El horizonte para la mujer del presidente del Gobierno está en los juzgados de Plaza Castilla. El próximo 18 de noviembre, Begoña Gómez tendrá que volver a acudir para “darle traslado de la querella y ser citada a declarar”, reza el nuevo auto. El juez Juan Carlos Peinado quiere informarle, presencialmente, de que, a partir de ahora, también estará bajo su lupa el software que encargó diseñar para el máster que codirigía. Le notificará los dos nuevos delitos que se le imputan: intromisión y apropiación indebida que se unen al tráfico de influencias y a la corrupción en los negocios por los que ya se le investigaba. Veremos por tercera vez desde que comenzó la instrucción de Peinado en mayo, el dispositivo de seguridad en torno a los juzgados y la expectación mediática.
De esta forma, Peinado admite a trámite una querella interpuesta por la asociación ultraderechista Hazte Oír y asume esa parte de la investigación, por la que Gómez se podría enfrentar a hasta 11 años de prisión. Un extremo que las fuentes jurídicas consultadas por Artículo14 ven poco probable -“Sería un caso extremo que se impongan los arcos superiores de las penas”-. De hecho, añaden que es “prematuro” hablar de condenas en una fase tan inicial de la instrucción.
Además, una parte de la judicatura ve “un disparate” hacer a Begoña Gómez acudir presencialmente a los juzgados de Plaza Castilla para recoger la nueva imputación y la próxima citación para declarar como investigada. Consideran que Peinado lo hace porque “le gusta el espectáculo”.
Por el momento, Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, no tiene pensado recurrir el auto de este martes. Esperará a acudir el 18 de noviembre y ver los entresijos de la nueva imputación de Peinado para preparar su recurso.
Por su parte, las acusaciones populares confirman a este periódico que ya están preparando la petición de nuevas diligencias para dar un impulso a este nuevo bloque de la investigación.
¿Qué es el caso del software?
La UCM puso en marcha un software que elaboraron gratuitamente las compañías Indra, Telefónica y Google como herramienta didáctica para la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía Begoña Gómez. Está valorado en 150.000 euros que no abonó a dichas empresas. Sin embargo, Gómez registró en la Oficina Española de Patentes la aplicación informática a su nombre y pasó a controlar el 100% de una empresa que ofrece este software y de la que la Universidad Complutense de Madrid dijo no tener conocimiento.
Gómez redactó misivas a los medios negando que se hubiera lucrado por este programa informático: “Begoña Gómez no se ha apropiado de la plataforma de la UCM, que no ha sido registrada como tal todavía por parte de la Universidad, por lo que no existe ningún documento que diga que es de su propiedad”, rezaba la misiva. En ella sostenía que el software era gratuito y que no se había comercializado. Sin embargo, la Complutense remitió un informe a Peinado alertando que no podían llegar a conclusiones sobre lo que sucedió con ese máster.
Por eso ahora Peinado quiere dirigir por ahí sus pesquisas: “La querellada, vinculada como Codirectora de la Cátedra de Trasformación Social Competitiva, a la UCM, habría inscrito a su favor, como titular de la entidad Mercantil Trasforma TSC SL. la marca TSC TRASFORMACIÓN SOCIAL COMPETITIVA, y posteriormente del Software, de la Cátedra Trasformación Social Competitiva, que había sido financiado por empresas, pero SIEMPRE PARA la Universidad Complutense de Madrid. Evidentemente, esta conducta, podría ser incardinada en el delito de Apropiación Indebida, recogido en el Artículo 253 del Código Penal”, reza el auto.
Por otro lado, le atribuye un delito de intrusismo porque considera que no era la competente para contratar a las empresas desarrolladoras del software: “La querellada, no ha acreditado, disponer de conocimientos ni facultades, para estar cualificada técnicamente, al objeto de conocer científicamente, las citadas necesidades exigidas a los licitadores, y así mismo, entre las facultades de la Codirectora del Master, no se recogen expresamente, las de elaboración de dicho Pliego de condiciones, careciendo, en principio de la condición de autoridad o funcionario, para la elaboración de dicho Pliego de condiciones, lo que, a priori, pudiera ser considerado, como una acción, contemplada en el artículo 402 del Código Penal, por lo que procede admitir la querella, también, por este delito de intrusismo Profesional”
Lo cierto es que de facto el juez Peinado ya estaba llevando por ahí su instrucción. Hace una semana llamó a declarar al jefe de los servicios jurídicos de la Complutense, Gabriel Ramón Navarro Azpiroz, el letrado que solicitó al juez que investigara una posible apropiación indebida del software. La testifical la recogerá el mismo día que tenga que ir Gómez a recoger la nueva imputación.
El magistrado abre otra pata de la investigación más reforzado que nunca con el aval de ocho magistrados de distintos órganos que han ido tumbado tanto las tres querellas por prevaricación judicial y revelación de secretos que interpusieron contra él, como el recurso de la defensa de Begoña Gómez alegando que está llevando a cabo una investigación prospectiva.