El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta al juez que investiga a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en la que asegura que tiene voluntad de “colaborar” con la Justicia, pero defiende que su declaración como testigo el 30 de julio “se deberá prestar por escrito”.
En la misiva que ha remitido Sánchez y a la que ha tenido acceso Europa Press, el jefe del Ejecutivo asegura que su comparecencia ante el juez Juan Carlos Peinado “resulta inescindible” de su condición de presidente del Gobierno y que por eso su comparecencia debe ser por escrito. “Es mi deber preservar el sentido propio de la institución”, añade.
Sánchez incide en este punto en que la Ley de Enjuiciamiento Criminal diferencia entre la declaración de un presidente por hechos de los que tenga conocimiento por “razón de su cargo” o por hechos ajenos a su ejercicio como presidente. En el primer caso, la norma da la posibilidad de declarar por escrito; en el segundo, no.
En este sentido, insiste en que para “garantizar el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico” y dadas las cuestiones que se investigan en la causa que dirige el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid la declaración “debe producirse conforme a lo establecido en el artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim)”.
El artículo en el que se ampara Sánchez fija que el presidente del Gobierno está “exento de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo”. El abogado de su esposa utilizó el mismo argumento en el recurso que presentó contra la citación del 30 de julio.
El mismo argumento que la defensa de su esposa
El exministro socialista Antonio Camacho, a cargo de la defensa, aseguró que no entendía por qué si el juez está investigando “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por” Begoña Gómez “desde que su esposo es el presidente del Gobierno”, éste decidió desplazarse a La Moncloa y tomarle declaración con la fórmula del artículo 412.3; es decir, por “cuestiones de las que haya tenido conocimiento el testigo pero no por razón de su cargo”.
Sánchez cierra su carta asegurando que no tiene duda de que el juez Peinado “compartirá la necesidad del máximo respeto” al marco constitucional y legal y, por tanto, a lo establecido en la LeCrim “respecto a la institución del presidente del Gobierno”.