Llevamos varios arreones del mismo estilo. Tras un tiempo relegado por las cosas del comer electoral, el Consejo General del Poder Judicial y su no renovación resurgen con fuerza, el debate se encona, se trata de buscar un acercamiento y finalmente el asunto vuelve al final del montón de tareas pendientes.
El último episodio de esta serie repetitiva, que ya tiene cinco temporadas y media, promete ser uno de los más intensos y quién sabe si el definitivo. El miércoles, tras su habitual pugilato con Feijóo y Abascal en el Congreso, Pedro Sánchez salió corriendo a TVE y allí activó el temporizador de la bomba: “O hay acuerdo antes de que acabe el mes de junio o el Gobierno dará una respuesta”.
El presidente no se quedó ahí y dio pistas de sus planes para darle lija y barniz al sistema de elección de los magistrados asegurando que “el PP tiene un incentivo perverso para no renovar el CGPJ, que es la facultad que tiene esta institución para nombrar a los magistrados que van al Tribunal Supremo y a los tribunales superiores de Justicia”. El Ejecutivo baraja la posibilidad de limitar la facultad del Consejo para designar a los popes del estamento judicial. Huiría de esta forma de la otra posibilidad, una rebaja de las mayorías que anhelan sus socios parlamentarios (Sumar y Podemos, entre ellos), pero que espanta a la carrera judicial. “Esa idea es aterradora”, ha dicho esta semana el actual presidente del Consejo, Vicente Guilarte.
Fuentes del Ejecutivo quieren de momento esconder su jugada, pero dan algunas pistas. Lo primero es tratar de llegar a un acuerdo con el PP, pero la alternativa ya se está cocinando. La idea sería poner en pie un sistema de elección basado en criterios objetivos. En los nombramientos no tendría voz y voto el Gobierno, pero el CGPJ sí ostentaría algún tipo de papel, para evitar entrar en terrenos pantanosos que pudieran tumbar la reforma por anticonstitucional. Hay que recordar que la Carta Magna en su artículo 122 deja claro que nombrar jueces es una de las funciones del Consejo General del Poder Judicial.
Eso es todo lo que cuenta Moncloa a la espera de verse las caras con Esteban González Pons, el negociador designado por el PP para tratar de llegar a un acuerdo. Este miércoles, tras el ultimátum de Sánchez, un convaleciente Bolaños, penando todavía por su operación de apendicitis, le mandó un mensaje a Pons, que se tiró buena parte de la mañana sin consultar su teléfono. Una vez que vio el WhatsApp del ministro de Justicia, el vicesecretario popular corrió raudo a quejarse a Bruselas.
Ambas partes han pedido de nuevo mediación y la Comisión ya les ha dicho a populares y socialistas que, si no se lo van a tomar en serio, mejor no les llamen. El entorno de la vicepresidenta Věra Jourová ya ha dejado claro que antes de cerrar una cita, los dos grandes partidos tendrán que ofrecer una pista de despegue, una serie de acuerdos sobre los que trabajar para evitar una nueva quedad completamente infructuosa.
“No va a servir para nada”, dice uno de los ministros del Gobierno, que asume que el PP no tiene ningún interés en renovar un órgano que ahora mismo tienen cooptado los conservadores. La última renovación del CGPJ se hizo allá por 2013, cuando el Gobierno Rajoy estaba dando sus primeros pasos, ese Consejo acabó su mandato en diciembre de 2018 y desde entonces han naufragado varios acuerdos, siempre a cuenta de un PP que no está por la labor de ceder ahora que aprieta Sánchez.
En Génova siguen insistiendo en modificar el sistema de elección para quitarle protagonismo a los políticos y dárselo a los magistrados y no accederán a renovar si antes no se producen los cambios que reclaman: “Sánchez quiere asaltar el poder judicial por los problemas por su terrible agenda judicial”, sentenció Feijóo.
A pesar de este ambiente, todavía hay algunas voces tanto en el PSOE como en el PP quieren ver el vaso medio lleno, creen que finalmente se pueden encauzar las negociaciones y recuerdan que la esperanza (en la presión que pueda hacer Bruselas) es lo último que se pierde.