Hay pocos titulares de los que se puedan sacar tantas lecturas como del que ha dejado este jueves Isabel Rodríguez. La ministra de Vivienda advirtió a las comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por el PP, de que el Gobierno cortará las transferencias para políticas de vivienda si estas administraciones no cumplen con la ley estatal en esta materia. Si siguen mostrándose “insumisas” ante una norma que, de acuerdo al reparto de competencias, son ellas quienes pueden o no aplicar. Si no lo hacen, el Ejecutivo sostiene que puede cerrar el grifo, impidiendo que reciban hasta un 75% del total que suelen emplear en estas partidas.
El anuncio de la ministra socialista, en una entrevista en La Hora de la 1 (TVE), seguía la estela de la propuesta que Yolanda Díaz lanzó diez días antes. Fue inmediatamente rechazado por Andalucía, por considerar que se trata de un chantaje. En los grupos más a la izquierda lo interpretaron como una suerte de cortina de humo para ocultar que el PSOE no quiere avanzar en esta materia, y por eso distrae confrontando con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
En las filas socialistas había cierto alivio por empezar a ver nuevas propuestas concretas en la materia, toda vez que en junio se convirtió en la principal preocupación de los españoles según el CIS. Y funcionaba como una pequeña bombona de oxígeno en Sumar. “Siempre es igual: cuando lo proponemos es imposible y extremo. Después lo acaban adoptando los demás”, aseguró el portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, considerando el anuncio “una buena noticia”.
Con la reducción de la jornada laboral que negocia la vicepresidenta segunda aún atascada, y con el retraso de la negociación presupuestaria, que les impide vender medidas concretas, este paso de Rodríguez aliviaba levemente la tensión acumulada. Borrar por completo su hartazgo se les antoja casi imposible.
“Que no haya Presupuestos, no, pero la vivienda se va a llevar por delante al Gobierno”, asumían esta semana fuentes de la alianza que representa Díaz. Si para Unidas Podemos Margarita Robles o Nadia Calviño ejercían como sus principales antagonistas dentro del propio Consejo de Ministros, la titular de Vivienda se está convirtiendo en la bestia negra de los de Sumar.
La petición de solidaridad de Rodríguez a los caseros fue acogida con ira entre las filas del socio minoritario, y hasta con ironía entre algunos aliados parlamentarios, que consideran que Rodríguez no tiene la menor intención de actuar. “Están a un paso de pedirle a la Virgen del Rocío que baje el precio de los alquileres”, disparó el miércoles Ione Belarra, parafraseando a la exministra de Trabajo Fátima Báñez.
Después de que Junts cambiara el sentido de su voto sobre la bocina para hacer descarrilar la ley para regular los alquileres temporales, los partidos de Sumar se reafirman en que éste debe ser el gran caballo de batalla, en paralelo al debate sobre la jornada laboral. No entienden que Rodríguez no hiciera propia esta norma, que no le diera foco. Más allá de lo discursivo, creen que si hay una materia con la que no se puede tardar más es precisamente con ésta, y por eso volverán a presentar su proposición de ley, redactada por el Sindicato de Inquilinos.
Esto no sólo les lleva a colisionar con la ministra, toda vez que fue Junts quien dinamitó la norma. Hoy le preguntan con sarcasmo si deben sentarse a negociar con Foment del Treball (la principal organización patronal de Cataluña) para conocer cuál es la posición del partido sobre esta materia. Creen que el partido de Carles Puigdemont tomará nota.
Sólo la aplica Cataluña
Entre las medidas recogidas por la ley de vivienda se encuentra la opción de declarar zonas de alquiler tensionado para topar los precios de los alquileres cuando se desboquen. Hasta la fecha, sólo Cataluña ha aplicado la norma, que entró en vigor en mayo de 2023. Asturias, País Vasco y Navarra estudian también su despliegue, y en ninguna de ellas gobierna el PP.
Por lo pronto, Vivienda no da cifras, más allá de afirmar que la Administración General del Estado financia entre el 70 y el 75% de las políticas de vivienda que desarrollan las comunidades autónomas. “Si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la Ley, desde el Ministerio se condicionará la financiación a que se está cumpliendo y aplicando la Ley de Vivienda”, advierten desde su equipo. Según los cálculos del equipo de Díaz, el importe de las transferencias del Estado a las CCAA con estos fines ronda los 2.000 millones de euros.
Más allá de la distribución de las competencias, de las presiones por los intereses en juego, el PSOE suele esgrimir la enorme dificultad técnica que entraña legislar sobre esta materia. La ley de vivienda, que en dos ocasiones fue un requisito indispensable del socio minoritario para aprobar los Presupuestos con el PSOE, fue probablemente de las más complicadas de vertebrar. Vio la luz apenas un mes antes de que Sánchez disolviera las Cortes y convocase elecciones, al límite de la legislatura.
La regulación de alquileres temporales; la regulación de los pisos turísticos y la subida del IVA a los mismos, o la creación de más vivienda pública, son sólo algunas de las propuestas con las que presionarán a sus socios. Tras más de un año cayendo en las encuestas, debilitados por las heridas internas y la crisis de liderazgo tras la dimisión de Díaz, la intención es apostar más fuerte por la vivienda. Un elemento diferenciador que, como los permisos de cuidados, se sale de la esfera de las competencias que le tocan o se autoatribuye Trabajo.