El Gobierno llevará al Senado al Constitucional

Una parte cada vez más importante de la legislatura se decide fuera del Parlamento, y más concretamente en las dependencias del Tribunal Constitucional. La semana pasada, el Gobierno dio el primer paso para presentar un conflicto de atribuciones contra el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, al requerir a la Cámara Baja que revoque las resoluciones que rechazaron el veto presupuestario, que el Ejecutivo quería ejercer sobre varias enmiendas al proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

Esto, en el TC. Porque en la Mesa del Congreso, y después en el pleno, se libró un nuevo combate entre el Gobierno y el PP, que culminó con las protestas de los diputados populares. Y con la Cámara Baja aprobando la ley sin esas 9 enmiendas.

El Ejecutivo no lo comunicó, pero fuentes de la coalición confirman a Artículo14 que ha activado este resorte. En el plazo máximo de un mes, en función de la respuesta del Senado, le permitirá plantear un conflicto ante el Tribunal de Garantías. Y escalar aún más el enfrentamiento con la Cámara Alta.

Este mecanismo, como reconocen distintas fuentes parlamentarias, es extrapolable a otro de los grandes pulsos políticos del momento, que se libra a la interna de la coalición, entre sus dos almas. Esta semana expira el plazo para que el Gobierno use el mismo precepto constitucional que empleó con las enmiendas del PP, para vetar por su impacto presupuestario las tres proposiciones de ley que piden elevar el umbral salarial exento de IRPF para que, tras la nueva subida del salario mínimo (SMI), quienes lo cobran no tengan que tributar por renta.

En Sumar reconocieron la semana pasada que temen que el ministerio de Hacienda aún cuente con herramientas para blindar su criterio. Están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en este pulso, como aseguran en público y en privado, lo que supondría unir sus votos a los del PP para anular el veto. Y esta fórmula puede servir a Hacienda para imponerse, nuevamente, amparándose en su veto presupuestario.

“Viable es”, reconocen fuentes de la dirección socialista. “Distinto es que se haga o no”, abundan. La decisión política corresponde a la parte mayoritaria del Gobierno, que puede decidir si entrar o no en esta disputa con el Congreso, siempre después de que sus socios muevan ficha en la Mesa.

Sumar repite que quiere sentarse a negociar con María Jesús Montero, vicepresidenta primera y titular de Hacienda, buscar una salida menos dolorosa a este conflicto. Pero insiste en que si hay que votar con el PP para torcer el brazo a Montero, lo harán.

De hecho, el último barómetro del CIS, correspondiente al mes de marzo, recoge la primera subida de Sumar en meses, y apunta a que a Yolanda Díaz le sienta bien diferenciarse de los socialistas entre sus potenciales votantes. Otra cosa es que una parte del Ejecutivo lleve a otra al Tribunal Constitucional, un escenario nunca visto.

Los pulsos jurídicos con el Senado, por contra, son más habituales. La semana pasada, el Tribunal de Garantías, en el que los magistrados considerados progresistas son mayoría, ya tumbó la reforma del Reglamento de la Cámara Alta que había impulsado el PP para frenar la ley de amnistía.

Esta herramienta en concreto no es de uso exclusivo del Ejecutivo: el PP la invocó y posteriormente retiró el conflicto precisamente a cuenta de la ley de amnistía. Y aprobó mantenerlo en un pleno del Senado, en febrero, a cuenta de una serie de modificaciones en la ley de eficiencia del sistema público de Justicia.

El Consejo de Ministros de hace dos semanas rechazó el requerimiento planteado por la Cámara Alta, por lo que el PP tiene en su mano dar más pasos en el Tribunal de Garantías. Desde la Cámara Alta confirman que están a tiempo de recurrir al Constitucional, y apuntan que también presentaron un recurso administrativo.

Una “cortina de humo”

Fuentes jurídicas de la Cámara Baja sostienen que la decisión del Ejecutivo de acudir al TC contra el Senado es “una cortina de humo”, “coartada por la relevancia penal de lo que han hecho” . “Es demasiado tarde”, explicaron.

En la Cámara Baja justifican la decisión de la Mesa de aplicar el veto a esas enmiendas, y por tanto de no permitir su votación, amparándose en un informe elaborado por al Abogacía del Estado. “Lo que no puede suceder es que se imposibilite al Gobierno ejercer su derecho constitucional”.

“Es la primera vez que va un veto del Gobierno y en Senado dice que no”, insistieron. Letrados de la Cámara sostienen que el pleno debería haber votado estas enmiendas, y la artimética parlamentaria alumbra que los partidos del Ejecutivo habrían perdido algunas votaciones. El pulso a cuenta de esta materia aún no ha concluido.

Sánchez, en manos de Junts para esquivar una decisión del propio Junts

Por otro lado, este martes se debatirá y votará la toma en consideración de una proposición de ley prácticamente idéntica a otra iniciativa que el Ejecutivo ha dejado caer pese a lo avanzado de su tramitación. Retiraron el proyecto de ley para regular los derechos de emisión de gases de efecto invernadero tras el pacto entre Junts y el PP, en comisión, para introducir una enmienda que habría dinamitado el impuesto a la producción eléctrica.

El Gobierno perdió esta votación por la ausencia de uno de los diputados socialistas, en diciembre, y ahora vuelve a quedar en manos de Junts para reiniciar su tránsito por el Congreso. Vista la derrota infligida por el PP y los diputados de Carles Puigdemont el pasado jueves, cuando tumbaron sin previo aviso la Agencia Estatal de Salud Pública que habían avalado una semana antes, el Ejecutivo vivirá este martes una nueva jornada de nervios en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.