Los veinte vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial juraron su cargo ante el Rey hace ya casi un mes. Oficialmente ya hay nuevo órgano de gobierno de los jueces, pero, a efectos prácticos, hasta que estos no se pongan de acuerdo para designar a su presidente es como si nada hubiera cambiado. La Justicia sigue igual de paralizada que durante los más de cinco años que PP y PSOE han bloqueado la renovación del órgano. El Consejo no puede realizar nombramientos ni formar comisiones de trabajo y, ni mucho menos, comenzar a trabajar en la propuesta que tienen que enviar a las Cortes sobre un nuevo sistema de nombramientos.
Este lunes se vuelven a reunir. El pleno está convocado para gestionar los temas de máxima urgencia que no pueden posponerse pese a no tener presidencia. En la reunión se tendrán que resolver las prórrogas de licencias de enfermedad, los procedimientos de jubilación forzosa por edad y de jubilación voluntaria, las declaraciones de compatibilidad con actividad docente y el reconocimiento de trienios.
Había esperanzas de llegar a la cita con un consenso para designar definitivamente al nuevo presidente. Algo que, a esta hora, parece poco probable. Fuentes del CGPJ confirman a Artículo 14 que muchos de los vocales ni siquiera asistirán presencialmente al Pleno. Si bien subrayan que hasta la última hora “se puede acordar por unanimidad introducir en la orden del día una nueva votación”. Mantienen su objetivo de llegar a la apertura del año judicial del 5 de septiembre con presidencia, pero tras tres reuniones fallidas, se encaminan a la cuarta sin atisbos de acuerdo. “Las conversaciones entre los dos bloques se han mantenido en todo momento”, aunque reina el pesimismo.
Al inicio de conformarse, el nuevo Consejo eligió a siete magistrados del Tribunal Supremo como candidatos a su presidencia: Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso. Entre esos siete tienen que elegir a uno por una mayoría de tres quintos. Es decir, como mínimo 12 de los 20 vocales tienen que dar su voto favorable a uno de estos siete candidatos.
El claro favorito del bloque conservador es Pablo Lucas mientras que para los progresistas no hay mejor candidata que Pilar Teso.
Visto el bloqueo, los conservadores propusieron una vía alternativa de designación: “Plantear una consulta entre los jueces para que sea presidente/a quienes ellos digan”, explicaron fuentes del ala conservadora a este periódico. Su plan pasaba por utilizar el sistema informático que se aplica a la elección de los miembros del comité de ética judicial: “La operativa está testada, es segura y funciona”, aseguraron las fuentes.
Una alternativa que el sector progresista rechazó tajantemente “No sé qué pretenden proponiendo eso. Es un problema de concepción. El órgano es un poder del Estado no una cosa de jueces. ¿Estamos hablando del poder judicial o del poder de las asociaciones de jueces?”, denunciaron a Artículo14.
Según las fuentes consultadas, parece que los conservadores habrían abandonado esa idea: “Yo creo que quedaron tan en evidencia que ya se les ha olvidado”. Y subrayan que, aunque “a lo mejor suena mal a los oídos castos”, el sistema en este momento dicta claramente cómo ha de ser la designación.
Para el bloque progresista, Pilar Teso es la candidata con “mejor carrera judicial” y piensan que acabarán “convenciendo” a los conservadores de que tiene que ser ella la presidenta. Apuntan a que el hecho de que sea mujer “es un valor añadido, la guinda del pastel”, pero no solo se extralimitan a eso. Tampoco entienden por qué ahora los conservadores la rechazan cuando, en uno de los intentos de renovación del CGPJ entre PP y PSOE en 2022, Pilar Teso gustó a ambos bandos para postularse como la presidenta del Consejo.
Todas las fuentes consultadas mantienen la esperanza y creen que tendrán presidente para la apertura del año judicial, aunque esto ya será in extremis. “Nos tendríamos que emplazar de nuevo a finales de agosto”, aseguran las citadas fuentes, que reconocen que no es el único acuerdo al que tienen que llegar. Tras la designación de presidente “se abre el melón de acordar una propuesta para enviar a las Cortes un nuevo sistema de designación en el plazo de seis meses”, algo especificado en la ley aprobada tras el acuerdo al que llegaron PP y PSOE para renovar el órgano. Pero eso es un problema muy lejano para un Poder Judicial que no consigue despegar.