La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este martes que la aplicación del acuerdo con ERC, que según los republicanos supondría establecer un concierto económico en Cataluña, dependerá de la Generalitat y su capacidad para asumir las tareas que implica el mismo.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes en La Moncloa, Montero ha asegurado que cumplirán “íntegramente” el pacto y, al ser cuestionada sobre el calendario, respondió que no depende únicamente del Gobierno Central sino de la Generalitat y su “capacidad de absorber y de asumir las tareas que se contemplan dentro del propio acuerdo”, apunta.
La número dos del Ejecutivo señala además que tienen previstas reuniones con el Ejecutivo catalán para fijar su “disponibilidad” a la hora de asumir esas “nuevas tareas que les corresponden” según fija el pacto firmado entre el PSOE y los republicanos.
Además, ha pedido aplicar “una mirada distinta” sobre la financiación de comunidades autónomas y sobre el acuerdo suscrito con ERC, que el Gobierno todavía no ha explicado al detalle. Así, ha pedido que les dejen trabajar y ha reiterado que tienen por delante reuniones con la Generalitat para desplegar la aplicación del acuerdo.
Montero también ha cargado contra el Partido Popular al señalar que “ojalá” se quisieran sentar a hablar sobre financiación autonómica y ha tildado de “ocurrencia” la propuesta presentada por los de Alberto Núñez Feijóo para que 18.000 millones del plan de recuperación se transfieran a las CCAA “a fondo perdido”, según ha criticado la ministra.
“No sé si es ignorancia o si es que intentan engañar a alguien, pero saben ustedes perfectamente que el dinero del fondo de recuperación está vinculado al impulso de reforma. No lo puede uno gastar en lo que uno quiere, como quiere, a fondo perdido”, ha reprochado Montero que considera “un despropósito” la propuesta. Finalmente ha puesto en duda que el PP quiera llevar a cabo una reforma del sistema de financiación y considera que su posición lleva al “inmovilismo” porque, añade, “no tiene liderazgo en los territorios donde gobierna”. Por tanto considera “obligatorio” que el Gobierno “intente explorar miradas que permitan el avance”.