Movimientos en el Tribunal Constitucional que podrían favorecer el regreso de Carles Puigdemont, fugado de la Justicia, a España. Este martes, el órgano admitió a trámite los recursos de amparo presentados por el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y por los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa. Consideran que en ellos “concurre una especial trascendencia constitucional”.
Los líderes independentistas recurrieron la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiarlos porque consideró que el tipo de malversación que cometieron supuso beneficio personal, ya que para promover sus objetivos políticos usaron recursos públicos. El Alto Tribunal arguyó que la ley de amnistía pactada entre PSOE y Junts dejaba fuera “expresamente” la malversación en la que mediara ese lucro personal, por tanto rechazó limpiar el historial delictivo de estos líderes del proces, que acudieron en última instancia al Constitucional.
Ahora el Tribunal de Garantías considera que “los asuntos suscitados trascienden del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales“. Tanto es así, que en el Supremo piensan que la resolución podría tener consecuencia directa en el estatus de Puigdemont, que todavía no ha podido recurrir al Tribunal Constitucional el rechazo del Supremo a aplicarle la amnistía.
“Según la doctrina jurídica que proclamen, puede ser extensible a su caso y entonces el juez Llarena estaría obligado a quitar su orden de detención y que pudiera volver al día siguiente”, aseguran fuentes autorizadas del Alto Tribunal a Artículo14. Por tanto, es de extrema relevancia lo que decida el órgano de garantías con respecto al amparo del resto de líderes.
Pablo Llarena, el magistrado que mantiene la orden de detención de Puigdemont, se pronunció este martes y auguró que el recurso “tendría poco recorrido”.
La mano de Pumpido
En el Constitucional ya hay magistrados designados para decidir sobre los amparos solicitados. Ambos afines al sector progresista, por tanto cercanos a las tesis del Gobierno, que formuló la ley. Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal decidirá sobre el caso de Bassa mientras que César Tolosa lo hará sobre la amnistía de Junqueras y Romeva.
Los recurrentes argumentaron en sus recursos presentados el año pasado que el Supremo vulneró su derecho a la legalidad penal. Por ello, van más allá y solicitan que, mientras el Constitucional decide, se les aplique una medida cautelar que anule temporalmente sus penas. Argumentan que la ley de amnistía está en vigor y, por tanto, han de gozar de presunción de constitucionalidad. En cuanto a esta solicitud, el Tribunal ha abierto una pieza separada para que se pronuncien las partes.
No obstante, no está previsto que el Tribunal Constitucional resuelva estos amparos hasta que no estudie el recurso del PP contra la ley de amnistía, el primero que llegó al órgano y al que siguieron los presentados por todas las comunidades autónomas. En él, ya trabaja un grupo de seis letrados coordinado por Inmaculada Montalbán, también de corte progresista.
Montalbán será la encargada de la redacción de la sentencia tras la recusación de José María Macías, que quedó apartado de esta decisión por haber apoyado dos informes en 2023 contra la ley cuando ocupaba un sillón en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Apartar a Macías tiene un efecto directo en las proporciones del Tribunal que dejan en minoría la parte conservadora, la que más reticencias muestra a la ley de amnistía.
Cabe recordar que Montalbán fue la ponente en la sentencia del caso de los ERE, que dejó sin efecto las penas por malversación de los líderes socialistas andaluces tras el fraude de las ayudas sociolaborales. Anuló casi en la totalidad las penas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán y rebajó las penas de otros 6 exaltos cargos sentenciados. En dos meses, el grupo de letrados liderados por Montalbán tendrán que tener preparada una ponencia.