El objetivo de Álvaro García Ortiz es blindar su poder en todos los ámbitos de la Fiscalía, según las voces críticas de este estamento del Estado. A ello le está ayudando el Gobierno de Pedro Sánchez. En septiembre de 2024, con el fiscal general ya imputado, el Ejecutivo recogió en la ley de regeneración democrática la creación de dos fiscalías de sala más, la de Delitos Económicos y la de Delitos contra la Administración Pública.
Este martes, el Consejo Fiscal decidió quien ocupará las nuevas plazas. O, más bien, García Ortiz comunicó que dos fiscales afines lo harán: Fernando Rodríguez Rey y Emilio Sánchez Ulled.
Desde la fiscalía general del Estado quieren vender este movimiento en la cúpula fiscal como un “refuerzo de la lucha contra la corrupción de manera complementaria a la Fiscalía Anticorrupción”. Pero las fuentes fiscales consultadas por Artículo14 aseguran que es una estrategia para restar poder al departamento que dirige Alejandro Luzón porque “hace cosas que molestan” a García Ortiz y, de esta forma, los nuevos fiscales podrán evitar que “se le asignen a Anticorrupción ciertos casos de polémicos”.
En esta línea, otra fuente del ministerio fiscal añaden, muy molesta, que esta maniobra es “para tener el control directo de las causas que afectan al Gobierno y a sus rivales políticos”. “Para librar a los primeros y acosar a los segundos”, añade en conversación con este periódico. “Hace un uso inmoderado de su poder”, critican.
La sala más polémica es la de Delitos contra la Administración Pública, que podría interferir en cuestiones como la propia imputación de García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, por desvelar los datos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
De ahí que la Asociación de Fiscales critique el nombramiento: “No es admisible que un Fiscal General del Estado pueda proponer el nombramiento del Fiscal que podría estar encargado de intervenir en un procedimiento que le afecta personalmente o, en todo caso, que podría fijar los criterios de actuación en un asunto por el que está siendo investigado el propio Fiscal General del Estado”, reza el comunicado publicado al término del Consejo Fiscal.
De hecho, en la víspera de la reunión, esta asociación pidió a García Ortiz que se abstuviera en la elección para no comprometer más la imagen de la institución. Pero el fiscal general denegó la petición por considerar que no concurre causa legal en el caso.
Tensión en el Consejo Fiscal
Con estos mimbres, la reunión del Consejo Fiscal de este martes fue tensa. Los seis vocales de la AF se negaron a votar y deliberar sobre el nombramiento. También se unió la vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), María Teresa Gálvez, rechazando así siete de los doce miembros del Consejo Fiscal participar en el polémico nombramiento. García Ortiz tan sólo contó con el respaldo de los dos vocales de Unión Progresista de Fiscales (UPF) y las dos vocales natas del Consejo: la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde y la inspectora, María Antonia Sanz.
En este sentido, fuentes fiscales recuerdan que el fiscal general solo está obligado a “escuchar” al Consejo Fiscal. Por ello, acabó anunciando los dos nombramientos. El más polémico, el de Emilio Sánchez Ulled. Ahora mismo está en servicios especiales ya que desde junio de 2017 es consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas. De 2005 a 2017 fue fiscal delegado de la Fiscalía Anticorrupción y de 2000 a 2002 fue designado como Experto Nacional de la Oficina Europea Antifraude (OLAF) en Varsovia (Polonia).
Eso sí, todas las fuentes consultadas coinciden en la “seriedad y la profesionalidad” del candidato. Pero también resaltan que era el único que fue presidente de la Unión Progresista de Fiscales, asociación de la que forma parte García Ortiz.