Hay “abogados sin escrúpulos” que recomiendan a sus clientes presentar falsas de anuncias de abusos sexuales a sus hijos; existe un supuesto chorreo de denuncias fraudulentas y hasta “organizaciones criminales, dedicadas exclusivamente a la interposición de denuncias falsas por violencia de género”.
Los entrecomillados se extraen del informe del nuevo pacto de Estado contra la violencia machista, que este lunes recibirá el aval de la comisión correspondiente en el Congreso de los Diputados, y al que ha accedido Artículo 14. El texto recoge las nuevas 462 medidas, y sintetiza decenas de declaraciones a puerta de cerrada, también de tres comparecientes llamados por Vox, en el marco de la subcomisión que ha trabajado desde el último año para renovar este acuerdo.
La subcomisión del pacto de Estado contra la violencia machista es una suerte de oasis en la batalla política casi permanente entre las distintas fuerzas con representación en la Cámara Baja. Todas, menos Vox, que no avaló remitir el informe a la comisión. Y que ha sido señalado por el resto de formaciones por su voluntad de “boicotear” la renovación del pacto.
A la espera de que la comisión aborde públicamente las 462 medidas que contiene, en el informe se recogen las aportaciones más destacadas de los 45 comparecientes llamados por los grupos políticos para realizar aportaciones.
Entre ellos hay jueces, abogados, políticos con experiencia en la gestión, policías… y otros comparecientes, añadidos por el partido de Santiago Abascal, que enarbolan algunos de los dogmas favoritos del partido contra la violencia machista: equipararla con la violencia doméstica, cuestionar la constitucionalidad de la ley contra la violencia de género -ya avalada por el Tribunal Constitucional-, o aludir a las denuncias falsas (el 0,001% en 2023, según la memoria de la Fiscalía General del Estado).
Suicidios, falsos abusos sexuales y el SAP
En el listado de comparecencias celebradas a propuesta de Vox en esta legislatura se recoge una con algo más de contenido, de una abogada especializada en Derecho Procesal Penal, celebrada en septiembre de 2024. B.M.G.M se centró en su experiencia profesional en el día a día como letrada en un juzgado de violencia de género, y “manifestó sus dudas” sobre la constitucionalidad de la ley contra la violencia machista de 2004.
También se refirió a la “indefensión de las víctimas” en parejas del mismo sexo, que quedan fuera de la aplicación de esta norma. En lo que toca a parejas que sí entran en la cobertura de la ley, señaló que “se han encontrado casos en los que hay procesos de rupturas en los cuales hay faltas de respeto mutuas y casos en los que se abusa del sistema, describiendo varias experiencias en este sentido”. Algunas de estas tesis van en la línea que defiende Vox, y en la línea contraria al espíritu del pacto.
Sin embargo, del trabajo rescatado de anterior legislatura emergieron otras dos comparecencias de personas vinculadas a una asociación que quiere “visibilizar a las víctimas de violencia doméstica”. Y ambas fueron citadas a petición de Vox, según confirman fuentes parlamentarias.
La primera, P.D.E, mujer “víctima de violencia doméstica”, describió a su actual marido como “perjudicado por las leyes de género”. Puso énfasis en la “necesidad de mejorar la asistencia a las víctimas, de un buen uso del dinero público y evitar las denuncias falsas”.
Del segundo, vicepresidente de la asociación en cuestión, sólo se incluyeron como aportaciones concretas dos frases: “Igualdad ante la Ley” y “control de las denuncias falsas”. El compareciente, J.M.I, afirmó que en su proceso de divorcio “se ha visto perjudicado por las sucesivas actuaciones de su exmujer, que le impide o dificulta el contacto con sus tres hijos”.
“Declaró que las denuncias falsas existen y que con las leyes de género actualmente vigentes se destruye a un gran número de familias”, recoge el informe. Por otra parte, “manifestó que se utiliza el dinero público para destrozar la vida de muchos hombres”. Incluso “manifestó que su experiencia personal demuestra que existen lo que denominó organizaciones criminales, dedicadas exclusivamente a la interposición de denuncias falsas por violencia de género”, siempre según el informe.
También “condenó” las políticas del Ministerio de Igualdad, “cuestionó la cifra oficial del 0,01 % de denuncias falsas”, y afirmó que existe “asimetría penal”, que los hombres “padecen de un Derecho Penal específico, que les arrebata la presunción de inocencia”.
Por su parte, P.D.E. destacó que en otros países “es reconocido” el SAP (síndrome de alienación parental). El pacto afirma que “el SAP carece de base científica y está excluido de los catálogos de enfermedades científicamente reconocidas, por lo que será inadmisible como acusación de una parte contra la otra”.
En esa línea, vinculó los suicidios de hombres en trámite de divorcio con las denuncias falsas. “En un 71 % de los casos estaban atravesando devastadores procesos de divorcio, algunos con denuncias falsas”. También se refirió a “la alarmante cifra de suicidios de menores de 15 años, la mayoría procedentes de familias monoparentales”, y criticó la partida presupuestaria destinada por Igualdad a una campaña contra la gordofobia.
Hasta aseguró que “en muchos casos se producen denuncias de abusos sexuales a los hijos que son recomendadas por abogados sin escrúpulos, como demuestra el hecho de que en el 90 % de los casos se acaba declarando la inocencia de los acusados”.
“También denunció que se dé prioridad al hecho de que los niños de 10 años experimenten con su cuerpo y decidan tener relaciones sexuales con adultos, lo cual, a su juicio, normaliza la pederastia. Entiende que es preferible dejar que los menores comiencen a conocerse sexualmente ellos solos en el momento correcto de maduración”, recoge el informe.
Mientras tanto, los comparecientes reclamados por el resto de partidos realizaron aportaciones al nuevo pacto. En común tienen haber alcanzado un acuerdo entre todos, pero también su rechazo a la estrategia “negacionista” y de “boicot” de Vox en un órgano de trabajo de la Cámara Baja.