El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha -que cuenta con una mayoría absoluta socialista- instará al Gobierno regional para que eleve y urja al Gobierno central que confeccione un nuevo modelo de financiación “adecuado” para la autonomía, el cual deberá garantizar la suficiencia financiera y que no deberá privilegiar, “bajo ningún concepto”, a unos ciudadanos respecto de otros.
Asimismo, el Parlamento autonómico instará al Partido Popular y “en particular” a los diputados del populares de Castilla-La Mancha a que apoyen la senda de déficit que proponga el Ejecutivo. Y es que según fuentes del Gobierno liderado por Emiliano García-Page, dicha senda supone la falta de disponibilidad de 230 millones de euros para la autonomía.
Cabe recordar que el pasado 23 de Julio el PP votó en contra de aprobarla, algo que le reprochan desde el PSOE castellanomanchego: “Significa que todos los españoles y españolas dejarán de percibir los beneficios de las cantidades previstas con tal motivo”.
Con respecto al nuevo modelo de financiación autonómica, los de Page requieren que ese nuevo modelo se negocie con “carácter multilateral” y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Un órgano en el que están representados el Gobierno de España y las comunidades autónomas.
A su vez, en esta propuesta de resolución instan a aprobar con carácter inmediato un fondo transitorio que permita compensar temporalmente a las comunidades autónomas que, con el actual modelo, están “claramente infrafinanciadas, entre ellas Castilla-La Mancha”, hasta que se acuerde el nuevo sistema de financiación autonómica.
También piden incorporar en el nuevo modelo un acuerdo sobre armonización fiscal, en relación con los tributos estatales que se gestionan desde las comunidades autónomas, para que la ciudadanía pague los impuestos en función de su capacidad económica y no en función de donde resida, y que debe ser compatible con la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal.
Por último, exigen que se aborde entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas una reestructuración de la deuda pública de cada región, que esté vinculada al mal funcionamiento del actual modelo de financiación y a los efectos sobre la deuda autonómica que generó la crisis económica de 2008.