contra ETA. Sin embargo, el caso judicial que busca depurar responsabilidades sobre los autores intelectuales de su secuestro y asesinato ha sido objeto de una intensa batalla legal. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivó recientemente la causa contra los exjefes de ETA María Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’, Miguel Albisu Iriarte, ‘Mikel Antza’, e Ignacio de Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’. ¿Por qué motivo? Básicamente, consideraron que los hechos habían prescrito.
La decisión fue recurrida ante el Tribunal Supremo por el Partido Popular y la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia (DyJ). Ahora, el debate se centra en si la Fiscalía apoyará esos recursos. En la reciente reunión de la junta de fiscales, 13 de sus miembros se han posicionado a favor de reabrir el caso Miguel Ángel Blanco. Por contra, solo tres han defendido otra postura. No obstante, al existir opiniones divergentes entre los dos jefes de la sección penal del Supremo, la decisión final ha recaído en la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde.
¿Han prescrito los hechos del asesinato de Miguel Ángel Blanco?
Uno de los puntos clave del caso Miguel Ángel Blanco es la cuestión de la prescripción. La ley establece que el plazo máximo para investigar delitos como el asesinato de Miguel Ángel Blanco es de 20 años. La Audiencia Nacional interpretó que ese período había transcurrido. Por eso decidió archivar la causa. Sin embargo, la mayoría de los fiscales que han analizado la situación sostienen que los hechos no han prescrito y que la Audiencia Nacional no tenía competencia para tomar esa decisión.
Imagen de archivo de un homenaje a Miguel Ángel Blanco en Logroño | EFE/ Raquel Manzanares
El fiscal Álvaro Redondo, cuya ponencia ha sido respaldada por la mayoría de la junta de fiscales, argumenta que la resolución de la Audiencia Nacional es nula de pleno derecho. Si la Fiscalía apoya finalmente los recursos, el Tribunal Supremo podría considerar que el caso de Miguel Ángel Blanco debe seguir adelante.
El debate dentro del Ministerio Público sobre el caso de Miguel Ángel Blanco ha sido intenso. En la Audiencia Nacional, el fiscal Vicente González Mota defendió que los hechos no estaban prescritos. Sin embargo, la mayoría de sus compañeros no compartió su postura. Eso le llevó a renunciar al caso. Finalmente, la Fiscalía apoyó los recursos de apelación en esa instancia, facilitando el archivo del proceso. Ahora, la situación ha llegado al Tribunal Supremo, donde la mayoría de los fiscales ha expresado su apoyo a la reapertura del caso Miguel Ángel Blanco.
Sin embargo, hay voces que creen que Sánchez Conde podría seguir la línea marcada por la Audiencia Nacional y oponerse a la reapertura. No sería la primera vez que la teniente fiscal se desmarca de la mayoría en asuntos controvertidos. Ya lo hizo cuando la Fiscalía debatió si apoyar la investigación contra el expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic, un proceso que terminó archivado.