La coalición de Yolanda Díaz intenta rebajar la tensión interna y taponar las heridas de una crisis absolutamente inédita. El contrato para comprar balas a una empresa israelí por valor de 6,6 millones de euros que el Ministerio del Interior no contempla rescindir prendió este miércoles la mecha. E Izquierda Unida llegó a afirmar que no descartan el escenario de salir del Gobierno en el que conviven con el PSOE.
Enrique Santiago, portavoz parlamentario de IU y exsecretario de Estado de Derechos Sociales en el Ejecutivo anterior, abrió la puerta a un escenario que rechazan a Artículo14 fuentes de los tres partidos de mayor peso en la coalición: Más Madrid, los Comunes y Movimiento Sumar, el partido con menor implantación, pero que se ve representado por la vicepresidenta segunda del Gobierno.
Por primera vez, un destacado dirigente de las filas del socio minoritario (también es líder del PCE), planteaba la opción de estudiar una ruptura; abandonar el Consejo de Ministros como Izquierda Unida, o incluso como el conjunto de Sumar. Esto es, que lo hiciera la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, o que también se viera acompañada por los otros cuatro ministros de Sumar.
En lo que respecta a Sumar en su conjunto, Díaz ya había descartado esta posibilidad por la mañana. “Nosotras no contemplamos ese escenario”, “las discrepancias en el Gobierno se solucionan” zanjaron desde la Vicepresidencia Segunda. Durante la tarde, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se mostraba rotundo al desterrar este escenario.
“En ningún momento está encima de la mesa o en riesgo, ni la participación de Sumar en el Gobierno, ni la continuidad del Gobierno de coalición”, aseguró Urtasun en declaraciones a los medios de comunicación durante la celebración de Sant Jordi, en Barcelona.
Distintas formaciones reconocieron el clima de tensión en el que vivieron inmersos durante toda la jornada. También incidieron en que los Ministerios habían seguido operando con normalidad, afrontando sus tareas para preparar la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (CGSYS) que se celebra este jueves, y que sirve para avanzar el trabajo del siguiente Consejo de Ministros.
En el partido de la vicepresidenta segunda negaban que IU esté dispuesta a llevar este órdago a sus últimas consecuencias: “No se van a ir”, aseguró un dirigente de peso. Otras voces de su espacio político en el Gobierno restaron importancia a este aviso, que consideraron “un calentón” que la organización de Antonio Maíllo tendría que rectificar. Y aseguraron que las posiciones expresadas por Santiago obedecen más bien a una cuestión de equilibrio ante presiones internas que a una decisión real.
En una entrevista en la Cadena Ser, a última hora de la tarde, Maíllo tuvo que recoger cable: no desautorizó a Santiago, pero tampoco dio alas a la opción de abandonar el Ejecutivo. “No contemplamos otra opción que la cancelación [del contrato armamentístico], creo que no hay otra salida”.
“Nosotros queremos mantener el Gobierno de España”, abundó, pero el “claro incumplimiento” de lo pactado por parte del PSOE “tiene que rectificarse para una mejor salud del propio Gobierno”. Dirigió todos sus focos sobre el socio mayoritario, y más concretamente sobre el Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al que exigió que dimita “si decide no rectificar”.
Evitó incluso considerar si Díaz se había mostrado excesivamente tibia con sus declaraciones. En privado, otros dirigentes sí expresaban esta opinión. “La crisis de gobierno que se ha abierto es responsabilidad exclusiva del PSOE, que ha tomado decisiones unilaterales en el seno del Ejecutivo”, insistieron poco después fuentes de IU. El órdago se había desinflado. Y ni siquiera se había comunicado cuando tendrá lugar la reunión de la mesa de partidos de Sumar que Santiago había reclamado de forma “urgente”.
El contexto: un contrato que Interior no ha querido anular
Venían de un Consejo de Ministros en el que aprobaron disparar en 10.471 millones el gasto en defensa y en seguridad, con casi 2.000 millones destinados a la adquisición de armamento. Pedro Sánchez había reducido públicamente a meros “matices” sus diferencias. Y la Vicepresidencia Segunda había pasado de plantear observaciones en el Consejo de Ministros, exigiendo la retirada del plan de Sánchez, el martes, a afirmar durante la mañana del miércoles que “la coalición goza de muy buena salud”.
En términos similares se había expresado un día antes la ministra de Sanidad, Mónica García (Más Madrid). Y entonces se conoció que, pese al compromiso del Gobierno de romper lazos comerciales con Israel en lo que al armamento se refiere, Interior había decidido mantener este contrato con Guardian Defense & Homeland Security S.A para adquirir 15 millones de balas para la guardia civil por un importe de 6.642.900 euros.
Fuentes del ala de Sumar en el Ejecutivo abundan que, ante la situación internacional, la guerra arancelaria de Donald Trump o los planes de rearme de la UE, el “lío” es de tal calibre que “no se puede” poner el foco en las cuestiones internas. “Estamos en que el país no se caiga”.
Aseguraron que, a pesar de las palabras de Interior, en el lado socialista sí se contempla anular este contrato. “Aunque perdamos dinero”, sostienen. Reconocen que esos 6,6 millones son una minucia comparados con las cifras astronómicas aprobadas un día antes sin pasar por el Congreso de los Diputados. Y sin negociarlas con los socios parlamentarios o con la oposición.
Pero la iniciativa de comprar armas “mientras Israel perpetra un genocidio en Gaza” tiene un enorme poder simbólico que ha indignado a buena parte de su espacio político. Las fuerzas de Sumar piden a Marlaska que comparezca y explique su decisión, y Los Comunes exigen “establecer por ley” un embargo de armas a Israel.
Interior justificó su decisión amparándose en un informe en el que la Abogacía del Estado expresaba serias dudas. Con los trámites ya avanzados, alertaron de que podrían verse obligados a pagar una indemnización a la empresa en el caso de desistir.
“El Ministerio del Interior, pese a este episodio, comparte el compromiso del Gobierno español de no vender o comprar armamento al Estado israelí adquirido desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza”, reza el comunicado remitido por el departamento de Marlaska. La izquierda alternativa no ha dejado de convulsionar en toda la jornada.