La defensa de Elisa Mouliáa critica que Íñigo Errejón haya presentado un recurso por el auto en el que el juez Adolfo Carretero solicitaba que se “analicen los terminales informáticos de la denunciante y del denunciado al efecto de aclarar y certificar todas las cuestiones solicitadas”. En una nota de prensa emitida por el bufete de abogados que representa a la presunta víctima apuntan a “la hipocresía de Errejón y su defensa”. Porque aseguran que “fueron los primeros en hacer públicos que Mouliáa y nuestro equipo se negó a facilitar documentaciones cuando toda la información ha sido aportada y cuando es Íñigo quien se negó a aportar información”. Se refieren a que la abogada del ex político presentó un escrito acusando a la actriz de obstruir el proceso.
El volcado de móvil de Errejón lo pidió la acusación popular que ejerce la asociación ADIVE a través del abogado Jorge Piedrafita. Justificó la diligencia porque consideró que librar oficio a la Unidad Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional o en su defecto a la Brigada de Investigación Tecnológica podía aportar información sobre “la autenticidad de los pantallazos de las conversaciones aportadas por la defensa”. Además, pedía el clonado de los terminales de denunciante e investigada para “intentar certificar la posibilidad de recuperar las conversaciones borradas en las distintas herramientas de comunicación”.
Errejón quiere impedir a toda costa este volcado. Su abogada considera que “la motivación y justificación de su pertinencia, necesidad y utilidad a la presente investigación son nulas” y añade: “Es desproporcionada, innecesaria e invasiva del derecho fundamental a la intimidad que ampara a mi representado”. Cree que con el acta notarial que quieren aportar es suficiente para dilucidar el intercambio de mensajes entre Mouliáa y Errejón: “Dicha acta notarial tiene el mismo valor que si se hubiera realizado una diligencia de cotejo de esa conversación ante la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ)”, alega la abogada del ex político.
Mientras el juez Adolfo Carretero da nuevos pasos en la investigación para determinar si Errejón agredió sexualmente a la actriz, las defensas de denunciante y acusado se han enredado en una batalla de escritos y recursos. Hace unas semanas Íñigo Errejón presentó un escrito en el que se acusaba a la actriz de “obstruir a la justicia” por no presentar los papeles que le requirió el juez Adolfo Carretero. En respuesta, la defensa de la actriz presentó otro escrito. El abogado negó esta actitud en su defendida y alegó que presentaron un recurso para revocar parte de las pruebas que aún no está resuelto, por lo que tienen derecho a esperar a su resolución.
En concreto, en el recurso, el abogado de la actriz Alfredo Arrien se opuso a aportar los informes psiquiátricos de la actriz porque consideró que la prueba era “innecesaria e improcedente” y viola la intimidad de la actriz y el secreto médico dado que la aportación al proceso de todos los “informes médicos psiquiátricos de Doña. Elisa supondría desvelar otros motivos que no guardan relación con la presente causa, que esta hubiera podido tratar con su terapeuta”, argumentaba en el escrito. Por eso, se ofrecía a aportar un informe pericial para no tener que aportar los informes íntegros.
Tras esto, Errejón reprochó a Mouliaá que “no facilita ningún tipo de dato” y pedía al juez un “apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia (…) Parece que la denunciante es la última interesada en que se desentrañe qué ocurrió realmente esa noche”, se quejaba en el escrito.
Además, afeó que la decisión de la actriz de no aportar los informes médicos: “Es decir, se hurta al instructor, a la Fiscalía y, en particular, a esta defensa, disponer de la documentación médica que, entre otros extremos, podría dar lugar a la emisión de una contrapericial“, señaló en el escrito. Y añadió: “Recordemos que fue la señora Mouliaá la que, novedosamente, introdujo en su declaración judicial que sufrió una depresión como consecuencia de los hechos denunciados, (…) por lo que, para que se verifique lo anterior y se determine la eventual relación de causalidad, debe aportar, necesariamente, todos los informes psiquiátricos que obren en su poder desde 2022 hasta la actualidad”.