El 20 de junio de 2024, la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia decidió reabrir la causa judicial contra Mónica Oltra, exvicepresidenta del Consell y exconsellera de Igualdad, junto a otros quince cargos de su departamento. Esta decisión, que marca un nuevo capítulo en uno de los casos más controvertidos de la política valenciana reciente, ha suscitado un gran interés mediático y público. ¿Qué ha llevado a esta reapertura y qué implica para los involucrados?
¿Qué es la causa contra Mónica Oltra?
La causa se centra en la gestión de los abusos sexuales sufridos por una menor tutelada por la Generalitat Valenciana. Abusos cometidos por el exmarido de Mónica Oltra, quien era educador en el centro de acogida donde residía la víctima. En abril de este año, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia decidió archivar provisionalmente la causa. Consideró que las acusaciones no se sostenían racionalmente tras las diligencias practicadas. Sin embargo, esta decisión no fue unánime y generó una serie de recursos que han llevado a esta reapertura de la causa.
Los recursos y la decisión de la audiencia
La Fiscalía decidió no recurrir el archivo, pero la defensa de la menor abusada, Vox y la asociación Gobiérna-te, liderada por la fundadora de Vox, Cristina Seguí, presentaron recursos contra esta decisión. Argumentaron que existían suficientes indicios de infracción penal para continuar con el proceso judicial.
La Audiencia de Valencia estimó parcialmente estos recursos. Por lo visto, entienden que no puede “descartarse claramente” la existencia de infracción penal y concurren indicios suficientes para encausar a los investigados. Los magistrados consideran plausible la hipótesis de que las autoridades de la Conselleria de Igualdad podrían haber intentado ocultar los abusos cuando la noticia llegó a su conocimiento.
¿Por qué se reabre la causa contra Mónica Oltra?
Los magistrados han señalado que, según la evidencia disponible, la Conselleria podría haber emitido un informe ficticio negando los indicios de abuso, sin siquiera entrevistar a la menor. Además, no se denunció el hecho al Ministerio Fiscal, lo que impidió que se ejerciera el control legal pertinente. La menor continuó en riesgo, ya que el educador fue reincorporado a su puesto de trabajo en el centro de acogida. No fue hasta tres meses después, cuando la menor relató los abusos a la Policía Nacional, que se inició una denuncia formal que culminó en la condena del educador.
La decisión de la Audiencia de Valencia implica que todos los investigados se enfrentarán a la apertura de un juicio oral. Este proceso permitirá una mayor amplitud en la evaluación de las pruebas y testimonios, con el propósito de esclarecer las circunstancias y responsabilidades en este caso. El juez de Instrucción deberá dictar un auto de procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento. Lo que supondrá el paso previo a la apertura formal del juicio oral. Este desarrollo añade una nueva dimensión al caso, complicando tanto el futuro judicial como político de Mónica Oltra y el resto de implicados.