El Tribunal Constitucional cuenta con mayoría progresista desde finales de 2022. Desde su renovación, el Alto Tribunal ha emitido resoluciones sobre temas muy polémicos con bastante facilidad. Esa mayoría progresista ha fallado a favor de leyes recurridas por las formaciones de centroderecha como la ley de eutanasia, la ley de educación (la conocida como ley Celáa) o la ley del aborto.
El Alto Tribunal está compuesto por doce magistrados, pero hasta el acuerdo de este martes lo formaban solo once. El magistrado conservador Alfredo Montoya renunció a su cargo en 2022 y no se había cubierto la plaza porque el nuevo candidato necesitaba de una mayoría de tres quintos en el Senado. Es decir, necesitaba del consenso entre los dos partidos mayoritarios. Un acuerdo que llegó este martes junto con la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
PP y PSOE acordaron que fuera José María Macias, hasta hora vocal del CGPJ, el designado para ocupar esa silla número doce. Macías lleva en la carrera judicial 34 años. Desde 2015 es vocal del CGPJ y es un perfil muy crítico con las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez. Recientemente criticó la actuación del Gobierno con la publicación de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso: “Una información, primero, que no podía tener, y segundo, que, si la tiene, no la podía revelar”, aseveró Macías apuntando a un posible delito de revelación de secretos.
Además, se mostró en contra de la ley de amnistía desde el principio de su planteamiento: “El hecho es grave por sí mismo, por lo que implica de ruptura del marco constitucional y el manifiesto desprecio al consenso constitucional que esto supone”, sentenció el magistrado.
Esta cuestión es clave ya que la dirección nacional del PP y las comunidades autónomas con presidentes populares anunciaron que presentarían recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Consideran en el PP que la medida de gracia a los líderes independentistas que borra delitos ya sentenciados “quiebra” la igualdad entre los españoles.
Macías puede ser clave cuando lleguen las deliberaciones sobre la amnistía porque dos de los magistrados progresistas: el exministro, Juan Carlos Campo, y la exasesora de Moncloa, Laura Díez, podrían tener que abstenerse por sus vinculaciones pasadas con gobiernos de Pedro Sánchez. De hecho, el PP ya dijo que si no se abstenían por voluntad propia, pedirían la recusación de los dos magistrados.
Restando dos magistrados al bloque progresista, las mayorías quedaría 5 a 5 y, según fuentes jurídicas consultados por Artículo 14, esto “alimentará el debate y la controversia” en el seno del Constitucional. Aunque dichas fuentes recuerdan que, en caso de empate, el voto de calidad lo tiene el presidente, Cándido Conde- Pumpido, del ala progresista.
Díez y Campo ya se han abstenido en diversas cuestiones por sus anteriores cargos en Moncloa. Díez se abstuvo en el recurso contra la normativa catalana para sortear el mínimo del 25% de español en enseñanza. Y Campo hizo lo propio en las primeras deliberaciones sobre la ley de amnistía cuando varios particulares presentaron recursos de amparo sobre la admisión a trámite de la norma. Lo hizo así porque fue el propio Campo como ministro de Justicia quien tramitó los indultos para el independentismo.
Las fuentes consultadas por articulo 14 consideran que “no necesariamente” tendrían que abstenerse porque según el artículo 219 de la Ley del Poder Judicial solo deberían hacerlo de haber participado “directa o indirectamente en el asunto objeto de la causa”. Incluso el propio Macías apunta en declaraciones a Articulo 14 “que le podrían recusar a él” por su valoración de la ley de amnistía en el Senado.
“Visto lo visto puede pasar cualquier cosa”, admiten fuentes jurídicas consultadas por este periódico que admiten que el peso del bloque conservador aumenta con la llegada de Macías a un Tribunal Constitucional que hasta ahora se movía cómodo con su holgada mayoría progresista.