Las dos alas del Gobierno de coalición irán al choque en el Congreso de los Diputados a cuenta del IPRF de los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI). Se trata de uno de los enfrentamientos que más han crispado a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y en los próximos días el enfrentamiento se trasladará a la Mesa del Congreso de los Diputados.
El pulso, hasta ahora, lo tenía ganado Montero, que tras la última subida del SMI decidió no incrementar el umbral para que parte de los trabajadores que lo cobran no tengan que tributar. Sumar, PP y Podemos registraron sendas iniciativas en la Cámara Baja para modificar este suelo tributario, y ahora Montero está dispuesta a jugar sus cartas para bloquearlas.
Fuentes de la parte socialista del Ejecutivo confirman que ejercerán su derecho al veto por motivo presupuestario, ya que las proposiciones de ley (PLs) de estos grupos supondrían una merma en la recaudación.
Y, a la vez, en el lado de Sumar en el Gobierno también afirman que votarán a favor de levantar este veto en la Mesa, sumando sus votos a los del Partido Popular. Fuentes parlamentarias apuntan a que el plazo para vetar las proposiciones de ley se cumplirá la semana que viene, el viernes 28 de marzo.
No aclaran si esta cuestión se abordará en la reunión del órgano de gobierno de la Cámara Baja prevista para el próximo martes, pero dan por hecho que el PP unirá sus votos a los del socio minoritario del Ejecutivo para neutralizar el veto.
Pese a las varias desavenencias que han marcado el día a día de la coalición, será la primera vez que se produzca un choque de esta magnitud. Que Moncloa pulse el botón para bloquear iniciativas en la propia Mesa, y que el grupo parlamentario de uno de los socios una sus votos a los del PP para contrarrestarlo.
Oficialmente, la intención de Sumar es forzar una negociación que, hasta la fecha, Hacienda no ha contemplado. El Gobierno incrementó el SMI en 50 euros este 2025, pero Montero decidió no modificar el umbral de tributación, como había hecho con anteriores subidas del salario mínimo.
En las filas de Díaz están convencidos de que los trabajadores que cobran el SMI (1.184 euros brutos al mes, en 14 pagas), no deben aún afrontar el pago del IRPF. Y en la parte socialista, aunque inicialmente se cuestionara la estrategia de Montero, han cerrado filas afirmando que ésta es una competencia de Hacienda. Las dos partes están dispuestas a servirse de todas las herramientas de las que disponen para imponerse a la contraria.