El caso Begoña Gómez sigue abierto pese a los augurios del Gobierno. Las instancias superiores a los juzgados de Plaza Castilla respaldan, de diferentes formas, la instrucción del juez Juan Carlos Peinado. Tres querellas contra el juez han sido tumbadas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y dos autos de la Audiencia Provincial de Madrid respaldan la investigación. Por ende, la estrategia de Moncloa para intentar dar carpetazo al caso o, al menos, apartar a Peinado de la causa ha resultado fallida.
Se espera que ahora Peinado dé un impulso a la investigación. “Se siente reforzado”, aseveran fuentes de su entorno consultadas por Artículo14. Aseguran que aprovechará el último año y medio que le queda para jubilarse para seguir investigando y que, incluso, no descarta terminar su instrucción enviando una exposición razonada al Tribunal Supremo pidiendo la imputación de Pedro Sánchez.
El último auto del TSJM tampoco admitió la querella que interpuso Begoña Gómez contra el juez. En el escrito presentado por el abogado de Gómez se alegó que se estaba llevando a cabo una investigación prospectiva y que Peinado había dictado resoluciones “arbitrarias sin un foco claro y sin indicios delictivos”, acusándolo de un delito de prevaricación judicial. Además, consideraba que no había respetado el secreto de sumario en muchas ocasiones durante la instrucción por lo que el juez podría estar incurriendo en un delito de revelación de secretos.
Los argumentos que esgrimió la defensa de Gómez son para el TSJM “meras sospechas y conjeturas” que hacen referencia a “una suposición, una opinión de la querellante que no nos permite considerar arbitrarias y prevaricadores las actuaciones”. El tribunal no aprecia “el torticero alejamiento de la norma que alega el querellante”, y por tanto rechaza la querella en línea con lo que solicitó la Fiscalía. Y esto es relevante porque el ministerio público ha acostumbrado a lo largo de toda la investigación a avalar el argumentario de la defensa y reclamar el archivo de la causa.
El TSJM tampoco dejó que prosperara la querella interpuesta por la Abogacía del Estado en representación del presidente del Gobierno contra Peinado por prevaricación. En su caso, los servicios jurídicos del Estado veían prevaricación en llamar a Sánchez a declarar en calidad de “esposo” y no de “presidente” porque entendían que si a Gómez se le imputa un delito de tráfico de influencias es, precisamente, por beneficiarse de su condición de ser ‘mujer del presidente’.
Sin embargo, el tribunal rechazó esta argumentación: “Si bien en términos conceptuales no cabe duda de que el señor Sánchez es presidente del Gobierno las 24 horas de todos los días que dure su mandato, lo que implica su plena disponibilidad para el cargo, no ofrece dudas que también como persona tiene otras facetas también trascendentes que les son inescindibles: como marido, como padre, como ciudadano, como individuo, etc”, sostiene el tribunal. Por tanto, vio lícito que Peinado llamara a declarar al presidente del Gobierno en calidad de esposo. Añade el auto que la querella “paradójicamente” no se interpuso contra otro juez que ratificó la citación de Peinado. El escrito fue muy duro subrayando “el carácter especulativo en que se basa la querella y el prejuicio que destila” y tildando de “extravagante” utilizar a la Abogacía del Estado con este fin. Incluso planteaba uno de los tres jueces que firmaron el auto interponer una multa a la Abogacía por “mala fe procesal”.
La primera de las tres querellas que tumbó el TSJM fue la del periodista Máximo Pradera. En ella también se consideró que Peinado había cometido un delito de revelación de secretos por publicar una nota de prensa en la que se informaba de que se había abierto investigación contra Begoña Gómez. El tribunal la rechazó porque consideró que “la difusión informativa de simples hitos procesales difícilmente puede ser constitutiva del delito de revelación del secreto sumarial previsto en el artículo 466 CP”.
Al fracaso de las tres querellas contra Peinado se une el aval de la Audiencia Provincial de Madrid, que rechazó archivar el caso tal y como pidió el abogado de Gómez. El tribunal ordenó acotar el objeto de la instrucción y dejar fuera la pata que investigaba las relaciones de Begoña Gómez con Globalia. Pero estimó “necesario investigar su actividad” en la Complutense y abrió la puerta a que “no solo” hubiera un “interés profesional en el ámbito docente” de Gómez, “sino también personal en el ámbito empresarial”, al ser administradora de una empresa cuyo objeto coincide con el máster que codirigió.
Además, ratificó que Peinado siga indagando en las adjudicaciones públicas que consiguió el compañero de máster de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés, gracias a unas cartas de recomendación firmadas por Begoña. En este sentido, la Audiencia Provincial se ha pronunciado dos veces en octubre y en mayo donde ya habló de que había “indicios objetivos que apuntaban a una intermediación de la investigada en la concesión de subvenciones (sic) cuando hubiera sido más preciso hablar de ayudas o adjudicaciones de contratos públicos, en favor de terceras empresas, que al tiempo le prestan soporte, ventaja o beneficio en el desarrollo de su exponencial carrera docente, o profesional”.
Un aval judicial que también tiene una clara lectura política. Las afirmaciones del Gobierno aseverando que el juez estaba “pedaleando en la nada” o que estaba llevando a cabo una investigación “burda, miserable y una nulidad de libro” han quedado diluidas con los cinco escritos redactados por ocho jueces diferentes que consideran que hay caso y que la instrucción de Peinado se acoge a la legalidad.