El tema de la vivienda es el elefante en la habitación para el Ejecutivo, para los gobiernos autonómicos y para muchos españoles que buscan comprar o alquilar un espacio habitable en el que vivir. Este jueves se reunió, por cuarta vez, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, con los consejeros de vivienda de las comunidades autónomas. El asunto que les emplazaba era hablar del nuevo Plan Estatal de Vivienda. Pero el preámbulo de la cita venía lleno de polémicas así que otro de los retos de la ministra fue “bajar el tono y trabajar conjuntamente”, según las fuentes consultadas. Objetivo que, según confirman desde el ministerio, Rodríguez cumplió.
La ministra disparó todas las alarmas de los presidentes populares la semana pasada cuando amagó con quitar fondos a las comunidades “insumisas” que no estén cumpliendo la ley de vivienda estatal. “No puedo tratar por igual a aquel que está cumpliendo con la ley, que está haciendo esfuerzos y dando respuesta a sus conciudadanos, que a quien, por atacar al Gobierno, se muestra insumiso”, advirtió la ministra en TVE. Se refería Rodríguez a aquellas comunidades, la mayoría gobernadas por el PP, que se niegan a declarar zonas de mercado tensionado en sus territorios. La declaración de estas áreas permite poner en marcha un mecanismo para limitar el precio de los alquileres. Pero este planteamiento no gusta al PP por considerarlo “intervencionista”, y por eso no lo aplican en sus comunidades.
Los barones populares se alarmaron ante la amenaza y materializaron su malestar justo este jueves en un manifiesto que publicaron horas antes de sentarse con la ministra en la conferencia sectorial. El documento fue firmado por todas las autonomías del PP. En él tildaron las declaraciones de Rodríguez de “chantaje” y se negaron a admitir una regulación en los precios de alquiler. Denunciaron que la ministra “tiene la obligación de repartir de forma equitativa los recursos públicos” porque no hacerlo “supondría un quebrantamiento del ordenamiento jurídico”. Además, criticaron que la advertencia de Rodríguez supondría “un reparto desigual de los fondos procedentes de los impuestos de todos los españoles, condicionándolos a un posicionamiento político, de una ideología concreta”.
Por ello, Rodríguez, antes de comenzar la reunión, ya matizó sus palabras: “No se trata de castigar a las insumisas quitándoles fondos, pero sí premiar a las que lo están haciendo bien”, señaló. En este sentido, fuentes del ministerio consultadas por articulo 14 aclaran: “No se premiará. Se tomarán medidas extraordinarias en aquellas CCAA que sí están dando una respuesta”. Las citadas fuentes hacen referencia al Artículo 18 de la ley de vivienda que habla de “medidas extraordinarias” para las zonas tensionadas. Es decir, el ministerio ni castigará ni premiará a ninguna región.
La ministra no prometió beneficios extraordinarios para aquellas autonomías que declaren zonas tensionadas, simplemente, según indican las fuentes, se seguirá aplicando la ley en aquellas comunidades que decidan aplicarla. “Esta ley permite que podamos bajar un 5% los precios, beneficiando a las familias, jóvenes y que los propietarios puedan tener bonificaciones de hasta un 90%. ¿Por qué no lo hacemos? Yo no lo entiendo”, aseveró la ministra.
Errejón, crítico con la ministra
A efectos prácticos, lo que dijo la ministra de “premiar” a algunas comunidades no tendrá ninguna repercusión. Pero a Sumar le dio lugar a reproche. Su portavoz en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, se refirió a las palabras de Rodríguez de forma muy crítica: “Este es otro despropósito. La Ley de vivienda debe cumplirse. Los gobiernos del PP la están boicoteando y hay que torcerles el brazo para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. Es un clamor social”, sentenció Errejón que admite tener enromes diferencias con el PSOE en materia de vivienda.
Tal y como publicó este periódico, los de Yolanda Díaz llevan semanas apretando al PSOE con el tema de la vivienda y han conseguido que Rodríguez protagonice un pleno monográfico en el Congreso de los Diputados, aunque no hay fecha concreta.
“Avances generales”
Más allá de la trifulca, en el orden del día de la reunión lo primordial era abordar el nuevo Plan Estatal de vivienda, y las fuentes consultadas confirman que ha habido avances en “criterios generales”. El tema se abordará de nuevo en la próxima reunión de la multilateral que esta vez convocará a los directores generales de las CCAA y a al Ministerio. Por el momento, el objetivo es evaluar el plan actual y elaborar un diagnóstico que sirva de base para el siguiente: “Es fundamental consolidar y proteger, no desamortizar, un parque público de vivienda que nos garantice que, cada vez que se produce un crecimiento de población, que cada vez que se puedan alterar los mercados, haya un sistema público que protege a los españoles”, resumió la ministra.
En la reunión se acordó también repartir 200 millones de euros a las comunidades en concepto de bono alquiler joven. Una ayuda que trata de ayudar a la emancipación de los jóvenes con 250 euros al mes durante dos años para los menores de 35 años que cumplan determinados requisitos. Tenían pensado ampliarlo pero ante la falta de presupuestos se queda esta cuantía repartida de la igual forma que en las anteriores convocatorias: Andalucía recibirá 34,2 millones de euros; Aragón, 7,6 millones; Asturias, 6,6 millones; Baleares, 4,8 millones; Canarias, 10,6 millones; Cantabria, 3,8 millones; Castilla y León, 10,8 millones; Castilla la Mancha, 8 millones; Cataluña, 29 millones; Extremadura, 6 millones; Galicia, 11,4 millones; La Rioja, 3,4 millones; Madrid, 31,8 millones; Murcia, 8,8 millones; C. Valenciana, 22,8 millones; Ceuta, 200.000 euros; y, Melilla, 200.000 euros.