Perder la oportunidad de hacer algo puede suponer, en muchas ocasiones, renunciar a la posibilidad de obtener una ventaja. Pero, si hablamos de política, perder una oportunidad puede ser sinónimo de frenazo, de retroceso o lo que es peor, de perpetuar una injusticia. Esto es lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados en relación al portazo que ha recibido la proposición del PSOE desde la que empezar a acabar con la prostitución, la esclavitud del siglo XXI, analógica y digital.
En España la prostitución convive con un vacío legal importante. El Código Penal ya castiga la trata -el Gobierno de España tramita además una acertada ley específica para seguir combatiéndola- y también la explotación sexual o el proxenetismo, pero la realidad demuestra que tenemos un problema, que no es solo legal sino también social, teniendo en cuenta que somos el tercer país en el que más se recurre a la prostitución o que, según apunta la ONU, un 39 por ciento de los varones españoles han pagado por sexo.
Es evidente que frente a la prostitución hay dos caminos: el de la abolición y el de la regulación, con un común denominador que no podemos olvidar como es el de la educación sexual, tan necesaria como olvidada en España.
Aquel punto de partida de 2023
La proposición de ley planteada por el PSOE en el Congreso de los Diputados recuperaba un debate ya aparcado anteriormente y suponía una oportunidad para, desde el consenso más amplio, hacer frente a la realidad de la prostitución. Era un texto que podía ser enriquecido y enmendado por otros grupos; un punto de partida para iniciar el camino desde el que abolir la prostitución, que ya obtuvo el respaldo de PSOE y PP en 2023.
Los dos caminos son claros: el llamado modelo nórdico (Noruega, Finlandia, Reino Unido o Francia) de penalización y persecución a los clientes y a quienes ceden espacios para lucrarse con la explotación sexual, o la realidad adoptada por países como Alemania y Suiza donde la prostitución está regulada y es el Estado quien determina qué tipo de prostitución es la permitida.
Entre estas dos grandes opciones hay un sinfín de matices, de posibilidades y también de posicionamientos políticos o académicos que señalan las fortalezas de cada una de ellas, y también las debilidades. El Congreso de los Diputados debería haber optado por iniciar la tramitación parlamentaria en la búsqueda de todos estos matices y de todas y cuantas medidas deban introducirse para proteger y ofrecer alternativas a las mujeres que hoy son prostituidas, a quienes tampoco podemos olvidar. Pero hacerlo con el fin último de abolir la prostitución porque, tras el maquillaje de la mal entendida libertad individual, esconde situaciones de vulnerabilidad, pobreza y de exclusión social de las que casi nadie habla, porque son invisibles.
La libertad residual a la que se apunta desde el regulacionismo es un simple espejismo que oculta una realidad dolorosa, como es la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Mujeres que son violadas de manera sistemática a cambio de dinero y privadas de sus más elementales derechos humanos como son la libertad y la integridad.
La insoportable compraventa de los cuerpos
Ninguna política pública es perfecta y desde luego que apostar por el modelo nórdico para la abolición de la prostitución plantea muchos retos que bien podrían haberse abordado a raíz de la propuesta del PSOE, pero al margen de tecnicismos y de estudios sobre la efectividad de las normas, hay una cuestión fundamental que ninguna persona feminista debería olvidar: asumir cualquier tipo de regulación, amparada incluso en el debate sobre la seguridad de las mujeres prostituidas, lleva a abrazar una realidad odiosa e insoportable como es la compraventa de los cuerpos y la vida de las mujeres, apelando al pervertido concepto de la libertad individual.
Como bien expresa una paisana a la que admiro, Mabel Lozano, el sexo no es un derecho; es un deseo. Atacar a la prostitución por la vía de la oferta es urgente y necesario -trabajando para garantizar medidas integrales de protección y recuperación de las mujeres prostituidas- pero nada habrá que hacer si no actuamos sobre la demanda; sobre los hombres que creen tener derecho a comprar los cuerpos de las mujeres, para lo que es imprescindible avanzar en términos de educación sexual. Educarnos para querer participar en relaciones sanas como base desde la que acabar con la prostitución y con la violencia machista.
Hemos perdido la oportunidad de abrir un debate parlamentario serio en torno a la abolición de la prostitución. Confío en que cuando se detengan los relojes electorales pueda retomarse, pero quienes somos feministas no debemos olvidar que mientras el tiempo pasa, los puteros y los proxenetas se sirven de los vacíos legales existentes; que las estadísticas sobre trata son solo la punta del iceberg de toda la prostitución que existe y que la regulación, defendida por quienes apelan a la libertad individual o por quienes entienden que las mujeres prostituidas son trabajadoras a las que hay que proteger, supone asumir que somos objetos de compraventa, que podemos ser expuestas en un escaparate para que compren nuestro cuerpo.